La División de Robos a Bancos y Fraude a Instituciones Bancarias espera por un referido del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de otro caso de fraude con fondos federales de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, en inglés), que en esta ocasión podría involucrar a estudiantes de un colegio privado.

El teniente José Ayala, director de la división indicó que ayer personal de seguridad de la agencia se comunicó a su oficina para darle conocimiento de la denuncia que presuntamente podría involucrar a decenas de adolescentes de un colegio en Río Piedras en un esquema del cual dijo que no posee datos precisos ya que no se ha radicado ni tan siquiera una querella formal al respecto.

“El Departamento del Trabajo me dio conocimiento ayer y estamos esperando que hoy se comuniquen para buscar el referido y empezar a investigar como tal”, sostuvo Ayala.

El funcionario dijo que una vez puedan evaluar las alegaciones tendrá que consultar con un fiscal para que les indique el tipo de documentos que tienen que tramitar mediante una orden judicial como parte de la cadena de evidencia.

La información que ha circulado indica que una mujer llegó a las oficinas centrales de la agencia para entregar un cheque del PUA que le había llegado por el correo a su hijo menor de edad tras presuntamente hacerse una reclamación a su nombre con una fecha de nacimiento diferente la cual fue aprobada.

Según información divulgada por Jay Fonseca, los jóvenes son estudiantes del Colegio San Ignacio de Loyola, nunca han trabajado y les llegaron cheques entre $7,000 a $9,000 que fueron cambiados.

Reacciona San Ignacio

Hoy,el Colegio San Ignacio de Loyola indicó que durante la tarde de ayer, por medio de la prensa, advino en conocimiento de alegaciones serias sobre la supuesta actuación de algunos estudiantes del Colegio.

“Este tipo de actuación, de tener mérito, es inaceptable y está reñida con los valores morales y éticos que vivimos e inculcamos en nuestros estudiantes. El Colegio San Ignacio tiene cero tolerancia con la comisión de cualquier delito y, de resultar ciertas las alegaciones, se tomarán las más serias sanciones disciplinarias”, expresó la institución.

“Hasta el momento, no hemos recibido ninguna solicitud de información de parte de las autoridades de ley y orden. No obstante, el Colegio será proactivo y cooperará con cualquier investigación para esclarecer este asunto, cumpliendo con el debido proceso de ley. Hacemos un llamado a la prudencia para que se lleven a cabo las investigaciones que correspondan”, agregó la entidad.

La semana pasada, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) confirmó a Primera Hora que ha recibido 467 cheques devueltos por ciudadanos que no cualificaban para recibir beneficios de desempleo, incluyendo casos de menores que burlaron el sistema y de forma fraudulenta recibieron cuantías de dinero considerables.

En el caso de los menores, el secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, explicó que la agencia atendió el caso de una madre que devolvió un cheque de $8,124 en la oficina regional del DTRH, en Ponce. El pueblo de procedencia de esta familia es de Adjuntas.

De otro lado, Ayala indicó que hasta la tarde de ayer se han efectuado 32 arrestos de adultos y se han recuperado $157,642 como resultado de otra investigación por un esquema de fraude con fondos del PUA. En esos casos, se trata de personas que con identidades falsas, algunos deambulantes, van a sucursales bancarias para cambiar los cheques que les pertenecen a otras personas.

Este tipo de pesquisa, que es evaluada por el fiscal Manuel Santiago Quiles, requiere de numerosas gestiones para autenticar documentos y de solicitudes de información a las agencias de gobierno concernidas incluyendo a la compañía Evertec para poder corroborar la información desde que fue llenada la petición de ayuda vía Internet, por lo que estas personas no han sido acusadas todavía.