La Policía de Puerto Rico ha reducido la presión de control migratorio sobre la comunidad dominicana debido al acceso a la licencia de conducción para personas sin papeles y la reforma en marcha de las fuerzas del orden.

El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDH), José Rodríguez, señaló hoy a Efe que como balance de 2014 se puede apuntar que sus compatriotas han visto mejorada significativamente su situación al reducirse el control migratorio al que eran sometidos por la Policía, labor para la que no está facultada.

Rodríguez había denunciado durante los últimos años que la Policía de Puerto Rico había asumido un rol en el control de la inmigración que por ley no le corresponde, tarea que recae en las autoridades federales.

El Departamento de Justicia federal se hizo eco en 2011 de un informe de Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que denunciaba que entre 2005 y 2010 casi 2,000 agentes de la Policía cometieron delitos de distinta índole, entre los que se incluían abusos contra la comunidad extranjera y en particular la dominicana.

Esas denuncias dieron paso a que la Justicia federal presentara una demanda en 2012 contra la Policía de Puerto Rico, aunque un acuerdo con el Departamento de Justicia local permitió el compromiso de su retirada a cambio de un proceso de reforma de las fuerzas de orden locales, actualmente en marcha.

La reforma fue ratificada el 17 de julio de 2013 por el gobernador Alejandro García Padilla y el exsecretario de Justicia de Estados Unidos Eric Holder.

"La mejora de la situación de los dominicanos responde también a que el nuevo jefe de la Policía -José Caldero- ha entendido que los policías no están facultados para actuar como agentes de inmigración", aseguró Rodríguez.

Dijo que, de hecho, en los pasados seis meses su asociación solo ha recibido dos quejas de ciudadanos dominicanos que alegaban haber sido objeto de acciones de control migratorio por parte de agentes de la Policía de Puerto Rico.

Rodríguez aseguró "que el camino no ha sido fácil", ya que durante los últimos años dominicanos sin la documentación para residir legalmente en Puerto Rico habían sido acosados por agentes de la Policía, que tras maltratarlos los conducían ante las autoridades migratorias para su deportación.

Sostuvo que se registraron casos de dominicanos que, tras ser interceptados en la calle, eran conducidos directamente al Aeropuerto de San Juan para que las autoridades de inmigración los subieran a un avión rumbo a República Dominicana.

Rodríguez subrayó que todo quedó más claro después de que el pasado 30 de octubre Caldero emitiera una orden ejecutiva en la que quedaba prohibido que los agentes del cuerpo actuaran en temas de inmigración.

"Actualmente todos los agentes de la Policía de Puerto Rico conocen esa orden, aunque hay miles de policías en la isla y siempre hay quien se opone a los cambios", indicó sobre las reticencias que puede haber en el cuerpo a dejar atrás determinadas prácticas.

Resaltó que en la mejora de la situación ha influido también el hecho de que el juez federal Gustavo Gelpí incluyera al CDH entre las partes que deben ser informadas del proceso que supervisa el asesor técnico de cumplimiento de la reforma de la Policía, Arnaldo Claudio.

La reforma incluye la supervisión de los agentes, el control de prácticas discriminatorias en los arrestos y la implementación de mejoras tecnológicas, entre otras medidas.

Rodríguez destacó que un paso fundamental ha sido que desde el pasado mes de agosto se abriera el plazo para que los ciudadanos de su país sin residencia regularizada en la isla iniciaran los trámites para optar a una licencia de conducir en Puerto Rico.

Una vez obtenidas estas licencias, los dominicanos y otros extranjeros son portadores de un documento que les permite además de identificarse abrir cuentas de banco, pagar contribuciones sobre ingresos y la posibilidad de depositar dinero en efectivo en entidades financieras.

Las licencias de conducción para personas sin situación regularizada en Puerto Rico tienen carácter provisional y están destinadas a personas que no posean tarjeta de Seguro Social o documentación expedida por el Servicio de Ciudadanía de Inmigración de Estados Unidos.

En Puerto Rico viven cerca de 3.5 millones de residentes, de las que son 68,000 dominicanos con ciudadanía estadounidense y de forma extraoficial se calcula que la cifra de personas -incluidos los que no poseen documentación- de ese país pueda alcanzar los 200,000, aunque otras estimaciones elevan a casi el doble el número.