La petición de tres declaraciones juradas que podrían estar relacionadas a la investigación que se realiza en torno a la alegada intervención indebida de dos fiscales en el choque que supuestamente provocó la abogada Jessica Rivera Pacheco se convirtió en el eje de controversia de una vista que se celebró hoy, miércoles, ante el juez Aldo González Quesada, del Tribunal de San Juan.

Rivera Pacheco encara dos violaciones a la Ley de Tránsito, uno por guiar bajo la influencia de bebidas embriagantes y otro por manejar de forma imprudente o temeraria.

Durante la audiencia, el licenciado Jorge Gordon Menéndez informó al togado que el proceso de descubrimiento de prueba no se había completado porque el fiscal Eduardo Beale Targa no había entregado las declaraciones juradas del agente Jorge Navedo, del jefe de la Policía Municipal de Guaynabo, Abiezer Ortiz Martínez, y de la alegada víctima Daniel Figueroa Resto.

"No las entregó porque esas declaraciones juradas no están bajo su control en el sumario fiscal sino que están en la Oficina del Fiscal Especial Independiente", apuntó el abogado.

Explicó que esas declaraciones juradas las tomó el fiscal Jan Mangual como parte del informe que preparó tras investigar la alegada intervención de los fiscales Melvin Colón Bonet, Enrique Rivera Mendoza, Miguel Alameda Ramírez y José Virella Santana en el accidente, ocurrido en Guaynabo el pasado 11 de febrero.

Rivera Pacheco es compañera de Colón Bonet e hija de Rivera Mendoza.

A tenor con ese informe, el Departamento de Justicia refirió a los cuatro fiscales a la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OFEI) para determinar si existían fundamentos para continuar con la querella presentada contra dos de los cuatro fiscales.

La OFEI coincidió con el análisis del Departamento de Justicia de que los fiscales Virella Santana y Alameda Ramírez no habían incurrido en conducta delictiva, pero asignó dos fiscales especiales independientes para continuar la pesquisa contra Colón Bonet y Rivera Mendoza.

Ante el planteamiento del abogado Gordon Menéndez, el fiscal Beale Targa replicó que su objeción a entregar las declaraciones juradas se debía a que no las tenía y a "que nosotros desconocemos su contenido. Fueron tomadas no por los hechos del caso sino por el proceso disciplinario".

"Ciertamente si el Tribunal nos ordena entregarlas no es tan fácil y esto lo digo especulando... que el contenido sea de una investigación y no pertinente a los hechos de este caso de embriaguez", agregó.

Apuntó también que de ser entregadas las declaraciones juradas el tribunal debía tomar medidas cautelares para salvaguardar la investigación en proceso.

Debido a esta controversia, el juez González Quesada decretó un receso para que las partes conversaran y se hicieran gestiones para conseguir las declaraciones juradas.

De regreso a sala, el fiscal Beale Targa informó que recibiría los documentos en la tarde de hoy, miércoles. Por ello, el togado le solicitó que evaluara su contenido y de entender que había contenido que debía ser protegido radicara una moción informativa para asignar a otro juez que evaluara los documentos y evitar contaminarse con la prueba.

Así las cosas, el juez señaló una vista sobre el estado de los procedimientos para el 17 de julio.

Al anunciar el referido a la OFEI, el Departamento de Justicia alegó que Rivera Mendoza y Colón Bonet supuestamente usaron sus posiciones para intervenir en la investigación que realizaba la Policía Municipal de Guaynabo tras detener a Rivera Pacheco, cuya prueba de alcohol supuestamente arrojó 16.9% de centésimas de alcohol en la sangre.

Señaló también que Colón Bonet intervino en la escena del accidente, abogó a favor de su pareja y posteriormente, utilizó la computadora del Departamento de Justicia para preparar una orden (subpoena) para que la Oficina de Vigilancia y Sistemas de Información de la Policía Municipal de Guaynabo le entregara el vídeo tomado en el lugar del accidente.

En cuanto a Rivera Mendoza, el Departamento de Justicia le imputó que en la propia Fiscalía de Bayamón, en la que labora, "en alguna forma intervino con los fiscales Virella Santana y Alameda Ramírez en la consideración y trámite del asunto relacionado con su hija cuando tenía que inhibirse".

Al presente, Rivera Mendoza, Alameda Ramírez y Colón Bonet se encuentran suspendidos de sus funciones mientras encaran procesos ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

Virella Santana, quien renunció al puesto efectivo el 20 de julio, también enfrenta un proceso ante la OEG.