Podrían ser suspendidos 12 maestros acusados en el Tribunal Federal
Portavoz del DE anticipó la acción de la agencia estatal.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 9 años.
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Doce de 20 maestros acusados ayer al ser implicados en un esquema fraudulento para recibir fondos federales por servicios de tutorías que no se rindieron, serán suspendidos, según adelantó este miércoles el Departamento de Educación (DE).
Los profesores han sido acusados por un gran jurado federal como parte de la segunda fase de una investigación sobre las operaciones de la compañía Rocket Learning, que por años ha brindado tutorías a alumnos del sistema público de enseñanza.
Cosette Donalds Brown, portavoz del DE, confirmó que 12 de los 20 acusados están activos en la agencia, pero que ya comenzó el proceso para suspenderlos. Aclaró que aún no se han enviado las cartas de suspensión, pero afirmó que sí serán suspendidos sumariamente “en lo que se lleva a cabo la investigación administrativa” por parte de la División Legal de la dependencia estatal y se desarrolla el caso criminal en contra de esos educadores.
Ayer, martes, 19 de los 20 maestros acusados fueron arrestados por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en diferentes partes de la Isla.
Otro fue arrestado en Ohio, en Estados Unidos, por lo que no compareció con el resto de los imputados a la vista inicial en su contra ante la magistrada federal Silvia Carreño Coll, quien les permitió permanecer en la libre comunidad.
El FBI investigó el caso en conjunto con la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación federal y la Oficina del Contralor de Puerto Rico como parte de la segunda etapa del operativo “Bad Grades” o “Malas notas”. La primera fase culminó en septiembre pasado, cuando fueron acusados 31 empleados administrativos de Rocket Learning.
Según la pesquisa, los maestros que participaban del programa de tutorías de Rocket Learning usaban a los propios estudiantes para que firmaran bajo otros nombres para supuestamente justificar que les daban los servicios de tutorías y así recibir fondos de Título I del Departamento de Educación federal.
En conferencia de prensa efectuada en septiembre pasado, el exagente especial a cargo del FBI, Carlos Cases, explicó que la pesquisa reflejó que los estudiantes les preguntaban a los maestros bajo qué nombre firmaban, si bajo su propio nombre o el que les habían dicho que usaran.
La jefa de Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, por su parte, explicó en un comunicado de prensa que los acusados eran “maestros líderes” o “maestros” que ofrecían los servicios de tutorías como empleados de Rocket Learning.
De acuerdo con Rodríguez, los acusados tomaban parte del esquema sometiendo información falsa sobre asistencia para el cobro de la supervisión, llenando o firmando formularios falsos sobre asistencia, o firmando postpruebas, indicando que estudiantes habían participado de los servicios cuando en realidad no los habían recibido.
Los acusados en la segunda etapa del operativo son María Plaza y Aracelis Rivera Rivera, de la escuela Héctor I. Rivera de Adjuntas; Wanda Figueroa Figueroa, Maritza Rosario Medina, Mariam Candelaria y Margarita Arroyo Heredia, de la escuela Antonia Serrano González de Jayuya; Annette Coppin Bald, de la escuela Inés María Mendoza; Idalis Torres Torres, de la escuela Nueva Superior de Loíza; Jessica Marrero Santana, de la escuela Eugenio María de Hostos, y Keila Silva Sánchez, de la escuela Jesús T. Piñero.
También han sido acusados Mónica Ortiz Alicea, de la escuela Antonia Sáez Irizarry; Nayda Torres de León, de la escuela María Dolores Farías; Guillermo Morales Muñiz, de la escuela Francisco Matías Lugo; Raquel Román Bonilla, de la escuela Joaquín Vázquez; Joel Torres Beltrán, de la escuela Manuel Méndez Liciaga (arrestado en Ohio); Laurie Baerga Castro, de la escuela Adrin Torres Torres; Ángel Vélez Rosa, de la escuela intermedia Berwind; Ivelisse Vázquez García, de la escuela Dr. Ramón Tellado, y Ana Oben, de la escuela Luis Muñoz Rivera.
Las autoridades federales han señalado que de 2011 a 2013 se emitieron facturas falsas para recibir fondos de Título 1 de Educación federal. Se alega que bajo este esquema fraudulento se apropiaron de $954,297.