La defensa del exsenador Antonio “Chuchin” Soto Díaz y su esposa Agnes López Díaz debe entregar en o antes del próximo martes la documentación necesaria para buscar un acuerdo de alegación de culpa relacionada a las decenas de cargos criminales en su contra ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó hoy, jueves, el juez Harry Massanet Pastrana .

Mientras, una nueva conferencia con antelación al juicio quedó pautada para el martes 17, a las 2:00 p.m.

“Este tribunal espera que dicha comunicación sea entregada para esa fecha”, dijo Massanet Pastrana.

En la Sala 1103 del Centro Judicial de San Juan, el juez, quien se reunió en el estrado por varios minutos con los abogados y fiscales, no entró luego en detalles en corte abierta sobre lo discutido.

Sin embargo, a preguntas de este medio, el fiscal especial independiente (FEI), Manuel Núñez Corrada, explicó que la defensa debe enviar al Panel de Exjueces del FEI una carta que contenga los detalles del acuerdo al que aspira Soto Díaz y su esposa.

“El FEI tiene un protocolo que para cualquier conversación de preacuerdo. Hay que notificar por escrito al Panel del FEI, para que estos lo evalúen. Deben radicar una oferta de preacuerdo”, indicó Núñez Corrada, quien atiende el caso junto al también FEI Emilio Aril y al fiscal de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, Carlos Romo.

Por su parte, los abogados de defensa del exsenador, Pedro Rivera Martínez y Griselle Hernández, dijeron también fuera de sala que como parte del acuerdo buscan que sus clientes no cumplan cárcel y anticiparon que podría haber una restitución de dinero.

“Hay unos cargos que no conllevan probatoria (apropiación de fondos públicos). Estaríamos buscando una reclasificación”, dijo Hernández.

El acusado y su esposa no comparecieron este jueves al tribunal.

Soto, quien ocupó un escaño legislativo por el Distrito de Guayama, está acusado de 13 cargos de apropiación ilegal agravada de fondos públicos y 13 de falsedad ideológica, por supuestamente cobrar $2,106 en dietas legislativas, mientras se encontraba de viaje en República Dominicana.

Por cada uno de los cargos de apropiación ilegal agravada de fondos públicos, el exsenador podría ser sentenciado a 10 años de cárcel, como pena fija y sin el privilegio de optar por una sentencia suspendida o probatoria. Además, el juez podría sentenciarlo a restituir el dinero que se alega cobró ilegalmente.

Además a Soto Díaz se le imputan tres violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y otros tres cargos por proveer información falsa en planillas de contribución sobre ingresos. En estos últimos cargos también está acusada su esposa, Agnes López Díaz. El gobierno alegó que el matrimonio no reportó $481,000 en sus planillas.

El 15 de septiembre de 2011, Soto Díaz renunció a su escaño en el Senado en medio de un escándalo relacionado a que afirmó que recibió como regalo un lujoso carro Bentley, valorado en $400,000, de una persona que le pidió anonimato. El Código de Ética del Senado prohíbe que los legisladores reciban regalos.