“La discreción judicial no puede ser absoluta”, así reaccionó el gobernador Pedro R. Pierluisi luego de que se revelara ayer por parte del director administrativo de la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administración de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, el archivo de las quejas que se presentaron contra la jueza Sonya Nieves Cordero y la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez en relación con los procesos judiciales a los que Andrea Ruiz Costas acudió a solicitar protección de su agresor tras ser víctima de un patrón de acoso y violencia doméstica y no se le concedió.

La determinación estuvo basada en que no se cumplía con el estándar de prueba legal que se requiere para instar un procedimiento disciplinario contra las referidas juezas de que violentaron los Cánones de Ética Judicial durante las vistas en las que Ruiz Costas de 35 años, figuró como solicitante de una orden de protección y testigo del Ministerio Público, con relación a Miguel Ocasio Santiago.

“Nuestra Oficina carece de facultad para intervenir con el ejercicio de la discreción judicial”, indicó Seidel Figueroa.

Pierluisi fue cauteloso al responder si apoyaría un proyecto de ley para limitar el ejercicio de la discreción judicial, tras aceptar que es un tema delicado que tendría que revisarlo en sus méritos y expresó su respeto por la separación de poderes según se ha establecido en la Constitución.

“Ese caso es desgarrador, perdimos a Andrea y eso es irreversible, el daño está hecho, pero ahora en vez de estar meramente lamentándonos lo que hay que hacer es tomar acción... En mi caso yo tomé las decisiones que había que tomar, inmediatamente le pedí a nuestro secretario de Justicia que quería fiscales en toda vista de causa en casos de violencia doméstica...casos de naturaleza penal porque es importante que la víctima esté apoyada de parte del Ministerio Público”, argumentó Pierluisi durante una rueda de prensa en el Cuartel General.

Advirtió que en estos casos la Administración de Tribunales y la Judicatura tienen que tomar acción para que no se repita en episodio como este.

La víctima acudió al Tribunal de Caguas en 25 y 26 de marzo para solicitar una orden de protección contra su expareja, sin lograrlo.

El cadáver de Ruiz Costas fue encontrado parcialmente calcinado el 29 de abril en una zona boscosa en el kilómetro 25 de la carretera PR-184, del sector Las Trescientas del barrio Guavate, en Cayey, mientras que Ocasio Santiago, se suicidó en la cárcel de Bayamón donde se encontraba sumariado en espera de juicio.