Además de cuestionar las motivaciones para una demanda de Walmart contra tres personas sin hogar, Ruiz y Alicea levantaron bandera ante la posible omisión de protocolos por parte del Estado al tratarse Pascual de una persona adicta y en extrema pobreza que se enfrentaba sola al sistema de justicia del país.

La raíz, señala el trabajador social, es la desigualdad social que resulta de una estructura económica que no promueve el empleo digno y la criminalización del uso de sustancias.

“Trabajar desde una perspectiva salubrista es esencial para combatir la violencia asociada al uso problemático de sustancias y a otros problemas como la falta de vivienda y de acceso a servicios de salud”, apuntó Alicea. 

“En general, tenemos un problema de prejuicios y marginación por el que a las personas de extrema pobreza, que son las personas sin hogar, hasta no queremos tenerlas en nuestros espacios públicos y menos en los comercios. Creo que este caso es un síntoma de un mal más profundo”, resaltó Ruiz. 

Además, existe desde 2010 un Protocolo para la Atención, Orientación y Referido de Personas sin Hogar que se presentan en el Tribunal de Primera Instancia, que “reconoce que la atención de las situaciones que presentan las personas sin hogar provoca primordialmente la intervención, la coordinación y la actuación de los sistemas de protección social”, agregó. 

Este, coinciden ambos, debe ser estudiado, implementado y mejorado. 

La vista de seguimiento al caso de la demanda que se mantiene contra las otras dos personas sin hogar, que luego fueron identificadas como Betzaida Zabaleta y Gabriel Santiago, está pautada para mañana, informó.