La abogada de Áurea Vázquez Rijos, acusada a nivel federal por el asesinato por encargo de quien fuera su esposo Adam Joel Anhang, reclamó ante el Tribunal Federal que su representada no ha sido atendida por un ginecólogo desde que dio a luz hace poco más de tres meses, no se le permite examinar la evidencia en su caso, extraerse leche para su bebé ni tomar cursos de paternidad responsable en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo.

La licenciada Lydia Lizarríbar sometió una moción al respecto ante la consideración del juez federal Daniel R. Domínguez para que emita una orden a MDC para que se atiendan las necesidades de Vázquez Rijos, quien está en dicha institución desde el 23 de septiembre pasado.

Lizarríbar indicó que en MDC le dijeron a su representada que el momento que tiene aprobado para evaluar la evidencia en su caso, contenida en un disco compacto, es el día y a la hora que tiene derecho a visitas familiares, “por lo cual la acusada tiene que escoger entre ver a su familia o ver la prueba”.

“Esto claramente pone a la acusada en una posición de desventaja y discriminación obvia solamente por su género”, lee la moción, que solicita que el momento de evaluar la evidencia no interfiera con el tiempo de visitas.

La abogada recordó que la prueba es “voluminosa” y que si tuviese que inspeccionarla junto a su cliente, esto conllevaría “cientos de horas y numerosas visitas” a MDC, que cobraría a la corte, dado a que fue designada por el panel de abogados de la corte para representarla.

Lizarríbar agregó que el Departamento de la Familia le ordenó tomar unos cursos de paternidad responsable que se ofrecen en una oficina dentro de la institución carcelaria, pero que personal de MDC le indicó que no podía hacerlo porque es una sumariada “de alto perfil”, por lo que no puede salir de su unidad.

Recalcó que necesita tomar el curso o podría arriesgar que no pueda recibir en visitas a la bebé, que está bajo el cuidado de su madre, Carmen Rijos.

Añadió, además, que desde que dio a luz hace poco más de tres meses, no ha sido atendida por un ginecólogo y que no se le ha permitido extraerse leche para darle a la infante, lo que le ha causado complicaciones de salud.

“Por lo cual, se le solicita respetuosamente a esta corte a emitir las órdenes para que pueda ver la prueba y tomar el curso de paternidad”, concluye la moción.

Áurea Vázquez Rijos, de 35 años, fue trasladada a la Isla el 23 de septiembre pasado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) proveniente desde España. Fue arrestada el 30 de junio de 2013, luego de permanecer fugitiva en Italia desde que fue acusada en 2008. Allí se dedicó a ser guía turístico y tuvo gemelas.

Se le acusa de actuar en concierto y común acuerdo con su hermana Marcia y el compañero de esta, José Ferrer Sosa, para asesinar a Anhang, lo que se concretó el 22 de septiembre de 2005. Según las autoridades, contrataron a Alex “El Loco” Pabón Colón, quien confesó los hechos y se declaró culpable.

Según el pliego acusatorio, la mujer contrató a Pabón Colón para que asesinara a su entonces esposo y resolvió que le pagaría $3 millones. Para esa fecha, ya se había mudado a Italia. Por el crimen, Pabón Colón hizo alegación de culpabilidad el 14 de junio de 2008.

Según el ahora testigo federal, Anhang quería divorciarse de Áurea y, si se formalizaba la separación, no le tocaría nada de su fortuna a ella porque se casaron por medio de capitulaciones.

La declaración jurada del agente a cargo del caso indica que fue entonces que supuestamente Áurea, Marcia y Ferrer Sosa se reunieron con Pabón Colón y le ofrecieron la millonaria suma a cambio de asesinar al joven canadiense.

Se alega que se pusieron de acuerdo y Áurea invitó a cenar a su entonces esposo a un restaurante del Viejo San Juan, pero cuando caminaban hacia un estacionamiento, entre las calles Luna y San Justo, Pabón Colón los atacó. A Áurea la golpeó en la cabeza, mientras que a Anhang le dio con un adoquín y lo apuñaló con un cuchillo que, según dijo, tomó de la cocina de un restaurante cercano.

El juicio del caso se verá el año que viene, pero aún no se ha pautado fecha.

Su confesión confirmó la inocencia de Jonathan Román Rivera, residente de La Perla, quien llegó a ser condenado por el crimen. El joven recibió una sentencia de 105 años de prisión en un tribunal estatal y fue encarcelado en 2007. Sin embargo, un año después fue absuelto por el crimen del empresario y recobró su libertad.

Marcia y Ferrer Sosa, mientras, estuvieron sumariados hasta marzo, cuando finalmente se les concedió libertad bajo fianza. Además, otro hermano de Áurea, Charbel, fue acusado por perjurio al supuestamente mentir ante un gran jurado al alegar que no conocía a Pabón Colón. El hombre también enfrenta cargos por ayudar a Áurea a permanecer prófuga.