La defensa de Efraín Rivera Ramos, acusado a nivel federal por asistir a un convicto armado ilegalmente durante los hechos que culminaron con el asesinato del sargento Joaquín Correa Ortega en Humacao, solicitó que sea evaluado por un psiquiatra.

Rivera Ramos fue objeto de controversia cuando, al ser arrestado tras el asesinato ocurrido en medio de un operativo el 10 de marzo pasado, le dijo a los agentes que sería evaluado y encontrado no procesable a la hora de ir a los tribunales, como había ocurrido anteriormente. De hecho, fue encontrado no procesable por enfermedad mental en un caso estatal en su contra por sustancias controladas y ha sido arrestado en cinco ocasiones, sin lograr procesarlo por los delitos.

Su abogado, Víctor González Bothwell, de la Oficina del Defensor Público federal, adelantó al juez federal Francisco A. Besosa que solicitará una evaluación de salud mental de su representado y pedirá los expedientes médicos de Rivera Ramos en los diferentes lugares donde ha recibido atención psiquiátrica.

Por su parte, los representantes legales del coacusado en este caso, Jancarlos Velázquez Vázquez, adelantaron que solicitarán la separación de los casos.

Rafael Castro Lang -quien fue contratado recientemente como abogado de Velázquez Vázquez, hoy representado aún por Mariela Maestre- dijo que "de seguro" presentará una moción para pedir la separación, dado a que indicó que Rivera Ramos hizo expresiones que entiende podrían perjudicar a su cliente.

No obstante indicó que esperará a recibir el descubrimiento de prueba en su totalidad, proceso que ha tardado porque la investigación está a cargo principalmente por las autoridades estatales.

El fiscal federal Max Pérez Bouret destacó que falta evidencia por parte del Instituto de Ciencias Forenses, además de fotos y reportes que "no los tenemos bajo nuestro control", ya que los agentes estatales investigan el caso del asesinato y fueron los que investigaron el caso.

"Tomará más tiempo del usual poder proveer el descubrimiento de prueba completo en este caso", advirtió Pérez Bouret.

El juez pautó una conferencia de estatus para el 23 de mayo.

Rivera Ramos, de 23 años, y Velázquez Vázquez, de 25, enfrentan un cargo a nivel federal por estar con una persona convicta armada el día de los hechos, Rafael Rodríguez Carrasquillo, quien falleció en medio del operativo ocurrido en el área de la Plaza de Caballos, en Humacao.

El primero también enfrenta otro cargo por poseer un arma automática ilegal en hechos ocurridos el 14 de marzo de 2013, cuando fue detenido en el residencial Colinas de Magnolia, en Juncos.

Por los hechos del 10 de marzo pasado en Humacao, se indicó que ambos estaban con Rodríguez Carrasquillo en la Plaza de Caballos para realizar una transacción de armas, y que cada uno tenía un arma corta. En eso, llegó la Policía y ocurrió el intercambio de disparos.

Rodríguez Carrasquillo y el policía Correa Ortega fallecieron en medio de la intervención.