En una moción en la que se pretende que se desestimen todos los cargos que pesan contra Wanda Vázquez Garced y otros dos coacusados, se revela que la exgobernadora y los funcionarios asociados a Bancrédito International Bank & Trust Corporation eran cooperadores del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), por lo que no tenían una “intención corrupta” para cometer lo que se alega en su contra.

El documento legal, de 41 páginas, fue presentado anoche por el exagente del FBI, Mark Rossini. Este, de hecho, solicitó una vista evidenciaría para poder presentar prueba que sustente sus argumentos.

Entre otras cosas, la moción destaca que Vázquez Garced acudió al FBI para denunciar un presunto esquema corrupto en Verano del ‘19 en el que supuestamente dos políticos intentaron sobornarla para que nombrara a un oficial electo del Partido Nuevo Progresista (PNP) como secretario de Estado para que sustituyera a Ricardo Rosselló tras su dimisión. Para esta movida, Vázquez Garced tenía que dejar un lado el orden constitucional que la dejó a ella en el cargo, por haber sido en aquel entonces secretaria de Justicia y no habiendo una persona en el cargo de secretario de Estado.

La moción está tachada, por lo que no se logra precisar quién fue el político que tramitó por medio de allegados una reunión con Vázquez Garced en la que también estuvo el otro oficial electo. Sin embargo, reportes de periódicos del 2019 señalan que el entonces presidente del Senado, Thomas Rivera Shatz, impulsó que la comisionada residente Jenniffer González fuese nombrada secretaria de Estado para que asumiera la gobernación.

Se alega que en otra reunión en la que estuvo el oficial electo que no hizo los contactos iniciales, Vázquez Garced informó su intención de ocupar el cargo de gobernadora. Finalmente, ocupó el puesto desde agosto de 2019 hasta el 1 de enero de 2021.

La moción alude que “esta conversación grabada llevó al FBI a creer en la existencia de: ‘una conspiración entre [el funcionario electo puertorriqueño 1] y [funcionario Electo Puertorriqueño 2] de su intención de remover al [la gobernadora Vázquez] para que, entonces, ya sea [funcionario electo puertorriqueño 1] o [el funcionario electo puertorriqueño 2] puede convertirse en gobernador’”.

No obstante, ningún político ha sido acusado a nivel federal por los argumentos que expone la moción.

Tras la revelación, Rivera Schatz indicó a NotiUno que agradece que le hayan grabado, pues se confirmó que no ha cometido ningún delito.

“Yo le agradezco al FBI que haya hecho la investigación. Si puedan hacer públicas las grabaciones, pues, a mí me encantaría que las hicieran públicas, verdad, porque a mí me da igual, porque ya ahí dice de manera clara, no tan sólo que cerraron la investigación, sino que terminó siendo tarjeta de la investigación Wanda Vázquez y Rossini. (Ellos) fueron acusados los dos”, sentenció.

Mientras, en un evento realizado en Cayey, el gobernador Pedro Pierluisi indicó que “no tengo conocimiento directo o personal” sobre lo denunciado en la moción, por lo que no emitió comentarios.

Entretanto, Rossini expuso en la moción que la Fiscalía federal tiene que probar que hubo una intención de corrupción. Sin embargo, alega que esta no existió porque, en su caso, acudió donde el FBI para intentar denunciar, a nombre de su cliente y otro de los coacusado en este caso, el presidente de Bancrédito, Julio Herrera Velutini, unos presuntos actos corruptos en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

Según la acusación de la Fiscalía federal, Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero a la exgobernadora para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y remplazar al entonces comisionado de la OCIF, George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito.

“Lejos de actuar en secreto, Rossini tomó sus preocupaciones sobre OCIF directamente al FBI. Estas preocupaciones también fueron abiertamente y comunicadas repetidamente a la campaña de Vázquez, al comisionado de OCIF, Joyner, e incluso en un esfuerzo por informar al presidente. Esta transparencia es lo opuesto a la corrupción, que se nutre del secreto y engaño. Al sacar a la luz estos temas de manera tan pública, Rossini mostró un compromiso con la rendición de cuentas, no con la corrupción. Este no fue un esfuerzo por subvertir el sistema, sino un intento legítimo de influir en la política. el gobierno. El caso pasa por alto este contexto crucial”, se expone en la moción.

Al final de la moción también se destaca que le parece preocupante “el giro sospechoso de los acontecimientos en el que el señor Herrera, Rossini y la gobernadora Vázquez, quien originalmente buscó la ayuda del FBI para exponer la corrupción dentro de la OCIF y los círculos políticos puertorriqueños, terminó hasta ser acusados de corrupción por la misma agencia a la que acudieron. Esta reversión inexplicable arroja serias dudas sobre la integridad de la gestión del gobierno en la investigación. Resulta especialmente preocupante que el gobierno haya adoptado selectivamente evidencia para respaldar su narrativa, ignorando hechos clave que impugnar su caso”.

Se suponía que hoy, viernes, hubiese una vista del estado de los procedimientos para este caso en el Tribunal Federal de Distrito, en Hato Rey. Sin embargo, esta fue cambiada para el próximo jueves, 3 de octubre.

El juicio en este caso esta pautado para iniciar en enero.