El equipo legal de la Junta de Planificación de Puerto Rico (JP) presentó este miércoles un recurso de apelación y una moción en auxilio de jurisdicción en el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) que buscaría invalidar el fallo del Tribunal de Apelaciones (TA) que anula el Reglamento Conjunto de Permisos de 2020.

El presidente de la Junta, Julio Lassús Ruiz, enfatizó que los recursos que se radicaron ante la alta curia es para atender controversias que aún siguen pendiente respecto al estatuto que evalúa y expide la otorgación de permisos relacionados al desarrollo.

“La prioridad de la JP sigue siendo proveer la estabilidad y certeza indispensables tanto para la protección del ambiente como para dar continuidad a la actividad económica”, expresó el planificador, en declaraciones escritas.

A pesar que varios foros judiciales han declarado nulo dicho reglamento, la JP asegura que mediante una resolución que emitió en enero de 2022, el reglamento seguirá vigente hasta que el Supremo se exprese sobre todo recurso legal que busque impugnar dicha medida. La agencia asegura que la resolución sigue en efecto luego que el máximo foro judicial acogiera una petición de certiorari de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

“La controversia sobre el Reglamento Conjunto se ha prolongado ante los casos presentados y que la prioridad de la Junta de Planificación sigue siendo proveer la estabilidad y certeza indispensables tanto para la protección del ambiente como para dar continuidad a la actividad socioeconómica”, sostuvo Lassús Ruiz.

Sin embargo, este asegura que una reciente determinación del Apelativo entra en contradicción con otras sentencias previas de paneles del mismo tribunal, que habían reconocido la vigencia del RC 2020 hasta tanto el Supremo se exprese en el caso que tiene ante su consideración.

“Ante las determinaciones encontradas de dos paneles del TA, la JP optó por radicar un Recurso de Apelación en el que solicita que el máximo foro declare que la parte recurrente no tiene legitimación activa, que el caso debe ser devuelto al TPI y que no procede el injunction puesto que las sentencias de nulidad están paralizadas por virtud del recurso acogido por el TSPR y que la JP se encuentra trabajando activamente en el proceso para la aprobación de un nuevo Reglamento Conjunto”, explicó.

Asimismo, la JP presentó hoy un recurso de Auxilio de Jurisdicción en el cual solicita al TSPR que paralice los trámites a favor de dar certidumbre a los procesos que son regulados por el Reglamento Conjunto y, según la agencia, “evitar un caos en el sistema de permisos de la Isla que quedaría inoperante sin un cuerpo de normas para regular los trámites”. Otras agencias también radicaron recursos en este caso, la OGPe y la Oficina del Procurador General.

“Estamos actuando responsablemente en dos flancos principales. Por una parte, nos encontramos atendiendo con diligencia el trámite legal y agotando los recursos de los que disponemos en ley para que haya la certidumbre de un marco reglamentario ante expresiones encontradas y contradictorias del Tribunal de Apelaciones. Mientras tanto, por otra parte, continúa progresando el proceso para presentar próximamente para la evaluación y participación ciudadana un borrador de nuevo Reglamento Conjunto”, sostuvo Lassús Ruiz.

El presidente dijo estar confiado en la argumentación legal que está presentando la agencia ante el TSPR con relación al RC 2020, pero indicó que ello no interfiere con el proceso de adopción y discusión del nuevo reglamento que continuará su curso, tras ya haber culminado la etapa de redacción con la participación de la OGPe y la colaboración activa de más de una treintena de agencias, incluyendo a los municipios autónomos que cuentan con oficinas de planificación, con delegaciones de permisos.