Más allá de reiterar las fechas límites de la presentaciones de mociones y vistas programadas previo al juicio, los abogados del caso de corrupción pública contra Wanda Vázquez solicitaron este jueves una vista oral para discutir las dos mociones de desestimación de los cargos criminales imputados y que están pendientes a determinaciones de la jueza federal Sylvia Carreño Coll.

Las mociones de desestimación fueron presentadas en septiembre y octubre pasado.

La primera petición de desestimación la hizo uno de los coacusados, el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Mark Rossini. En la misma se argumenta que la exgobernadora y los funcionarios asociados a Bancrédito International Bank & Trust Corporation eran cooperadores del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), por lo que no tenían una “intención corrupta” para cometer actos de corrupción.

La segunda moción, entretanto, la presentó el coacusado Julio Martín Herrera Velutini, dueño de Bancrédito Interantional Bank & Trust Corporation. En la misma se estipula que las imputaciones realizadas por la Fiscalía federal “no alega un elemento esencial, a saber, cualquier acuerdo para que los exgobernadores Vázquez y (Pedro) Pierluisi realizaran un ‘acto oficial’” que constituyera un delito.

Los abogados del banquero Christopher Kise, Sonia Torres Pabón y Lilly Ann Sanchez, aludieron en la moción que ese tema del ‘acto oficial’ fue tratado en una reciente decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y, a su juicio, “obliga a la desestimación del caso”.

Fue Kise el abogado que emplazó a la jueza a realizar una vista oral para discutir las desestimaciones, durante la vista de estatus de los procedimientos que se realizó en la tarde de este jueves en el Tribunal federal de Distito, en Hato Rey.

Al llamar la atención del tema, el exabogado del presidente Donald Trump le indicó a la jueza que estas mociones “tienen asuntos que la corte se beneficiará del argumento”.

La jueza prometió que leerá las mociones presentadas, que incluyen oposiciones de la Fiscalía federal, representada en este caso por Ryan Crosswell, Nicholas Cannon y Myriam Fernández.

“Veremos a ver”, fue la respuesta que emitió la jueza federal a la petición.

La decisión de Carreño Coll sobre si se realiza o no la vista oral se emitiría por escrito.

Por otro lado, la jueza dejó por sentado fechas importantes del caso. Indicó que a principio de marzo habría una vista de los estados de los procedimientos. Mientras, el 21 de marzo es la fecha limite para presentar mociones y para solicitar supresión de evidencia.

Finalmente, Carreño Coll estableció que el 2 de junio será la vista con antelación al juicio. Le reiteró a las partes que la misma será presencial.

Cabe destacar que durante la vista la jueza se sorprendió, porque los abogados y la Fiscalía no levantaron percances para prepararse para este juicio.

La también exsecretaria de Justicia fue acusada por un gran jurado federal el 8 de marzo de 2022 junto a Herrera Velutini y Rossini. El juicio por corrupción pública está pautado para iniciar el lunes, 25 de agosto de 2025.

Según la acusación de la Fiscalía federal, Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero a la exgobernadora para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y remplazar al entonces comisionado de la OCIF, George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, alegadamente, bajo presiones. Entonces, la exgobernadora nombró como su remplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, la exgobernadora recibió un soborno de $300,000 por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y están colaborando con las autoridades federales. No han sido sentenciados.

Según lee la acusación, para llevar a cabo su conspiración, Vázquez Garced se comunicaba con Herrera Velutini y Rossini de manera secreta y usando intermediarios, específicamente a Díaz y Blakeman.