La defensa de Wanda González Girona, abogada corporativa acusada por lavado de dinero del narcotráfico junto con su esposo y un amigo, solicitó tiempo para evaluar la prueba en su contra y poder informar si irá a juicio o no.

La abogada Marie L. Cortés le informó al juez federal Gustavo A. Gelpí que asumió la representación legal de la expresidenta de la Cámara de Comercio del Oeste apenas en abril, dado a que antes su abogada era Sonia Torres, y aún está revisando la evidencia suministrada por la fiscalía, representada por Carlos Cardona.

El juez señaló la conferencia con antelación al juicio para el 9 de noviembre.

González Girona, reconocida abogada corporativa en Mayagüez, presuntamente orquestó un esquema para lavar dinero del narcotráfico, junto a su esposo y un amigo, a cambio de comisiones.

González Girona fue sorprendida por agentes de la Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Policía, quienes la arrestaron en 2012 junto a su esposo, José Conde Pimentel, y su amigo José Morales Nieves, luego de que un gran jurado federal emitiera un pliego acusatorio con 18 cargos por conspirar y lavar dinero del narcotráfico.

Según la pesquisa, la DEA se encontraba investigando un caso cuando agentes encubiertos que se hacían pasar por narcotraficantes fueron abordados por el trío para lavar dinero a cambio de una comisión. La acusación detalla que el primero en dar el paso fue Morales Nieves, dueño de la estación de gasolina Arenas Service Station en Guánica, quien de inmediato contactó al esposo de la abogada, quien es dueño de la gasolinera Total en Yauco.

Se alega que los acusados utilizaron ambas estaciones de gasolina y la oficina legal de la abogada para lavar $373,000 en un término de dos años para agentes encubiertos que ellos pensaban que eran narcotraficantes a cambio de una comisión de entre nueve y 11 por ciento por cada transacción. La primera transacción fue el 14 de abril de 2010, cuando Morales Nieves recibió $50,000 en efectivo por parte de los encubiertos, los depositó en Yauco y Sabana Grande, y al final entregó cinco cheques al supuesto narco. Ese mismo día, Morales Nieves le presentó el esposo de la abogada al agente encubierto y hablaron para futuras transacciones de lavado de dinero. Según el pliego acusatorio, el 26 de octubre de 2010, Conde Pimentel recibió $123,000 por parte del encubierto, y el 29 de octubre Morales Nieves es quien le entrega al supuesto narco 10 cheques distintos -de gerente y personales- y giros por un total de $109,370. El trío de acusados recibió por esa transacción una comisión de 11% que representó $13,630. Finalmente, el grupo decidió realizar una tercera transacción con los presuntos narcotraficantes y recibieron $250,000 en efectivo el 21 de junio de 2012. El dinero fue entregado en la oficina de la abogada González Girona -acompañada de su esposo Conde Pimentel- y acordaron que la comisión que ganarían sería de 9% debido a que la cantidad de dinero que recibían para lavar era mucho más alta que las anteriores. El 3 de julio, Conde Pimentel se comunicó con el encubierto y le pidió que pasara por la oficina de la acusada para que recogiera dos cheques: uno de $130,298.60 y otro de $97,200.36, para un total de $227,498.96. Se alega que González Girona asesoraba en su oficina a los supuestos narcotraficantes sobre distintos esquemas que podían llevar a cabo para lavar el dinero, inclusive creando corporaciones falsas, y qué cosas podían hacer para evitar ser detectados por las autoridades. Específicamente, González Girona les ofreció a los encubiertos crear una corporación sin fines de lucro en Puerto Rico y otra corporación hermana en República Dominicana para que de esta forma el dinero pudiera transferirse entre ambos países sin ser detectados. Los coacusados están libres bajo fianza. De ser encontrados culpables, se exponen a un máximo de 20 años de prisión.

Acusan a conocida abogada de Mayagüez por lavado de dinero

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