La directora de Administración y Operaciones de Physician Correctional (PC), Bárbara Méndez, se expresó sorprendida por la inclusión de la empresa en la demanda radicada por los familiares de Ivette Joan Vega, asesinada por el confinado Hermes Ávila Vázquez, quien fue excarcelado indebidamente por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Los familiares de la mujer de 56 años, cuyo cadáver degollado y con heridas punzantes en la cabeza, fue localizado la madrugada del 21 de abril de 2024, en el kilómetro 8 de la carretera PR-686, cerca del balneario Los Tubos, en Manatí, solicitan una indemnización total de $41 millones.

“Comprendemos y nos solidarizamos con la angustia de los familiares de la víctima y respetamos su derecho a reclamar algún tipo de compensación económica. Sin embargo, nos sorprende haber sido incluidos en la demanda, considerando que ningún foro que ha investigado el caso ha identificado falta alguna por parte de nuestra empresa”, expresó Méndez, en un comunicado de prensa.

Méndez se refiere a que las investigaciones realizadas por el Senado de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y el propio DCR, concluyeron que PC cumplió con todas las disposiciones de su contrato y no se pudo establecer que hubiera incurrido en negligencia.

Abundó que, la información presentada bajo juramento en varios foros, la participación de PC se limitó a la evaluación inicial del médico primario y a la evaluación de pares realizada por otros cuatro médicos, quienes confirmaron el diagnóstico de Ávila Vázquez.

“El diagnóstico de paraplejia fue el factor que llevó al médico primario a recomendar que el reo fuera considerado por el DCR para un pase extendido. El diagnóstico de paraplejia en Ávila Vázquez fue confirmado por 52 médicos, tanto de PC, de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y la empresa Correctional Health Services dirigida por Manuel Quilinchini”, agregó la funcionaria.

Argumentó que, “datos publicados sobre el particular han establecido que Ávila Vázquez sufrió una caída mientras laboraba dentro de la cárcel por lo que fue referido al Hospital Industrial operado por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), quienes realizaron varias cirugías vertebrales y diagnosticaron paraplejia. Posteriormente, la CFSE otorgó a Ávila Vázquez beneficios por incapacidad total y permanente una pensión vitalicia amparándose en el diagnóstico de paraplejia”.

Physician Correctional provee servicios de salud a la población correccional conforme a lo establecido por el contrato suscrito con el gobierno, pero no constituyen una recomendación ni una determinación legal ya que carece de autoridad para excarcelar a un recluso ni participa en el proceso decisional, puntualizó Méndez.

“Al tratarse de un proceso que estará ante la consideración de los Tribunales, estaremos atendiendo este asunto junto a nuestros abogados en ese foro. Reiteramos nuestro compromiso de más de 35 años con el cumplimiento de la ley y con la prestación responsable de servicios de salud dentro del sistema correccional”, finalizó Méndez.

Ávila Vázquez, cumplía una sentencia de 122 años de prisión por cargos de asesinato en primer grado (de una mujer), secuestro, agresión sexual y violación a la Ley de Armas, pero salió en libertad en abril de 2023 tras la aplicación de la la Ley Núm. 25-1992, Ley para el egreso de pacientes de SIDA y de otras enfermedades terminales confinados en instituciones penales, por razones de salud incapacitantes y quedó en libertad.