El presidente de la empresa Physician Correctional, Raúl Villalobos, cuestionó ayer la rapidez con la que se evaluó el expediente médico del confinado Hermes Ávila Vázquez, de 52 años, que contiene documentos recopilados durante un período de alrededor de 20 años para concluir que se detectaron “inconsistencias y discrepancias”.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) refirió al Departamento de Justicia (DJ) los hallazgos preliminares de la evaluación hecha por la empresa UTI Corp a los expedientes médicos del confinado que presuntamente constataron inconsistencias en la documentación, discrepancias en los diagnósticos y la ausencia de evidencia que confirme los diagnósticos hechos al confinado, entre otros asuntos que al formar parte de un expediente médico son confidenciales.

“Nos sorprende que se haya evaluado un expediente que contiene casi 20 años de documentación médica, con la participación de más de una docena de médicos, y hallazgos en varias entidades, incluyendo el Fondo del Seguro del Estado, quien otorgó una incapacidad total permanente, en un período tan corto. Igualmente, nos llama la atención que no se haya procurado el beneficio de entrevistar a los médicos que tuvieron contacto directo con el paciente”, expresó en un comunicado de prensa Villalobos.

Villalobos argumentó que, la ley que protege la confidencialidad de los datos médicos del paciente lo que impide proporcionar información detallada sobre el historial y el examen físico que llevaron a los médicos a confirmar el diagnóstico de paraplejia.

“Cuando se nos permita presentar nuestra posición ante los foros competentes, demostraremos los elementos que respaldaron el diagnóstico clínico de nuestros médicos”, puntualizó.

A su vez, reiteró que los médicos que evaluaron el caso no autorizaron la excarcelación del recluso.

“Nuestra evaluación se basa en criterios científicos y datos clínicos exclusivamente”.

Ávila Vázquez, desde el 14 de febrero de 2005, cumplía una sentencia de 122 años de prisión por cargos de asesinato en primer grado, secuestro, agresión sexual y violación a la Ley de Armas. El DCR lo dejó en libertad mediante un pase extendido el 19 de abril de 2023, tras la aplicación de la la Ley Núm. 25-1992, Ley para el egreso de pacientes de SIDA y de otras enfermedades terminales a confinados en instituciones penales, tras las evaluaciones de un panel médico de la compañía Physician Correctional, a cargo del Programa de Salud Correccional.

El lunes 22 de abril, fue acusado por el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años y cargos de destrucción de pruebas, portación y uso de arma blanca y apropiación ilegal de vehículo, al amparo del Código Penal de Puerto Rico, la Ley de Armas y vehículo hurtado. La jueza Cyndia Irizarry Casiano, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, encontró causa probable para arresto y le fijó una fianza de $4 millones, por lo que fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón.

El cadáver de Meléndez Vega fue localizado el domingo a las 4:29 a.m. en el kilómetro 8 de la carretera PR-686, cerca del balneario Los Tubos en Manatí. Estaba semi desnuda, fue degollada y con heridas en la cabeza. Tras cometer los hechos, presuntamente se llevó el vehículo de la mujer marca Chevrolet Cavalier, color blanco, del 2000, el cual fue encontrado estrellado con un poste a orillas de la carretera y se presume que huyó a pie. Esa noche la víctima estaba en una actividad privada en el negocio De Aquí Pa’ Donde y su victimario acudió acompañado por su pareja a quien ocasionalmente se le pagaba por realizar tareas, sin conocer su nefasto pasado ya que ofreció varias versiones al igual sobre sus alegadas condiciones de salud. Ambos salieron en sus vehículos privados y no se ha revelado en qué circunstancias se le cruzó en el camino a la víctima.