El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) acudirán mañana, miércoles, a la corte para solicitar la revocación de la sentencia de probatoria que se le impuso al exrepresentante Ramón Rodríguez Ruiz en enero de este año por violaciones a las Ley de Violencia Doméstica y Ley de Menores.

Según la convocatoria, los fiscales llegarán a la sala 1105 del Tribunal Superior de San Juan, a las 9:00 a.m., para realizar la petición que adelataron el pasado miércoles, 25 de mayo.

El PFEI había indicado que la solicitud se produce luego que la jueza Rebecca Vera Ríos, del Tribunal de Primera Instancia de Guayama, determinara causa contra el exlegislador novoprogresista por violaciones al artículo 3.1 (maltrato) de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y el artículo 59 (maltrato) de Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

Igualmente, se le había impuesto una fianza de $10,000, la cuál este prestó a través de un fiador privado, lo cual el PFEI indicó que se dio por cumplida.

“Entre las condiciones que el Tribunal pautó al conceder la libertad a la prueba figuran que: ‘Cualquier violación de las condiciones impuestas conlleva la revocación de la orden de suspensión de los efectos de la sentencia y la reclusión en prisión por la totalidad de la sentencia impuesta’”, informó el panel en aquel entonces.

Según la querella radicada, a eso de las 7:18 a.m. del pasado martes, se alega que este agredió con las manos a la víctima en diferentes partes del cuerpo y que también la jamaqueó.

Cuando la hija de 12 años de la mujer intentó intervenir, presuntamente, la empujó ocasionando que se golpeara con una coqueta.

En el 2017, Rodríguez Ruiz habría protagonizado un incidente similar, aunque no se presentaron cargos por el alegado incidente.

En cambio, sí provocó una investigación legislativa que culminó con su expulsión de la Cámara de Representantes.

De igual forma, la pesquisa estuvo centrada en Soniel Torres Suárez, quien se desempeñaba como directora de la Oficina Legislativa y se declaró culpable de corrupción gubernamental el 23 de enero de 2020.

La exfuncionaria hizo alegación de culpabilidad por los 10 cargos que pesaban en su contra en relación con un esquema en el que se crearon entidades sin fines de lucro con el fin de obtener fondos de la legislatura.