El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) archivó el caso contra el exalcalde de Santa Isabel, Enrique Questell, y otros funcionarios del municipio por una alegada malversación de fondos públicos y omisión al cumplimiento del deber por una designación que se realizó en su ayuntamiento.

Según la Resolución que se radicó el pasado martes, los fiscales especiales Emilio Arill Garcia y Manuel Nüñez Corrada no encontraron prueba encaminada a demostrar más de duda razonable que el entonces ejecutivo municipal no infringió varias disposiciones legales al nombrar a Carmen Rivera Torres al puesto de directora interina de Finanzas del municipio de Santa Isabel.

Desde el pasado mes de junio, Questell Alvarado había sido investigado por el PFEI por supuestamente haber violado los artículos 262 y 264 del Código Penal, sobre la omisión en el cumplimiento del deber y malversación de fondos públicos, además de incumplir con las exigencias de la Ley de Municipios Autónomos y la Ley para Tipificar como Delito Grave la Obstrucción a una Auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Además, el Departamento de Justicia indicó que un informe preliminar de la Oficina del Contralor señalaba que el nombramiento de Rivera Torres fue ilegal debido a que no tuvo el aval de la Legislatura Municipal de Santa Isabel y que la funcionaria no contaba con un bachillerato en un área relacionada con el puesto que ocupaba. También, se mencionó que el informe señalaba varias acciones de Questell Alvarado que obstaculizaron los procesos de auditoría de la Oficina del Contralor en el municipio.

Desde diciembre de 2021, el PFEI había acogido una recomendación del secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, para investigar al entonces mandatario municipal.

Dicha pesquisa se originó con unas alegaciones que enviaran a ese departamento los representantes del Partido Popular Democrático, Estrella Martínez Soto y Héctor Ferrer Santiago.

Los planteamientos de dichos legisladores se centran en que el 5 de abril de 2021, en una vista legislativa celebrada por la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sur Central, el entonces secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo Maldonado, expuso que, durante el verano de 2020, se reunió en una residencia privada del entonces alcalde Questell Alvarado, en relación con una querella en su contra pendiente en el DRNA.

Sin embargo, en julio de este año, el tribunal de Ponce no encontró causa para juicio contra Questell por los cargos que enfrentaba de aprovechamiento ilícito e influencia indebida para resolver la querella en su contra.