La Oficina de Prensa del Panel sobre Fiscal Especial Independiente (PFEI) archivo este viernes el caso contra el alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez Irizarry, luego que una pesquisa determinara que no hubo prueba para determinar intención criminal por contratar en su ayuntamiento a la exsenadora Maritere González López y al doctor Edgar Cancel Zapata, a sabiendas de que ambos son exconvictos.

La determinación se produjo luego que una pesquisa realizada por los fiscales Zulma Fúster y Emilio Arill determinara que el municipio no tenía conocimiento previo sobre el médico que fue nombrado al puesto irregular de médico para el Departamento de Sistema de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (COVID-19). Según una investigación de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, Cancel Zapata era convicto por fraude en violación al Título 18 U.S.C.A. sec. 1028 (1)(2), lo cual surge de una resolución emitida por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica que obra en los documentos relacionados a su reclutamiento en el municipio.

Mientras tanto, el mismo panel indicó que no existía impedimento legal alguno para contratar a González López, quien fue sentenciada el 12 de mayo del año pasado a seis meses de probatoria y el pago de multas por $16,200, como parte del acuerdo de culpabilidad al que llegó por 12 cargos de corrupción a nivel estatal, que fueron reclasificados a negligencia en el cumplimiento del deber como funcionaria.

Por otro lado, los fiscales sostuvieron que tampoco hubo pruebas para determinar que hubo intención criminal por parte de Ramírez Irizarry para conceder estos nombramientos por los que los legisladores del Partido Nuevo Progresista, José González Mercado y Gabriel Rodríguez Aguiló ante el Departamento de Justicia refieron al ejecutivo municipal al Panel del Fiscal Especial Independiente.

En la Resolución del Panel se destaca, que al municipio “le fueron reembolsados los $10,700 pagados a Gonzalez Lopez desde el momento de su convicción hasta que le fue resuelto el contrato. “Habiéndosele restituido al municipio el dinero pagado a Gonzalez López y, en ausencia de prueba de intención criminal que pueda imputársele al alcalde, los fiscales especiales independientes determinaron que procedia el archivo de este asunto”, reza el comunicado.