Si prevalece el presupuesto certificado por la Junta de Supervisión Fiscal según lo determinó ayer la jueza Laura Taylor Swain, el Negociado de la Policía se quedaría sin dinero para pagar los salarios de los agentes, oficiales y empleados civiles, entre los meses de marzo o abril del año entrante.

El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor M. Pesquera, pintó un panorama sombrío para la agencia ya que los recortes propuestos de $37 millones que van dirigidos al pago de la nómina lo que pone en riesgo su operación.

“Nosotros entendemos que al Negociado de la Policía le va a ser extremadamente difícil operar con un déficit de 38 millones de dólares en nómina porque el estudio (de la compañía Vision 2 Action) que manda la Reforma (Sostenible de la Policía) indica que faltan dos mil y pico de policías y, sin embargo, de lo que está existente nos quitan 37 millones de dólares”, detalló Pesquera en una rueda de prensa.

Al preguntarle si estaría dispuesto a recortarse su salario de $248,500 anuales para poder ajustar las finanzas de la agencia, reaccionó cuestionando porqué la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, que devenga un sueldo de $600 mil no hace lo propio. 

“Pregúntale a Jaresko si se va a rebajar los 600 mil? ¿Yo soy la única persona que tiene un salario aquí? ya eso está visto eso no es noticia… No voy a botar policías es que eso no puede pasar yo estoy seguro de que en algún momento dado alguien tiene que reflexionar”, sostuvo Pesquera, quien añadió que si la Junta se compromete a que no reducir el presupuesto de la Policía, “yo renuncio”.

A su vez indicó que tan pronto se dio a conocer la decisión se reunió con el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, José I. Marrero Rosado y el secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado anticipándose a la crisis fiscal que se avecina.

Durante el día de hoy en equipo de financias de los negociados que componen la sombrilla de seguridad se encuentran reunidos para poder establecer las proyecciones exactas hasta el mes en que se tendría que dejar de pagar la nómina que afectarían los servicios esenciales que se les ofrece a la ciudadanía.

Dijo que su argumento es sólido, ya que de lo que está en juego es de la seguridad del país. “Si ellos no lo quieren entender así pues fantástico entonces cuando no se brinden esos servicios esenciales dentro de los componentes de la sombrilla, pa’ acá no brinquen”.