Wilson Soto Molina se mostró tranquilo, como si nada, cuando escuchó a la jueza Vivian Durieux sentenciarlo a cuatro años de cárcel y ordenar a alguaciles ponerlo bajo arresto.

Por varias horas, el convicto ex alcalde novoprogresista de Cataño permaneció detenido y esposado hasta que logró salir bajo fianza, debido a que su defensa radicó rápidamente una apelación y se celebró una vista en la que se le concedió salir tras pagar $5 mil.

Aun así, deberá permanecer bajo restricción domiciliaria y supervisión electrónica.

“No estamos cómodos, estamos un poquito incómodos, pero con mucha paz”, fueron sus primeras palabras al salir del Tribunal de Bayamón mientras hacía las gestiones para costear la fianza.

¿Se esperaba la sentencia de cárcel?

No lo esperaba, pero respetamos la decisión de la jueza.

¿Cómo se sintió cuando le pusieron las esposas, cuando lo pusieron bajo arresto?

Son procesos difíciles.

“Estoy tranquilo, son situaciones que surgen y creemos en el sistema de derecho de este país”, agregó Soto, quien estaba con su padre, Juan.

Cuando se le preguntó qué pasó por su mente cuando escuchó la pena de prisión, dijo que “no pensé nada negativo, con mucha paz”.

Añadió que “sé que no he hecho nada indebido” y que “estoy confiado en la apelación”, que su abogado Harry Padilla sometió horas antes, en torno a la determinación de culpabilidad y la sentencia impuesta.

Como siempre, sostuvo que es “100 por ciento inocente, no he hecho nada indebido”.

No obstante, la jueza no opinó igual cuando, el 17 de junio, lo declaró culpable por nueve cargos de influencia indebida y uno por violar la Ley de Ética Gubernamental.

Los cargos originales eran por soborno, relacionados con cobrar $128 mil para su campaña política por parte de la empresa Oram Engineering, firma contratada para recoger escombros tras el paso de la tormenta Jeanne.

Ayer, Padilla intentó que su cliente fuese sentenciado a pagar multas -ya que los delitos contemplan solamente multa y/o cárcel, no probatoria-, mientras que los fiscales especiales independientes (FEI), Francisco San Miguel y Rubén Falú, argumentaron que debía imponerse pena de cárcel y con agravantes.

Padilla destacó que el informe presentencia preparado por la técnica sociopenal Miriam Morales es positivo para su representado, ya que establece que no tiene historial penal previo, que es una “persona trabajadora y servicial”, que no tiene problemas de sustancias controladas ni alcohol, no tiene condiciones psicológicas, y que sus vecinos lo catalogaron como “una persona buena”.

Falú rebatió con que “del informe surge que no hay ningún tipo de arrepentimiento, por eso estamos solicitando que no se imponga una pena de multa; que se imponga una pena de cárcel”.

Los fiscales también solicitaron que se restableciera el dinero cobrado ilegalmente, lo que fue denegado por la magistrada.

Durieux aclaró que algunos agravantes sometidos surgen de los propios elementos del delito, pero que del informe “surgen atenuantes”, por lo que “procede una pena fija”.

Fue entonces que lo sentenció a tres años de cárcel por cada uno de los cargos por influencia indebida, a cumplirse concurrentemente, y un año por la Ley de Ética Gubernamental, a sumarse a los tres años impuestos.

El abogado resaltó que apelaría, por lo que la jueza le dio hasta las 11:00 de la mañana para hacer el trámite y regresar para celebrar una vista de fianza en apelación.

Mientras, Soto Molina fue puesto bajo arresto.

En la vista, el ex alcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP) salió sin gabán ni corbata, y esposado.

Padilla entregó la moción de apelación y recalcó que desde que su cliente fue arrestado el 26 de marzo de 2009, siempre se ha presentado a sala y ha seguido las instrucciones del tribunal, además de que no representa riesgo de evadir la jurisdicción.

Señaló que la fianza impuesta a la hora de su arresto fue de $100 por cada caso, para un total de $1,000, y proponía que la fianza ahora fuera de $500 por cada cargo, para una suma de $5 mil.

La magistrada acogió la recomendación, pero ordenó que cumpliera bajo restricción domiciliaria con grillete. Aclaró que Soto solamente podría salir a citas médicas suyas o de familiares con permiso de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ). De necesitar salir para cualquier otra gestión, tiene que pedir permiso al tribunal.

Rápidas reacciones

El actual alcalde de Cataño, José A. Rosario Meléndez, opinó que la sentencia es “un paso en la dirección correcta para que se haga justicia”.

“Cataño es un pueblo noble, trabajador y amante de la justicia. Gracias a Dios, y a los electores de Cataño, esa pesadilla terminó el cuatrienio pasado. Para mí, es un honor trabajar día a día y tener la confianza de la gente buena de Cataño”, expresó Rosario Meléndez.

Por su parte, el candidato a alcalde de Cataño por el PNP, Félix “el Cano” Delgado, indicó que “el que le falla al pueblo debe pagar las consecuencias de sus actos”.

“Es triste que el pueblo de Cataño tenga que pasar por la convicción de un ex alcalde y, en la actualidad, un alcalde que enfrenta señalamientos legales. Los catañenses merecen un líder que les devuelva la confianza y la esperanza de que existen tiempos mejores”, dijo Delgado.