La jueza Heidi D. Kiess Rivera, del Tribunal de Arecibo, señaló para el 18 de julio el inicio del juicio en su fondo contra Hermes Ávila Vázquez de 52 años, acusado por asesinato en primer grado, destrucción de pruebas, portación y uso de arma blanca y apropiación ilegal de vehículo, informó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

Hoy se realizó el proceso de lectura de acusación y se citó a una vista sobre el estado de los procedimientos para el 9 de julio para evaluar la evidencia y asegurarse que están listos para iniciarlo.

Al imputado se le concedieron 10 días para que haga su alegación de culpable o no culpable, como lo establecen las reglas, de no hacerlo, se provee una alegación de no culpable y comienza el juicio.

El 3 de junio, el juez Élix A. Morales Cubero, determinó causa para juicio contra Ávila Vázquez tras renunciar a la vista preliminar.

El sujeto, fue acusado el 22 de abril, por el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años y reingresado en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $4 millones.

El cadáver de Meléndez Vega fue localizado el domingo, 21 de abril, a las 4:29 a.m. en el kilómetro 8 de la carretera PR-686, cerca del balneario Los Tubos en Manatí. Estaba semi desnuda, fue degollada y con heridas en la cabeza.

Tras cometer los hechos, presuntamente se llevó el vehículo de la víctima, marca Chevrolet Cavalier, color blanco, del 2000, el cual fue encontrado estrellado con un poste a orillas de la carretera y se presume que huyó a pie. Esa noche, la víctima estaba en la fiesta de cumpleaños del dueño del negocio De Aquí Pa’ Donde y su victimario que en ocasiones trabajaba con él, acudió también, sin embargo, no se ha revelado el momento y el lugar donde la acechó.

A pesar de que desde el 14 de febrero de 2005 cumplía una sentencia de 122 años de prisión por cargos de asesinato en primer grado, secuestro, agresión sexual y violación a la Ley de Armas, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) lo dejó en libertad mediante un pase extendido el 19 de abril de 2023, tras la aplicación de la la Ley Núm. 25-1992, Ley para el egreso de pacientes de SIDA y de otras enfermedades terminales confinados en instituciones penales.

El confinado no cumplía con los requisitos de la ley y tras las evaluaciones de un panel médico de la compañía Physician Correctional, a cargo del Programa de Salud Correccional, le permitieron que quedara en libertad.

El Departamento de Justicia tiene a cargo una investigación del caso para determinar si se configuró algún delito por su excarcelación, al igual que la legislatura también tiene abierta una pesquisa al respecto.

La semana pasada, la secretaria del DCR, Ana Escobar, reveló que refirió a 15 empleado a la División de Disciplina de la agencia para que se inicie un proceso administrativo que podría desembocar en sanciones o hasta su despido por no haber cumplido con su función de supervisar al convicto por asesinato.