La jueza Heidi D. Kiess Rivera, del Tribunal de Arecibo, pautó para el 6 de agosto a otra Vista con Antelación a Juicio contra Hermes Ávila Vázquez de 52 años, acusado por destrucción de pruebas portación y uso de arma blanca y apropiación ilegal de vehículo, al amparo del Código Penal de Puerto Rico, la Ley de Armas y vehículo hurtado, informó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

En la vista de hoy se le planteó al tribunal que no se ha completado el proceso descubrimiento de prueba ya que faltan algunos informes y certificaciones del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y de la División de Crímenes Cibernéticos.

Alguna de esta evidencia consiste en exámenes de ADN, los resultados del análisis y reconstrucción de la escena y del vehículo de la fallecida.

Una vez se entregue la evidencia su defensa, representada por el licenciado Alexis Alcaide, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) anticipó que necesitará tiempo para evaluar el volumen de documentos.

Se anticipó que el juicio en su fondo por tribunal de derecho sigue en pie para 19 de agosto a las 9:00 a.m.

El 3 de junio, el juez Élix A. Morales Cubero, determinó causa para juicio contra Ávila Vázquez tras este renunciar a la vista preliminar.

Ávila Vázquez, fue acusado el 22 de abril, por el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años y reingresado en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $4 millones.

El cadáver de Meléndez Vega fue localizado el domingo, 21 de abril, a las 4:29 a.m. en el kilómetro 8 de la carretera PR-686, cerca del balneario Los Tubos en Manatí. Estaba semi desnuda, fue degollada y con heridas en la cabeza.

Tras cometer los hechos, presuntamente se llevó el vehículo de la víctima, marca Chevrolet Cavalier, color blanco, del 2000, el cual fue encontrado estrellado con un poste a orillas de la carretera y se presume que huyó a pie. Esa noche la víctima estaba en la fiesta de cumpleaños del dueño del negocio De Aquí Pa’ Donde y su victimario que en ocasiones trabajaba con él, acudió también, pero no se conocían.

A pesar de que, desde el 14 de febrero de 2005, cumplía una sentencia de 122 años de prisión por cargos de asesinato en primer grado, secuestro, agresión sexual y violación a la Ley de Armas, pero el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) lo dejó en libertad mediante un pase extendido el 19 de abril de 2023, tras la aplicación de la la Ley Núm. 25-1992, Ley para el egreso de pacientes de SIDA y de otras enfermedades terminales confinados en instituciones penales.

El confinado no cumplía con los requisitos de la ley y tras las evaluaciones de un panel médico de la compañía Physician Correctional, a cargo del Programa de Salud Correccional, le permitieron que quedara en libertad.