Las madres de los jóvenes que fueron asesinados en medio de un concierto de bachata y merengue en el coliseo Rubén Rodríguez, en Bayamón, Aida Gutiérrez y Olga Rivera, prefirieron quedarse fuera de la sala donde el patólogo detalló las heridas de bala que recibieron sus hijos, Juan Luis Cruz Gutiérrez y Shirley Ann Rivera Rivera, respectivamente.

Y es que el patólogo forense Javier Serrano declaró en el juicio por jurado contra Osvaldo “Boli” Báez Alicea, que realizó la autopsia de ambos occisos, cuya manera de muerte fue clasificada como homicidio y la causa, por heridas de bala.

Ante el jurado compuesto por nueve mujeres y cinco hombres -dos suplentes- y el juez José Ramírez Lluch, del Tribunal de Bayamón, Serrano dijo que hizo las autopsias el 28 de febrero.

A preguntas de la fiscal Lorna Colón, el experto detalló que Cruz Gutiérrez, de 22 años, tenía diez heridas de bala en el lado izquierdo de la espalda. Detalló que eran “penetrantes y perforantes, de entrada y salida”, ya que las balas entraron por la espalda y salieron por el frente, por lo que no se recuperó ningún proyectil en su cuerpo. Agregó que fueron hechas a una distancia de tres pies o más, con una trayectoria de atrás hacia adelante, algunas de abajo hacia arriba.

Esto le provocó fractura en las costillas, perforación de la piel, corazón y pulmón, además de perforación de la aorta, estómago, esófago, hígado y baso.

En el caso de Rivera Rivera, de 27 años, manifestó que llegó del Centro Médico, por lo que tenía en su cuerpo “evidencia de procedimientos quirúrgicos” en la pared abdominal anterior.

La joven presentaba siete heridas de bala, de las cuales pudieron recuperarse cinco proyectiles. Los disparos fueron en el lado izquierdo, uno en el costado arriba, cinco en el área de la pelvis y glúteos, y uno de entrada y salida en la parte posterior del brazo. El de la parte superior y del brazo fueron de entrada y salida.
Sufrió perforación de intestinos y estómago, además de trauma muscular.

También, testificó el examinador de armas de fuego, Carlos del Valle, quien evaluó los proyectiles que estaban en el cuerpo de Rivera Rivera, que dijo salieron de una pistola Glock calibre .40. Además, examinó un proyectil disparado compatible con la misma arma, que no fue recuperada.

Sí examinó otras dos pistolas que fueron llevadas al Instituto de Ciencias Forenses por la agente investigadora Karina Ojeda, pero determinó que no fueron disparadas allí.

El abogado Antonio Arraiza le cuestionó por qué le llevaron esas armas como parte del caso y que el informe solo decía los nombres de las dos víctimas fatales y uno de los cinco heridos, y contestó que desconocía.

A preguntas de la fiscal, aclaró que nunca reciben el listado de los perjudicados porque “no es relevante para mi estudio”.

Báez Alicea está sumariado y enfrenta cargos por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y Ley de Armas por los hechos del 26 de febrero, cuando se alega que discutió con una de las heridas, Jennifer Chapman, porque ésta peleó con una amiga suya y fue quien le disparó.

El juicio continúa mañana.