El presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, el senador José Vargas Vidot, opinó hoy que la sentencia impuesta al convicto Hermes Ávila Vázquez por el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega, no soluciona la irresponsabilidad del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y de los contratistas de Physician Correctional al dejarlo en libertad mediante un pase extendido.

Ávila Vázquez fue un asesino confeso dejado en libertad en abril de 2023 por el DCR, a pesar de estar condenado a 122 años cárcel por el crimen, de manera muy similar, de la terapista física Cecilia López García, de 28 años, en septiembre del 2004, cuando salía de un centro comercial en Caguas.

“Esta sentencia no resuelve la irresponsabilidad que hemos señalado directamente a la Physician Correccional y al Departamento de Corrección y Rehabilitación, que no fueron diligentes como para poder detener a una persona que jamás debió haber disfrutado del privilegio de pase extendido y que, a raíz de esa mala decisión, de esa falta de gerencia, de esa compañía que maneja los servicios de salud, una persona muere a manos de ese asesino”, reaccionó el senador independiente.

Ávila Vázquez, de 53 años, acusado por el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega, se declaró culpable hoy antes de iniciarse el juicio en su fondo en el Tribunal de Arecibo y fue sentenciado por la jueza Heidi Kiess Rivera a 102 años de cárcel.

“Por más años que se le pongan de sentencia jamás podrá resucitar a un ser humano que era amado, era amada, respetada por su familia y que van a tener que cargar toda su vida con el recuerdo de haberla perdido en las manos de esta persona que nunca debió haber estado fuera de la prisión”, indicó el senador.

Mañana, martes, la comisión conjunta de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicciónde lo Jurídico y Desarrollo Económico, citó a vistas públicas a Alexis Rodríguez quien fue el investigador asignado por la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, para auditar el proceso mediante el cual el convicto obtuvo los privilegios de la Ley 25 Ley Núm. 25 de 19 de julio de 1992, para disponer que los confinados en las Instituciones Penales de Puerto Rico y los internados en las Instituciones Juveniles a quienes le haya sido diagnosticado que padecen el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) o de cualquier otra enfermedad terminal, puedan ser egresados de las instituciones bajo condiciones que se establecen en la ley.

El informe que rindió surgió después de que la comisión culminara con la primera etapa de vistas públicas.

“Él responsablemente inicia su investigación haciendo un análisis de las cuatro leyes donde se ampara la salida de Hermes Ávila, los tres reglamentos y los procesos que se derivan de la mala aplicación y del mal juicio y de los procesos ineficaces y mediocres que se derivan de la participación de Physician Correccional y de otros elementos dentro de la operación”, dijo el legislador.

Además, conocerán el contenido de las auditorías externas de la empresa UTI Corp sobre el desempeño de Physician Correctional Services, unos siete meses antes de los hechos.

“Me parece que el punto de partida de esta investigación en particular, que a partir de mañana se vuelve pública, es importante tomarla en consideración porque aun cuando yo no tengo la oportunidad de referirme directamente a información que está amparada en confidencialidad con el caso de UTI Corp, el investigador sí hace referencia de esa compañía cuando hace su investigación”, abundó el legislador.

El investigador analizó los expedientes por tomos y hasta entrevistó al convicto. En su expediente sociopenal aparece que fue oficial de custodia durante cuatro años, entre otros elementos.

El 9 de agosto, se informó que ocho empleados DCR podrían ser destituidos de sus puestos o ser disciplinados en las próximas semanas por violar regulaciones existentes, luego de concluir una investigación administrativa las próximas semanas.

Primera Hora requirió una reacción del DCR en torno a su pesquisa, pero no respondió.

Mientras, el Departamento de Justicia, a indagaciones de este diario en torno a la investigación que también realiza, indicó que la misma “continúa su curso en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor”.

“Las investigaciones de naturaleza criminal se llevan a cabo de manera confidencial para evitar que aspectos externos afecten su resultado. Una vez concluya, el Departamento de Justicia informará el resultado con la transparencia y responsabilidad que le caracteriza”, respondió Justicia.

El senador, por parte, garantizó que además de todas las querellas que se puedan derivar de la investigación legislativa en su informe final, de resultar electo, su proyecto prioritario será una reforma rigurosa del Sistema Correccional.