El caso por cargos de corrupción contra el expresidente de la Cámara de Representantes Jaime Perelló Borrás, radicado hace ya más de dos años, sigue detenido en espera de que el Tribunal Supremo resuelva dos apelaciones, relacionadas a dos de los coacusados.

La vista preliminar contra Perelló Borras y los coacusados Glen Rivera Pizarro, José M. Carrión y Xavier González, que está pendiente desde el 15 de agosto de 2017 en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, se volvió a posponer hoy debido a que el alto foro judicial no ha resuelto las controversias de derecho.

Los cargos se relacionan con el contrato por $482 mil otorgado el pasado cuatrienio a la empresa 3 Comm Global del exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD) Anaudi Hernández, para cambiar el cuadro telefónico de la Cámara, bajo la presidencia de Perelló Borrás.

Pese al retraso en la vista preliminar, el fiscal especial independiente (FEI) Ramón Mendoza aseguró que cuenta con unos cincos testigos para sostener los cargos, aunque algunos ya no están en Puerto Rico. “Nosotros no tenemos problemas con la prueba”, sostuvo.

“Siempre el retraso en los procesos afecta el caso específicamente del pueblo de Puerto Rico, pero eso tiene efecto para nosotros y tenemos que trabajar también con el ejercicio del derecho de las partes. No hay nada más que podamos hacer. Ese es el sistema de derecho y tenemos que respetarlo”, dijo Mendoza, quien añadió que en ambas apelaciones “está todo sometido”.

El fiscal reconoció que el retraso también conlleva más costos, tanto para el Estado como para los acusados que costean los honorarios de los abogados que los representan.

En una de las apelaciones, el FEI acudió en alzada al Supremo para impugnar el dictamen del Tribunal de Apelaciones a favor de Rivera Pizarro, quien alegó que las acusaciones estatales en su contra constituyen doble exposición porque fue convicto en el foro federal por los mismos hechos.

La segunda apelación fue instada por Ángel Muñoz Nolla, otro de los coacusados, quien cuestiona la jurisdicción del FEI porque no es funcionario público.

La jueza que tiene asignada la vista preliminar, Ada López Santiago, reprogramó otra vista sobre el estado de los procedimientos para el próximo 7 de noviembre a las 2:00 de la tarde.

Por su parte, Perelló Borrás no hizo expresiones a su salida del Tribunal, pero en ocasiones anteriores ha reclamado que el proceso ha sido “largo y duro”.

Contra el otrora político pesan cinco cargos de intervención indebida en las operaciones gubernamentales, uso de su cargo para beneficio propio, malversación de fondos públicos y violación a la Ley para el Financiamiento de Campañas. 

“Yo no he cometido delito y jamás he defraudado al erario público, pero el proceso no deja de ser muy duro para mí y para mi familia. Es como que la vida no termina de entrar a su curso nuevamente, pero nada, los tiempos no son de uno y, al fin y al cabo, nosotros estamos muy tranquilos y no importa lo que dure, sea un año o tres años, el resultado va a ser el mismo”, ha reclamado el exlegislador, quien a su salida del gobierno comenzó a laborar como vendedor en el sector privado.

“Nosotros realmente estamos locos por ver el caso porque desde el principio he dicho que estos cargos no se van a sostener igual que no se sostuvieron los iniciales que ya se vieron”, dijo por su parte hoy, el abogado que encabeza la defensa, José Andreu Fuentes.

A principios de este año, el juez Aldo González Quesada desestimó cinco infracciones a la Ley de Ética Gubernamental que el FEI también imputó a Perelló Borrás por presuntamente no informar que recibió un donativo político de $10 mil del convicto contable Lutgardo Acevedo.

Los coacusados junto a Perelló Borrás en la vista preliminar pendiente ante la jueza López Santiago enfrentan cargos por extorsión, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento injustificado e intervención indebida en las operacionales gubernamentales. A Muñoz Moya, quien era parte del comité de finanzas de Perelló, se le acusa de aportar $10,000 a la campaña del exlegislador, el mismo día en que firmó un contrato con la Cámara.