La jueza Alexandra Rivera, del Tribunal de San Juan, pautó hoy para el 20 de enero del 2022, el inicio de la vista preliminar contra Juan Maldonado De Jesús sobre las acusaciones que enfrenta por la fallida venta de pruebas rápidas de COVID-19 al gobierno de Puerto Rico a un costo de $38 millones, al inicio de la pandemia.

Los procesos, que habían sido señalados para comenzar hoy reiniciarán a las 2:00 p.m. en la sala 605 ante la jueza Joie-Lin Lao Meléndez, informó la Oficina de Prensa de la Administración de Tribunales.

Maldonado De Jesús fue acusado el 4 de noviembre por cargos de falsificación de documento privado, posesión y traspaso de documentos falsificados, intervención indebida en las operaciones gubernamentales, falsedad ideológica y tentativa de fraude y quedó en libertad al prestar una fianza de $250,000.00, diferida por el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ).

Contra el ejecutivo Aaron Vick, quien, junto a Maldonado De Jesús quien era el representante legal, eran representantes de la empresa Apex General Contractors, se le radicaron los mismos cargos en ausencia con la excepción del delito de falsificación de documentos privado, señalándole una fianza de $200,000.00.

La defensa de Vick demandó en el foro federal al PSAJ, por discrimen al negarse a diferirle la fianza, señalada por jueza Iraida Rodríguez Castro, del Tribunal de San Juan.

En el documento, sus abogados plantean que la directora de PSAJ, Janette Rodríguez, recomendó diferir la de Maldonado De Jesús, quien quedó en libertad condicionada, mientras que en su caso no se lo concedieron porque vive en el estado de Virginia y ello les impide una supervisión efectiva.

Vick se amparó en la Cláusula de Privilegios e Inmunidades de la Constitución de Estados Unidos, que establece que los estados no pueden tratar de manera discriminatoria a sus ciudadanos, ante la alegación de que no tiene los recursos económicos para prestar el total de la fianza.

Los licenciados Ramón M. Mendoza Rosario, Manuel Núñez Corrada y Juan E. Catalá Suárez, del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), determinaron presentar los cargos criminales al concluir su investigación sobre el caso relacionado con la compra de las pruebas COVID-19, tras evaluar las declaraciones juradas en el sumario fiscal remitido por el Departamento de Justicia.

El contrato con Apex fue cancelado poco después de su firma debido a que la empresa que supliría las pruebas tenía especialidad en el área de construcción y carecía de la experiencia en la venta de productos médicos.

La licenciada Mayra López Mulero, abogada de Maldonado De Jesús, ha declarado que el PFEI no tiene jurisdicción sobre su cliente, porque no es un funcionario público.

Surge de la investigación que varios funcionarios y personas sin autoridad legal, intervinieron indebidamente con los procesos de compras y adquisiciones claramente reguladas, incluyendo una presión indebida sobre la entonces secretaria interina del Departamento de Salud para que firmara en 20 minutos una orden de compra sin darle oportunidad a analizarla con el rigor que se exige.