En una conferencia de prensa, integrantess de negociados como el de la Policía, Manejo de Emergencias, Emergencias Médicas, Bomberos y Sistema de Llamadas 9-1-1, entre otros, se unieron para clamar al gobernador Ricardo Rosselló que expulse o le pida la renunciaa al secretario del DSP.

En los recientes días, Pesquera ha dicho que considera que no existe una crisis de seguridad nacional, pero el escenario criminal en Puerto Rico devela otro panorama muy distinto a juzgar por la cifra de asesinatos ocurridos en el País.

En los primeros nueve días del año se han registrado 20 asesinatos, lo que significa un promedio de una muerte violenta cada 10 horas.

A este sombrío horizonte se suma el hecho de la crisis  administrativa  y operacional que enfrentan las agencias bajo la dependencia del DSP. 

Ante la situación, surge el reclamo de los trabajadores adscritos a las agencias de seguridad nacional.

De hecho,  algunos como el presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa, cuestionaron la capacidad mental de Pesquera para seguir frente al DSP.

“A la edad que él tiene, o está pasando por demencia senil o de alguna manera está afectado psicológicamente porque está mirando hacia el lado contrario a lo que mira el pueblo”, dijo Figueroa al instar a Pesquera a visitar alguno de los siquiatras disponibles en el cuerpo policial.

Agregó que  Pesquera sufre “el síndrome de quemazón” y adjudicó que su comportamiento pudiera ser consecuente del trabajo que ejerció como agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) “dentro de una unidad que tenía que ver con terroristas de Venezuela dentro de los Estados Unidos y con grupos de insurgencia y otras cosas parecidas”.

Otros líderes insistieron en que se debe atender la crisis de personal  y equipos que experimentan las agencias adescritas al DSP.

“En cada uno de los negociados hay desbarajustes administrativos, carencia de recursos humanos y carencia de equipos para que cada uno pueda realizar una responsable labor de  seguridad. Y el denominador común en esta crisis tiene nombre y apellido: Héctor Pesquera”, dijo Ismael Rivera del Sindicato de Policías Puertorriqueños (SPP).

Además, entre las denuncias salió a relucir que Pesquera, supuestamente, humilla a sus subalternos y le lleva información errónea al gobernador sobre la situación actual que atraviesan los negociados.

Por ejemplo, mencionaron el hecho de que el secretario insista en que en la Policía hay poco más de 11,000 agentes, cuando la realidad es que actualmente en la Policía se desconoce el paradero de 1,054 empleados, quienes se presume pudieron haberse ido fuera del País.

Asimismo, se  le señaló de corromper la cadena de mando  en los negociados, lo que provoca que los comisionados de las agencias se vean imposibilitados de actuar por criterio propio “pues todo lo tiene que aprobar Pesquera”.

“Esto ha provocado que se hayan ido varios jefes, como ha ocurrido en el Negociado de Ciencias Forenses, Emergencias Médicas y en el Sistema de Llamadas de Emergencia 9-1-1”, indicó Rivera.

Primera Hora requirió una reacción del secretario del DSP a través de su enlace de prensa Karixia Ortiz, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. 

9-1-1

Una de las agencias de seguridad que está enfrentando una de las peores crisis de su historia es el Sistema de Emergencia 9-1-1, dependencia que en los últimos ocho meses ha perdido 45 de los 160 telecomunicadores que atienden las llamadas de auxilio.

Así lo denunció Luis Rivera, representante de los empleados del Sistema, quien alegó que desde la llegada del secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP) las operaciones de la agencia han tambaleado.

“En los pasados dos años hemos tenido tres directores ejecutivos y uno transitorio... como quien dice no nos hemos logrado establecer. Y a eso hay que sumarle que en los últimos ocho meses renunciaron 45 de los 160 telecomunicadores que teníamos y que en este mes nos renuncian cinco más”, detalló.

Manifestó que el poco personal que queda hace de tripas corazones para ejercer con responsabilidad sus funciones, pero en ocasiones “es imposible”.

“Cuando usted llama al 9-1-1 lo ideal es que respondamos en 20 segundos pero, realmente, eso no está sucediendo. En horas pico, la espera puede ser de más de seis minutos e incluso, es probable que la persona termine enganchando. Y  no es que no queramos responder, es que no damos abasto”, dijo Rivera.

Agregó que la situación empeora cuando tratan de canalizar la emergencia con otras agencias del DSP que también confrontan problemas de operación. Entonces, lo que debería resolverse en un periodo de 15 minutos, podría extenderse hasta por 45 minutos.

“Nuestra función es conectarnos con otros negociados para resolver la emergencia. Pero a veces llamamos, por ejemplo, a la policía y nos dicen que no tienen patrullas en esa jurisdicción. O llamamos a los bomberos y no tienen personal o camión disponible. Estas demoras en otras agencias provocan una crisis de seguridad y no es culpa de nosotros. Es un asunto administrativo que hay que resolver”, indicó el operador.

En términos de tecnología, dijo, el sistema computadorizado está “obsoleto”.

Bomberos

Las quejas sobre el pobre desempeño de Héctor Pesquera como máximo líder del Departamento de Seguridad Pública (DSP) se extienden al Negociado de Bomberos de Puerto Rico, agencia donde sus empleados han pasado el Niágara en bicicleta durante el pasado año. Y el futuro luce desolador.

“Aquí tenemos que hacernos una sola pregunta y es sencilla: ¿qué negociado o agencia de las que componen el DSP está en mejores condiciones que hace año y medio (cuando se nombró a Pesquera)? Todos los negociados, todos están quebrados y en crisis”, expresó José Tirado del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico (SBUPR).

En el caso de los bomberos, recordó que durante tres meses “estuvimos llorándole al  Gobernador (Ricardo Rosselló)” para que destinara  una asignación que asegurara la nómina de 41 bomberos contratados bajo un programa federal y que corrían el riesgo de perder sus empleos en diciembre.

Estos 41 bomberos –que originalmente eran 50– fueron reclutados en el 2016 bajo el programa federal Staffing for Adequate Fire and Emergency Response Grants (Safer). 

Finalmente, Rosselló  determinó retener este personal con unos ahorros de $500 mil identificados en el  DSP y que cubrirían los gastos salariales hasta el 30 de junio de 2019.

“Ahora mismo estamos en las estaciones sin gente y con más de 320 plazas de bomberos vacantes que no se llenan. Nunca antes habíamos estado en una crisis como esta. Aquí sencillamente nos hemos quedado sin departamento de bomberos en dos años”, dijo Tirado.

Agregó que el gobierno federal presentó una propuesta para reclutar a 70 bomberos pero ha habido inercia por parte del gobierno local. 

“Los federales proponen pagar el 75% de la nómina en el primer y segundo año de empleo y el 50% el tercer año... y no aparece el millón de dólares que se necesitan para costear ese tercer año y poder reclutar a esos 70 compañeros que tanta falta nos hacen. O sea, esto es una crisis institucional provocada por Pesquera”, añadió.

Emergencias Médicas

La alarmante baja de paramédicos en un periodo de dos años es el principal escollo que se enfrenta en el Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico.

  Según explicó Griselle Natal, portavoz de Paramédicos Unidos de Puerto Rico (PUPR), la crisis de la agencia la encabeza el éxodo de recurso humano en la agencia que para el 2016 contaba con 1,000 empleados. Actualmente, esa cifra es de poco menos de 400 paramédicos.

“Han ido renunciando. Es una situación bien seria. La poca paga y el hecho de que nos hayan quitado y reducido beneficios como los días de vacaciones y subido a 40 años la fecha hábil para el retiro ha causado que los compañeros dejen la agencia y busquen nuevos trabajos en Estados Unidos”, manifestó Natal.

Agregó que de los paramédicos disponibles “la mayoría” son transitorios a los que se les puede cancelar el contrato “de un día para otro”.

El Negociado  lo componen once zonas que abarcan 58 bases de emergencias médicas que están ubicadas en cuarteles, centros de salud, entre otros lugares en los que se sienten “arrimados”.

Pero lo peor de todo es que no todas las bases cuentan con ambulancias, lo que genera un “caos” al momento de atender una emergencia.

“Hemos tenido situaciones en que de una base de Ponce salen a atender una emergencia en Coamo, ante la falta de personal y ambulancias en esa zona. No damos abasto… esto es un tema de seguridad que debemos atender de inmediato”, aseveró la líder de la organización.

Insistió en que en varias ocasiones ha solicitado una reunión con el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, y el reclamo ha caído en oídos sordos.

De otra parte, dijo que la falta de pagos extras por trabajo  realizado desde 2012 no se ha concretado en su totalidad a cientos de paramédicos.

“Hicieron sólo algunos pagos, pero todavía nos deben”, expresó quien recurrió a la Legislatura en busca de auxilio de representantes y senadores.

“Tenemos una reunión pautada con algunos legisladores para las próximas semanas y esperamos que escuchen nuestras preocupaciones y que acojan una idea que tenemos de que nos fusionen con el Cuerpo de Bomberos... eso mejoraría, en parte, nuestra situación”, explicó.