El inicio del nuevo juicio contra Pablo Casellas Toro, acusado de asesinar a su esposa Carmen Paredes en el 2012, deberá continuar esperando mientras se lleva a cabo un proceso de apelación paralelo en Tribunal Apelativo por uno de los cargos que se le imputa y se completan otros trámites necesarios, y en la opinión tanto de la fiscalía como de su defensa, con toda probabilidad no podrá comenzar en este año.

De hecho, luego de revisar varios asuntos procesales durante la vista de estatus que tuvo lugar en el tribunal de Bayamón, la jueza Nerisvel Durán Guzmán pautó una próxima vista de estatus para el próximo 10 de noviembre.

Casellas Toro, que continúa encarcelado en lo que completa los trámites para pagar la millonaria fianza en su contra, escuchó los procedimientos de manera remota, a través de un sistema de videoconferencias.

El ex corredor de seguros enfrenta cargos de asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas y destrucción de pruebas. Ese último cargo, uno menos grave, es el que está bajo revisión en el Apelativo.

El caso contra Casellas Toro ya tuvo un primer juicio en el 2014, en el que fue encontrado culpable, y sentenciado. Sin embargo, el veredicto del jurado no fue unánime y recientemente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó que las condenas en casos de delitos graves tenían que darse con veredictos unánimes. Esa determinación abrió las puertas a que casos todos aquellos casos de condenas con por delitos graves que aun estuvieran en alguna fase de apelación pudieran solicitar nuevo juicio, como sucedió con Casellas Toro.

Durante la vista de este jueves, trascendió que el abogado de Casellas Toro, Harry Padilla, sometió un escrito ante la corte para solicitar que la fiscalía, que en la vista estuvo representada por la fiscal Janet Parra, detalle los beneficios que ha ofrecido a algunos testigos.

La jueza concedió 10 días a la fiscalía para atender ese reclamo, aunque la fiscal Parra adelantó que, en el caso de un testigo al que se le otorgó inmunidad, ese acuerdo permanecía inalterado.

La jueza concedió además tiempo adicional para que avance el proceso paralelo en el Apelativo, donde también tendrá que estar participando el abogado Padilla.

“Hay un proceso en el apelativo, y uno acá en instancia. Básicamente la prueba que se va a utilizar en el proceso que está en el Apelativo es la misma en parte que se va a utilizar acá. Así que nosotros pedimos permiso al Apelativo para que nos dejara radicar en el Apelativo una copia certificada de la prueba. El Apelativo así nos lo confirió y entonces ahora le pedimos al Tribunal de Instancia que nos entregara la prueba, para entonces nosotros trabajar con la prueba que radicamos en el primer juicio”, comentó la fiscal Parra, aclarando que se trata de “toda la prueba que se radicó en el primer juicio, armas de fuego, transcripciones, informes periciales”.

Padilla abundó que el Apelativo “ordenó un nuevo juicio en tres casos de Pablo (Casellas Toro) y ordenó la continuación del proceso apelativo del caso menos grave, que no tiene jurado en el derecho puertorriqueño. Ese proceso apelativo continúa”.

Agregó que Tribunal Apelativo invitó a la defensa de Casellas Toro y la Oficina del Procurador para que informaran cuantos “de los 38 testigos que se usaron en el juicio, 30 que declararon y 8 que se estipularon, iban a ser fundamentales en el caso menos grave”, pues se trata de una transcripción “como de 10,000 páginas”. Dijo que las partes se sentaron y determinaron que solo seis testigos serían fundamentales para el caso menos grave, con lo cual se reducían las transcripciones necesarias. No obstante, luego se percataron que solo serían necesarias cinco transcripciones porque uno de esos seis testigos nunca llegó a declarar.

Lo mismo hicieron con los documentos, determinaron aquellos necesarios para el proceso en el Apelativo, para que el Tribunal de Bayamón certificara esos documentos y los enviara al Apelativo.

“Sigo litigando en ambos foros”, sostuvo Padilla, mientras continuaba detallando los pormenores legales del caso. Recordó además que hay otro contratiempo, que es que el juez del proceso anterior falleció, y por lo tanto no puede resolver posibles controversias sobre transcripciones, lo obligaría a la jueza del proceso actual a escuchar las transcripciones para resolverlas. Para evitar esas posibles controversias, están ambas partes haciendo transcripciones estipuladas, donde ambas partes están de acuerdo en lo que dice y las someten al tribunal.

En lo relacionado al pago de la fianza para que Casellas Toro pueda salir de la cárcel, Padilla explicó que “es un proceso complejo”, porque se trata de varias fianzas, que a su vez se pagan de manera diferente, ya sea en efectivo, a través de fiadores o incluso con propiedades. Detalló que su cliente tiene una fianza global de $2 millones, de los cuales $1 millón corresponde al cargo de asesinato, $500,000 al de violación a la Ley de Armas, y los otros $500,000 por el cargo de destrucción de evidencia. Dichos casos exigen además que para emitir la fianza haya un tercer custodio, que generó otra controversia adicional cuando la defensa nombró a una hija de Casellas Toro. Eventualmente el tribunal falló a favor de Casellas Toro y autorizó que su hija fuera el tercer custodio.

Padilla explicó que posteriormente se percató que la ley permitía la fianza diferida en uno de los casos, el de destrucción de evidencia, por lo que el sometió una petición al respecto al tribunal, que le dio razón. De esa forma, Casellas Toro tendría que poner $1.5 millones de fianza, y el resto lo podría hacer de manera diferida. Padilla agregó que están “haciendo las gestiones para prestar la fianza, y la esperanza mía es que pronto se vaya a prestar esa fianza”.

En cuanto al comienzo del juicio, la fiscal Parra estimó que “no estimo que sea pronto. Como le dije a la jueza para el récord, en el proceso inicial nos tardamos un año en escoger jurado y no teníamos esta situación de la pandemia. Imagínense ahora con una situación de pandemia, escoger un jurado va a ser un proceso muy largo. Va a ser muy difícil que empiece este año”.

El abogado Padilla coincidió en que será difícil que el juicio pueda comenzar este año.

“Con la situación de la pandemia, y como está el protocolo de la rama judicial, que felicito por el protocolo que tienen, yo dudo que este proceso se pueda ver en lo que queda de año, por lo complejo que lleva. Siendo conservador, este caso estamos hablando de enero o febrero del año que viene”, evaluó Padilla.

El abogado hizo un ejercicio de cálculo de los paneles de jurado que evaluaron en el proceso anterior, que conllevó unos 20 paneles con unos 280 candidatos. Sin embargo, parte de ese proceso, cuando el juez o jueza da las instrucciones y hace las preguntas básicas, se hacía con hasta seis o siete paneles a la vez, y podía tomar dos días. Sin embargo, ahora con las medidas de seguridad por el COVID-19 ese proceso tendrá que hacerse con un panel a la vez, lo que supone que tomará mucho más tiempo hacer ese proceso de selección de ese jurado.

“Ese proceso de escoger ese jurado va a tomar meses”, estimó Padilla.