El juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, atenderá este próximo martes una demanda radicada por varios padres de estudiantes del Departamento de Educación en la que buscan que no se les obligue a vacunar a sus hijos contra el COVID-19 para poder asistir a clases.

El abogado de los demandantes, Adrian Díaz, indicó a Primera Hora que con su demanda buscan “que se respete el derecho (de decidir si se vacuna o no), porque ningún producto que invada tu cuerpo puede ser obligatorio o se puede coaccionar a una persona para usar unos productos que a todas luces que no son eficientes”.

“La pregunta es: ¿por qué poner en riesgo a unos niños?”, precisó.

El abogado levantó objeción sobre la efectividad de la vacuna contra el COVID-19, rechazó que en la Isla exista una emergencia y estipuló que los medicamentos producidos por Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson todavía no han sido aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés), sino que se autorizó su uso.

“Ellos están creando una emergencia donde no existe una emergencia. En Puerto Rico no existe una emergencia ahora mismo para tratar de justificar algo para adelantar los intereses de las personas que están en el proceso de vacunación y están amenazando los derechos fundamentales a la educación y al trabajo y poniendo el riesgo la vida de nuestros niños”, estipuló el letrado.

Indicó que es “inmoral” obligar a las personas a vacunarse y que tal obligatoriedad se presta para que se discrimine contra aquella persona no inoculada contra el COVID-19.

“Él (el gobernador Pedro Pierluisi) miente a la población cuando dice que estas vacunas no hacen daño, porque en el sistema de vigilancia de efectos adverso a vacuna del Departamento de Salud federal existen más de 11,000 muertes reportadas relacionadas a la vacuna y más de 430,000 efectos adversos reportados a ese sistema”, sostuvo Díaz.

En aspectos legales, la demanda establece que el gobernador no podía delegar poderes al secretario de Salud, Carlos Mellado, para que este estipulara tal obligatoriedad de las vacunas en los escolares. Establece que ese poder solo lo da la Legislatura.

“Si alguna agencia va a emitir una reglamentación que afecte los derechos de un ciudadano de la manera que sea, se tiene que llevar a un proceso de reglamentación formal y eso tampoco ha ocurrido”, dijo.

Díaz enumeró que la directriz también violenta varios derechos constitucionales, específicamente los que tienen que ver con la intimidad de una persona, el debido proceso de ley y la igual protección de las leyes.