Un grupo de padres que se opone a vacunar a sus niños contra el COVID-19 para este inicio de clases presentará sus argumentos legales esta tarde ante el juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

La demanda, radicada la semana pasada por 126 padres de estudiantes, es contra el gobernador Pedro Pierluisi y el secretario de Salud, Carlos Mellado. Se sometió luego de que Salud estableciera la obligatoriedad de la vacunación en los estudiantes con 12 años o más para los que está disponible.

El abogado de los demandantes, Adrian Díaz, indicó a Primera Hora la semana pasada que con su demanda buscan “que se respete el derecho (de decidir si se vacuna o no), porque ningún producto que invada tu cuerpo puede ser obligatorio o se puede coaccionar a una persona para usar unos productos que a todas luces que no son eficientes”.

La semana pasada el juez Martínez Piovanetti declaró no ha lugar la petición de entredicho provisional. Citó a las partes para este martes para discutir los argumentos legales para decidir si concede la sentencia declaratoria, interdicto y compensación por daños que solicitan los padres.

En aspectos legales, la demanda establece que el gobernador no podía delegar poderes al secretario de Salud, Carlos Mellado, para que este estipulara tal obligatoriedad de las vacunas en los escolares. Establece que ese poder solo lo da la Legislatura.

“Si alguna agencia va a emitir una reglamentación que afecte los derechos de un ciudadano de la manera que sea, se tiene que llevar a un proceso de reglamentación formal y eso tampoco ha ocurrido”, dijo.

Díaz enumeró que la directriz también violenta derechos constitucionales, específicamente los que tienen que ver con la intimidad de una persona, el debido proceso de ley y la igual protección de las leyes.

“Se está obligando el uso indiscriminado de estos productos de vacunas, sin habérseles otorgado una aprobación y licencia de mercado, distribución y sello “F.D.A Approved”, alega la demanda.

Por estas supuestas violaciones a los derechos, los demandantes piden una compensación no menor de $50,000 por cada uno de demandantes, otra de $20,000 por daños morales y angustias mentales sufridas y otra partida de $75,000 por concepto de honorarios de abogado.