Tras haber estado sumido en una batalla legal por los pasados 11 años, el excorredor de seguros e hijo de un fenecido juez del Tribunal federal, Pablo Casellas Toro determinó este jueves declararse culpable del asesinato de su esposa, Carmen Paredes Cintrón, en una urbanización de la zona de Torrimar, en Guaynabo.

De inmediato, la jueza Nerisvel Durán Guzmán, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, lo sentenció a cumplir 45 años de prisión por cargos de asesinato en segundo grado, con pena de segundo grado severo, violaciones a la Ley de Armas y destrucción de evidencia, como resultado del acuerdo entre las partes. Fue ingresado a la penitenciaría en Bayamón.

La movida de lograr un acuerdo con el Departamento de Justicia se dio por 26 razones, incluyendo la publicidad excesiva que ha tenido el caso desde que ocurrió el asesinato el 14 de julio de 2012, la muerte del perito principal de la defensa, así como la posibilidad de que pudiera no tener que cumplir la totalidad de la sentencia al acogerse a la Ley 85 de la Junta de Libertad Bajo Palabra, expresó el abogado de Casellas Toro, Harry Padilla.

“Juez, estoy listo para la sentencia de este tribunal”, expresó el ahora convicto, de 59 años, tras anunciar su declaración de culpabilidad.

Casellas Toro nunca pidió perdón ni expuso públicamente que mató a su esposa. De hecho, Padilla dejó claro que su cliente mantuvo la “presunción de inocencia” en el acuerdo de culpabilidad alcanzado con Justicia.

En cambio, en su mensaje previo a ser sentenciado, el ahora convicto agradeció el apoyo de sus hijas y de Padilla.

“Me siento agradecido por tener hoy a mis dos hijas conmigo. Su apoyo me ha sostenido durante todo este proceso”, dijo.

En el acuerdo alcanzado con Justicia, se negoció disminuir el cargo principal de asesinato en primer grado a asesinato en segundo grado severo. Esto permitió que Casellas Toro tuviese una significante disminución de los años que tendrá que cumplir en prisión comparado a su primera sentencia, que fue de 109 años entre las rejas. Pero, esta pena quedó sin efecto, debido a que durante el primer juicio el jurado no alcanzó un acuerdo por unanimidad.

Ordenado un nuevo juicio por el Tribunal Supremo, a mediados de este mes se comenzó nuevamente el proceso para la selección del jurado que atendería el segundo juicio que debía enfrentar Casellas Toro por el asesinato de su esposa. En medio de los preparativos, se dio el diálogo que condujo a este acuerdo de culpa anunciado ante la jueza.

De inmediato, la jueza determinó sentenciar al hombre a permanecer encarcelado por los próximo 45 años. Específicamente, deberá cumplir 25 años de prisión el cargo de asesinato en segundo grado severo, 20 años consecutivos por violación a la Ley de Armas y de forma concurrente cumpliría con una pena por el cargo de destrucción de evidencia, detalló Padilla a Primera Hora.

A esta condena, se le disminuirían los seis años, seis meses y 26 días de prisión que ya cumplió durante su primera condena.

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Este acuerdo se dio, según informó a Primera Hora el fiscal Edwin Ortiz III, de la Fiscalía de Aibonito, debido a que le defensa de Casellas Toro “tuvo unos acercamientos, como en todo proceso, verdad, que culminaron en la alegación preacordada”.

“La defensa sí hizo un acercamiento para tratar de explorar una alegación preacordada, la que pudimos llegar en el día de hoy”, añadió.

La jefa de los fiscales, Jessika Correa González, destacó que con el acuerdo, Justicia se anota una segunda convicción contra Casellas Toro por el asesinato de Paredes Cintrón.

“Hoy todos los que estuvieron en sala pudieron escuchar cómo él, por su propia voz, aceptó la culpabilidad de haber asesinado a su esposa Carmen Paredes. Con esta alegación, el Ministerio Público logra una convicción inapelable y que va a terminar un procedimiento que, aunque estábamos preparados para verlo, estimábamos que va a tomar muchos años de procesos apelativos ante los nuevos retos que atrae ver un juicio casi 11 años después. El Ministerio Público estábamos preparados, pero estábamos conscientes que teníamos que trabajar esto y preveíamos un montón de años más (en litigio)”, sostuvo Correa González..

Acoge acuerdo

Este acuerdo se alcanzó con el apoyo del hermano de la víctima, Joseph Paredes.

En un aparte con este diario, Paredes aceptó que, tras la muerte de su hermana y sus padres, necesitaba darle punto final a este capítulo.

“Yo pensé que los abogados saben más de leyes de lo que yo sé. No sé los detalles, aunque estoy familiarizado con el caso. Pero, necesitaba un cierre. Son 11 años de nuestras vidas. He perdido a mi mamá (Aracelis Cintrón Vázquez), mi padre y mi hermana (Carmen). No podía continuar con este sufrimiento perpetuamente. Él admitió que lo hizo. Es un cierre. Es todo lo que nosotros necesitábamos”, manifestó.

Dijo que la sentencia de 45 años en prisión le pareció justa, ya que Casellas Toro tiene alrededor de 60 años y tendría 105 años cuando culmine de cumplirla.

Pero, con lo que Paredes no contaba es que parte de la estrategia de la defensa para alcanzar este acuerdo fue motivada por la oportunidad que alegan tener los abogados de defensa, Padilla y Kendys Pimentel Soto, para que Casellas Toro no cumpla toda la condena por este feminicidio.

“El caso de Pablo Casellas no ha terminado. Ahora comienza la labor para sacarlo nuevamente”, dijo Padilla a la prensa.

“El caso de Pablo Casellas está tan vivo como estamos nosotros”, añadió.

El abogado -que se distingue por sus movidas apelativas que, por ejemplo, lograron que el exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, no cumpliera ni un solo día de prisión por el caso de hostigamiento sexual que atravesó- no quiso exponer cómo obtendrían una temprana liberación para su cliente, toda vez que ya no pueden apelar una declaración de culpabilidad preacordada. Pero, le dio énfasis a la Ley 85 de la Junta de Libertad Bajo Palabra y la Ley 87 que enmendó el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011.

Específicamente, la Ley 85 expone que “toda persona convicta bajo las disposiciones de este Código podrá ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad Bajo Palabra al cumplir el setenta y cinco por ciento (75%) del término de reclusión impuesto. Este cómputo nunca excederá de quince (15) años cuando se trate de un adulto”.

Descontando los seis años y seis meses de prisión ya cumplidos por Casellas Toro, este podría beneficiarse de esta disposición en unos cinco años y medio.

La Ley 87, entretanto, se modificó para que las personas sentenciadas bajo los Códigos Penales de 2004 y 2012, como Casellas Toro, tengan la oportunidad de recibir bonificaciones por buena conducta y asiduidad. Esta enmienda excluye a personas sentenciadas a 99 años de prisión por delitos como el de asesinato en primer grado. Pero, tal delito se le reclasificó con el acuerdo de culpa alcanzado.

Declaraciones del Departamento de Justicia

En una declaración escrita, el Departamento de Justicia indicó que esta determinación de llegar a un acuerdo con Casellas Toro garantiza una convicción inapelable por la muerte de Paredes Cintrón y culmina para siempre un extenso proceso judicial que podría tomar años.

El excorredor de seguros resultó convicto por el crimen, cometido el 14 de julio de 2012, cuando en enero de 2014 un jurado lo declaró culpable mediante un veredicto con una votación 11-1.

Sin embargo, mientras se daba una extensa batalla entre la Fiscalía y la defensa en el Tribunal de Apelaciones, ese veredicto quedó anulado cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió en el caso Ramos v. Louisiana que, conforme a la Constitución federal, todos los veredictos debían ser unánimes y que esta determinación aplicaría a todos los casos pendientes de apelación.

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La nueva norma jurídica provocó el comienzo de un nuevo juicio el pasado 12 de octubre. Luego de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, Casellas Toro se declaró culpable, poniendo fin a un proceso judicial que podría tomar años de litigio, tomando en cuenta la complejidad y la naturaleza del caso.

Desde el año 2020, el ahora convicto se encuentra bajo arresto domiciliario con grillete electrónico, tras prestar una fianza de $2 millones. Luego de aceptar haber dado muerte a quien fuera su esposa y madre de sus dos hijas, Casellas Toro deberá ser ingresado a prisión inmediatamente.

“Con la alegación de culpabilidad, el Departamento de Justicia de Puerto Rico garantiza la convicción inapelable de Pablo Casellas por la muerte de Carmen Paredes. Igualmente, culminamos para siempre un extenso proceso judicial que podría tomar más de un año y ahora requiere una decisión unánime por parte de un jurado. De esta forma, evitamos la revictimización de los familiares de Carmen, quienes brindaron su anuencia, pues han sufrido por más de una década y merecen tener paz”, sentenció el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

”Por segunda vez tenemos a Pablo Casellas convicto del asesinato de Carmen Paredes. Esta vez, afirma con su voz que es culpable y va directo a prisión”, añadió Emanuelli Hernández.

El secretario de Justicia y la jefa de los fiscales, Jessika Correa González, reconocieron la labor de los fiscales Gabriel Redondo Miranda, Iván Rivera Labrador, Lis López Rivera y Edwin Ortiz Rivera III, quienes representaron al Ministerio Público durante el nuevo juicio.

”Hicieron un trabajo encomiable al reconstruir prácticamente el caso después de una década. Preparar nuevamente un caso como este no es tarea fácil y estos fiscales lo hicieron durante un año con alto grado de profesionalismo y compromiso”, manifestó Emanuelli Hernández.

La jefa de los fiscales, Jessika Correa González, anunció la determinación desde el Tribunal de Bayamón acompañada del hermano de la occisa y la fiscal Phoebe Isales, quien formó parte del equipo que litigó el caso durante el primer juicio y apoyó al equipo de fiscales durante la preparación para el segundo proceso judicial.

“El Departamento de Justicia hizo su trabajo cuando logró la convicción de Pablo Casellas en 2014. Una decisión del Tribunal Supremo federal le benefició y casi diez años más tarde se ordenó la celebración de un nuevo juicio. El Ministerio Público retomó el proceso preparado, pero el paso del tiempo tiene su efecto. Sin duda, un segundo juicio siempre representa nuevos retos y mayores riesgos para ambas partes”, puntualizó Correa González.

Si el jurado no lograba ponerse de acuerdo para emitir un veredicto unánime durante el segundo juicio, el Estado quedaba limitado de proceder en un tercer proceso.