El empresario colombiano, Oscar Santamaría, así como el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, figurarán como testigos del caso criminal que lleva la Fiscalía federal contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, por corrupción pública.

El listado de los testigos se dio a conocer durante el proceso de selección del jurado que inició este lunes, ya que la jueza federal Aida Delgado Colón les cuestionó a las personas que potencialmente podrían juzgar al exalcalde si conocían a algunas de las personas a modo personal o profesional.

Fue el fiscal federal Nicholas Warren Cannon quien leyó el listado de testigos. Resonaron Santamaría y Delgado. Ambos cuentan con acuerdos con la Fiscalía federal, que lo llevarán a cumplir una pena mínima en prisión, por su cooperación en este y otros casos por corrupción pública.

De hecho, Pérez Otero fue arrestado luego de que Santamaría y Delgado acordaran cooperar con la Fiscalía federal para revelar un presunto esquema en el que empresarios daban dinero en efectivo a los alcaldes a cambio de contratos o mantener contratos con sus municipios.

Se alega que Pérez Otero, quien llegó a presidir la Federación de Alcaldes, recibió entre finales de 2019 a mayo de 2021 pagos de $5,000 mensuales por parte de Santamaría a cambio de un contrato para la empresa de construcción Island Builders. Por los supuestos delitos, fue acusado por un gran jurado federal a principios de diciembre de 2021 de soborno, conspiración y extorsión.

Otros de los testigos que usará la Fiscalía federal para sentar las bases de su caso criminal son el exdirector de Recursos Humanos del municipio de Guaynabo, Eduardo Farría, así como la abogada Sara Rodríguez, de la Oficina del Contralor Electoral.

Otros nombres mencionados fueron Carlos de Jesús Pagán, dueño de la empresa Island Builders; el agente federal Miguel Rodríguez; Abraham David Espada; Héctor Blaudell, e Ibis Figueroa, quien trabaja en el Head Start de Guaynabo y afirmaría que el municipio recibe sobre $10,000 en fondos federales para su operación.

Durante el proceso de selección de jurado, el fiscal federal también mencionó otros nombres. La jueza hizo claro que no serían testigos, pero sí mencionados durante los interrogatorios. En la lista, figuran varios exalcaldes que se han declarado culpable por participar en este esquema de corrupción liderado por Santamaría. Estos son los de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués y Javier García Pérez; de Humacao, Reynaldo Vargas, así como de Trujillo Alto, José Luis Cruz.

En la lista también están varios empresarios que se han declarado culpables. Estos son José “Bou” Santiago, Raymond Rodríguez Santos y Mario Villegas.

Asimismo, se mencionaron los nombres de la esposa de Pérez Otero, la exrepresentante y exjueza, Liza Fernández; el exvicealcalde de San Juan, Alberto Escudero, así como del exalcalde de Cidra y exsecretario Auxiliar para Asuntos Municipales de la administración de Pedro Pierluisi, Javier Carrasquillo.

Carrasquillo es investigado por un fiscal especial independiente (FEI) por un supuesto contrato de asesoría que tenía Santamaría de asesoría en el municipio de Cidra.

En la querella se alegó que Santamaría tenía un contrato de asesoría en el municipio de Cidra y determinó disolver un contrato de recogido de basura por $14.7 millones. Entre los posibles delitos que se investigan figuran aprovechamiento ilícito de trabajo o servicios públicos, intervención indebida en las operaciones gubernamentales y soborno.

Al jurado también se le cuestionó si conocen o están asociados a algunas de las empresas que se destacarán durante el juicio, como la de construcción, Island Builders, y la de recogido de basura, Waste Collection. Estas empresas fueron utilizadas por Santamaría en otros municipios para cometer sus sobornos, según ha trascendido.

Entre otras cosas, al jurado se le preguntó si tenía algún impedimento personal, religioso o profesional para atender el juicio, si ha dado donativos a campañas políticas, si leyó reportes de prensa sobre Pérez Otero y lo creyeron culpables, así como si creen que todos los políticos son corruptos. La mayoría de las respuestas de las 60 personas que se evalúan como potenciales jurados y cuya mayoría son adultos mayores estuvieron relacionadas a impedimentos por asuntos personales, principalmente asuntos médicos o de vacaciones, para permanecer en el juicio.