El empresario colombiano, Oscar Santamaría, reveló este lunes que desde finales del 2018 le entregaba de manera regular dinero en efectivo Ángel Pérez Otero para que saldara la deuda de $70,000 que le dejó la elección especial que enfrentó para convertirse en alcalde de Guaynabo y que luego mantuvo los pagos de $5,000 cada cuatro a seis semanas “porque quería mantener la relación viva”.

“Si detenía los pagos, no sabía cómo iba a actuar”, añadió, durante el extenso testimonio vertido en la sala de la jueza Aida Delgado Colón, en el Tribunal Federal de Distrito, en Hato Rey.

Además, Santamaría aceptó que emitió dos pagos de $20,000 en efectivo a favor de la campaña política de Pérez Otero en las elecciones del 2020.

Dejó claro, al final de su testimonio, que si no hubiese pagado estos sobornos “no” tenía la oportunidad de obtener contratos con el municipio de Guaynabo, al que describió como un pueblo “poderoso”.

Todos estos pagos en efectivo los dio Santamaría a Pérez Otero de manera regular hasta agosto de 2021, cuando ya cooperaba con las autoridades federales, con tal de obtener información privilegiada sobre los contratos que se concederían en el municipio de Guaynabo, que los mismos fueran concedidos a sus empresas y que el ayuntamiento le acelerara los pagos de los servicios prestados, según estipuló durante su testimonio.

“Hice pagos en secreto, porque no quería que nadie supiera que le estaba dando dinero en efectivo”, afirmó Santamaría.

Contó que era tradición que la entrega del dinero a Pérez Otero ocurriera en pausas para tomar café o almuerzos. Específicamente, la transacción ocurría por debajo de la mesa o dentro del auto de Santamaría.

Dijo que, en una ocasión, le entregó dinero durante una reunión que tuvo la Federación de Alcaldes, que presidía Pérez Otero, en el Centro de Convenciones de Cataño. Alegó que este se incomodó por la situación, pero que lo hizo porque tenía que irse de viaje.

Asimismo, el testigo, quien señaló ser “experto en crear compañías”, expuso que el dinero que pagaba en sobornos al exalcalde salía de sus ahorros, de los cambios de los cheques que recibían sus empresas o porque le pedía dinero en efectivo al área de contabilidad de sus compañías.

La revelación la dio el testigo estrella de la Fiscalía federal, al detallar por primera vez el esquema de corrupción que ejecutó y que se extendió por varios municipios, como Aguas Buenas, Humacao y Trujillo Alto.

Acepta su culpa

Al comenzar su testimonio, lo primero que hizo Santamaría fue aceptar que pagó sobornos.

“Estoy aquí porque hice pagos ilegales a Ángel Pérez, exalcalde de Guaynabo”, afirmó a preguntas del fiscal federal Nicholas Warren Cannon.

Cuando el fiscal le pidió que fuese más específico, indicó que “hice pagos ilegales para obtener contratos”.

Específicamente, detalló que comenzó a emitir pagos ilegales a Pérez Otero en algún momento a finales del 2018 a inicios del 2019. Lo hizo para mejorar su relación con el que fuera alcalde de Guaynabo, ya que en la elección especial del 2017 no lo apoyó. Estaba con su contrincante político para ese entonces, Carmelo Ríos.

Explicó que el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, acordó un encuentro con Pérez Otero para que hicieran las paces. En el mismo, Santamaría le preguntó al ahora acusado cómo lo podía ayudar, “si había alguna deuda de la campaña”. Entonces, acordó pagar los $70,000 que adeudaba.

“Le dije que yo podía ayudar a pagar la campaña, que haría pagos mensuales. Dividí que eran 14 pagos. Le dije que cada cuatro a cinco semanas le daría dinero para pagar la deuda”, reveló Santamaría.

Aludió a que de manera regular le daba $5,000 en efectivo al exalcalde, aun cuando la deuda ya estaba saldada.

Una vez Santamaría comenzó a emitir los pagos, la primera vez que hablaron de contratos fue como a los seis meses. Alegó que Pérez Otero le ofreció un acuerdo para jardinería. La propuesta fue rechazada, ya que no se relacionaba a tales trabajos. Expuso que prefería contratos de construcción o basura.

El contrato que finalmente obtuvo fue en verano del 2020 para la empresa Island Builders. Fue para hacerse cargo de unas obras de construcción vial para el barrio Ríos de Guaynabo.

Según se escuchó de los vídeos pautados por la Fiscalía federal sobre los encuentros en los que emitía los pagos, las conversaciones giraban en torno a los contratos en el municipio, pagos que el ayuntamiento le tenía que hacer a Island Builders, así como los problemas políticos dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Por ejemplo, en una ocasión hablaban de la oportunidad para que la empresa de Santamaría, Waste Collection, obtuviera un contrato para el trasbordo de la basura.

“¿Tú crees que en la basura yo tenga vida?, le cuestionó Santamaría.

Pérez Otero respondió, según se escucha del vídeo: “Tranquilo. Todo está bien”.

Resonó en sala que también los implicados tenían conversaciones triviales. En una conversación, llegaron a hacer alusión a la operación estética que se realizó el actual presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, para aumentar el tamaño de sus glúteos.

Cabe destacar que en una parte de su testimonio Santamaría lloró y tuvo que soplarse la nariz. Fue luego de que el fiscal le pidiera que hablara sobre la razón que lo llevó a declararse culpable y cooperar con las autoridades federales, así como en momentos en que tuvo que identificar a Pérez Otero.

Se declaró culpable

El esquema desarrollado por Santamaría estaba centrado en pagar sobornos en efectivo a los políticos a cambios de que se les concedieran contratos, principalmente en asuntos relacionados a recogido de basura y asfaltado de carreteras, o para no perder los mismos, según la acusación federal. Por los hechos, Santamaría fue imputado de un cargo de conspirar para cometer soborno, tras alcanzar un acuerdo de cooperación.

Santamaría reveló que entró a este sistema de sobornos gracias al empresario Raymond Rodríguez, quien también acogió un acuerdo de culpabilidad con las autoridades federales.

Explicó que Rodríguez y el empresario Mario Villegas lo contactaron para un contrato de recogido de basura en Aguas Buenas.

Alegó que, en una ocasión, Rodríguez le expuso que el entonces alcalde, Luis Arroyo Chiqués, reclamaba $1 por el recogido de basura de cada casa. Esto lo llevó a tenerle que dar $10,000 mensuales.

“En ese momento, yo estaba bien nervioso”, afirmó Santamaría, al exponer que era la primera vez que tenía que lidiar con prebendas y sobornos.

Indicó que acordó con Rodríguez de que él se haría cargo de pasarle el dinero a Arroyo Chiqués.

Este inicio del esquema de corrupción se extendió por otros municipios.

Santamaría rechazó haber dado sobornos a todos los alcaldes con los que tuvo contrato bajo sus empresas: Island Builders, Waste Collection y VIP Solution Healthcare. Entre los que sacó de la lista estuvieron Cidra, Naguabo, San Germán, Cabo Rojo, Toa Baja y Loíza.

El esquema en el que supuestamente participó Santamaría y Pérez Otero salió a la luz luego de que el exalcalde de Cataño rompiera el “código de lealtad” en estos casos de soborno y para verano del 2020 revelara a la Fiscalía federal las ilegalidades que se estaban cometiendo.

Durante su testimonio, Santamaría explicó que en una ocasión recibió una llamada de la abogada y exfiscal federal, María Domínguez, para que acudiera a una reunión. Dijo que cuando llegó al encuentro, ocurrido el 3 de mayo de 2021, se topó con que había agentes del FBI y tres funcionarios de la Fiscalía federal.

“Me enseñaron fotos. María me dijo que tenían grabaciones y muchas cosas de transacciones ilegales”, afirmó el colombiano, quien dijo haber sido adoptado por el esposo de su tía, un yaucano, a los 12 años.

Indicó que el consejo de Domínguez fue llegar a un acuerdo de culpabilidad. Como parte de ese acuerdo, Santamaría aceptó grabar los momentos en que le entregaba a Pérez Otero sobres, en cuyo interior contenían $5,000 en efectivo. Estas entregas ocurrieron el 19 de mayo, 1 de julio y 19 de agosto de 2021. Los vídeos de las transacciones fueron presentados en sala.

De estos vídeos, se destacó el del 19 de agosto de 2021. En el mismo se escuchó a Santamaría reclamar el pago que el municipio le debía a Island Builders, pues le debían alrededor de $600,000. Contó que lo hizo, ya que “había la preocupación de que ese dinero nunca se pagaría y eso lo perderíamos por el asunto de la investigación”.

Según trascendió durante el juicio, un día después de este encuentro, el 20 de agosto de 2021, el municipio le desembolsó a Island Builders un pago por $440,784.91.

Por sus delitos, tanto Santamaría como Delgado Montalvo lograron acuerdos de culpabilidad, que los podría llevar a cumplir cinco años de prisión. Pero, ninguna ha sido sentenciado hasta el momento.

Como parte la cooperación que han prestado, varios empresarios, así como los exalcaldes de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz; de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez; de Humacao, Reinaldo Vargas, y de Aguas Buenas, Arroyo Chiqués y Javier García Pérez, se han tenido que declarar culpables ante la corte federal por pagar o recibir sobornos.

Pérez Otero, quien fue arrestado por el FBI el 9 de diciembre de 2021, fue el único que no aceptó ninguna de las cinco ofertas realizadas por la Fiscalía federal para declararse culpable y determinó enfrentar un juicio que lo podría llevar a cumplir hasta un máximo de 20 años en prisión por cargos de soborno, conspiración y extorsión.

Previo a Santamaría, en el juicio federal han testificado el actual vicealcalde de Guaynabo, Eduardo Farrías; el presidente de la empresa Island Builders, Carlos de Jesús Pagán; el exalcalde de Cataño; el agente del FBI que investigó el caso, Miguel Rodríguez, así como el director auxiliar del área de Auditoría de Informes Financieros de la Oficina de Ética Gubernamental, Héctor Ramón Bladuell.

Posterior a Santamaría, testificó Sarah Rodríguez, directora de la División Legal de la Oficina del Contralor Electoral. Esta, en esencia, informó que Pérez Otero participó de talleres de la oficina para cumplir con las regulaciones relacionadas a los donativos políticos y que era ilegal recibir donativos en efectivo de $5,000.

Los abogados de defensa en este caso son Osvaldo Carlo, José Olmo y Eduardo Ferrer. Los fiscales federales, entretanto, son Cannon y Myriam Fernández.