La vista preliminar contra el exrepresentante Orlando Aponte Rosario, por cargos de violencia doméstica y violación a la Ley de Armas, fue aplazada este martes para mediados de agosto por un cambio en la representación legal del exlegislador, en una vista en el Tribunal de Bayamón en la que además se modificaron las condiciones de su fianza para permitirle trabajar.

Contra el exlegislador -quien acudió al tribunal en compañía de su nueva pareja, una joven abogada- pesan tres cargos por violación a la Ley de Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica, dos de maltrato agravado y uno de agresión sexual conyugal, y un cuarto cargo por Violación a la Ley de Armas, por apuntar con un arma de fuego, relacionados a varios incidentes en los que presuntamente habría agredido y abusado de su exesposa.

Durante la vista se informó que el abogado Frank Torres Viada había sido relevado de la defensa de Aponte Rosario. El abogado Jerome Garffer asumió el lunes la representación y dio a conocer al tribunal que el licenciado Mario Moczó se estaría uniendo al equipo de defensa.

En tanto, luego de negociaciones en torno a las fechas, la jueza Darina I. Vázquez Ríos citó la vista preliminar para los días 16, 17 y 30 de agosto, desde las 9:00 a.m.

El caso contra Aponte Rosario está a cargo de los fiscales especiales independientes Leticia Pabón Ortiz, Fabiola Acarón Porrata-Doria y Ramón M. Mendoza Rosario, quienes hicieron constar que estaban preparados para la vista preliminar.

Además, según trascendió en sala durante la vista de hoy, luego de varios procesos durante el día de ayer, la fiscalía finalmente no radicó cargos contra el exlegislador en otro caso que involucraba también a su exesposa.

Existe otro caso en curso, que también involucra a Aponte Rosario y su exesposa, pero en el cual ella es la demandada, que está también ante la consideración de la jueza Vázquez Ríos.

De hecho, la magistrada dio a conocer a las partes que, en vista que hay asuntos por resolverse en estos casos, existía una alta posibilidad de que este proceso pudiera verse ante otro juez, de manera que no fueran a surgir conflictos posteriores ante ese posible cambio.

El caso comenzó cuando el Tribunal de Bayamón expidió, en abril de 2023, una orden de protección contra Aponte Rosario, lo que dio paso a una pesquisa de Ia División de lntegridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia.

En ese momento, Aponte Rosario todavía ocupaba un escaño como representante, pero dimitió al mismo el 29 de junio de 2023.

Por otro lado, durante la vista, la jueza atendió una moción radicada por la defensa de Aponte Rosario, que buscaba modificar las condiciones de su libertad bajo fianza, a los efectos de que se le modificaran las horas en las que se le permite estar fuera de su casa, bajo el argumento de que era necesario para poder trabajar y así cumplir con el pago de la pensión alimenticia de sus hijos. Específicamente, pedía que se le extendiera ese horario de las 6:00 p.m a las 10:00 p.m. También solicitó que le permitieran mudarse y trabajar en la residencia de su actual pareja quien, al igual que él, es abogada.

El Panel del Fiscal Especial Independiente se opuso a la petición argumentando, entre otros asuntos, que la mudanza violaría el requisito de distancia con respecto a la casa de la exesposa, quien además, según indicó la fiscal Acarón, ha expresado repetidamente temer por su seguridad y la de sus hijos.

Tras escuchar los argumentos de las partes, la jueza comentó que se trata de un proceso en el que tanto Rosario Aponte como la mujer tienen casos recíprocos y órdenes de protección en contra y están siendo monitoreados con grillete eléctrico, y trajo a la atención una moción informativa que aclara que el Programa de Supervisión con Antelación al Juicio (PSAJ) del Tribunal de Aibonito está monitoreando al exrepresentante, y el PSAJ del Tribunal de Bayamón a su exesposa, para así evitar conflictos.

Luego se expresó sobre la moción, indicando que buscaba un justo balance en torno a la petición de poder trabajar del imputado, y determinó denegar su solicitud de residir con su nueva pareja consensual, pero autorizó extender su horario para trabajar hasta las 7:00 p.m. y también autorizó que pudiera acudir a atender algún caso en un tribunal, siempre que se asegure de que no viole las zonas de exclusión determinadas tanto para él como para su exesposa.

Exhortó, además, al exrepresentante a auscultar la posibilidad de llevar a cabo su trabajo de manera remota, aunque también le permitió acudir a la oficina para recoger materiales o atender algún asunto particular, siempre que obtenga una autorización a esos fines y no interfiera con las zonas de exclusión.

Por último, la jueza también abordó un asunto relacionado a las relaciones paterno filiales, y decidió acogerse a las disposiciones emitidas por la sala de familia a cargo del caso, sin ordenar modificaciones o la interrupción de esas relaciones.