Falta de autorización retrasa proceso judicial.

La vista preliminar contra el ex presidente cameral Edison Misla Aldorondo por la alegada posesión de un celular mientras se encontraba en una cárcel de custodia mínima tuvo que posponerse, ya que ambas partes que atienden el caso reclamaron que no se les permitió tomar fotos ni vídeo dentro de la institución carcelaria donde se encontraba el ex líder senatorial, lo que les dificultaba exponer sus respectivos argumentos.

Tanto los abogados del ex líder político como el fiscal del caso expusieron su preocupación ante la jueza María Trigo, del Centro Judicial de Humacao, quien pospuso el proceso para el viernes 21 de octubre.

La ficha de tranque, supuestamente, fue un funcionario identificado en sala como el jefe de seguridad del Departamento de Corrección y Rehabilitación, el teniente coronel Néstor Velázquez García, quien supuestamente no ha estado disponible para diligenciar el acceso adecuado a la institución a pesar de que la jueza solicitó la semana pasada permiso para que se pudiera entrar con cámaras.

Alegadamente, Velázquez García no ha podido ser contactado desde el viernes de la semana pasada.

La portavoz del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Damarisse Martínez, dijo a Primera Hora que la orden se recibió el lunes a la 1:00 de la tarde y negó que el funcionario no cumpliera con su responsabilidad.

La jueza dijo ayer que emitiría una nueva orden para que se les concediera entrar con cámaras al Centro de Tratamiento Residencial de Humacao.

Mientras, el abogado de Misla reiteró que el celular no estaba en posesión del ex líder legislativo.

Misla cumple varias sentencias por actos lascivos contra dos menores de 14 años y por corrupción en la transacción de venta del Hospital Regional de Manatí, para un total de 22 años de prisión.

Una investigación de Primera Hora reveló que el ex legislador fue trasladado al Centro de Tratamiento Residencial de Humacao de manera irregular a pesar de que por ley no le correspondía ese privilegio.

Sin embargo, llevaba un año en el Centro, que es de custodia mínima. Luego del incidente regresó a una cárcel de custodia mediana.

La posesión de un celular en una cárcel está tipificada como un delito de cuarto grado y con-lleva una pena de entre seis meses y tres años.

La portavoz de prensa del DCR informó, por separado, que el proceso administrativo contra Misla está en etapa final. Sólo falta que la División de Programas y Servicios de la agencia decida si acoge la recomendación de una oficial examinadora, quien luego de una vista concluyó que el ex presidente cameral “incumplió con su contrato” y debe permanecer en custodia mediana.