Pablo J. Casellas Toro, quien fue hallado culpable y sentenciado en el 2014 por el asesinato de su esposa Carmen Paredes, saldrá libre bajo fianza mientras espera por la celebración de un nuevo juicio.

La jueza Marta Rosario Santana le impuso a Casellas Toro una fianza global de $2 millones por los cargos que enfrenta, de asesinato en primer grado, destrucción de pruebas y violación a la Ley de Armas, relacionados con el asesinato de su esposa, ocurrido el 17 de junio de 2012 en su residencia en Guaynabo.

En un principio, las fiscales Janet Parra Mercado y Phoebe Isales le solicitaron a la jueza Rosario Santana que se le impusiera a Casellas la fianza impuesta en el 2012, que fue de $4 millones.

La jueza desglosó la nueva fianza en $1 millón por el cargo de asesinato en primer grado, $500 mil por el cargo de destrucción de evidencia y $500 mil por la violación a la Ley de Armas.

Además, Casellas Toro tendrá que buscar una persona custodia para salir bajo fianza, y deberá permanecer en arresto domiciliario (lockdown). En el 2012, el custodio de Casellas fu su papá, el exjuez federal Salvador E. Casellas, ahora fallecido.

El 23 de junio será la vista de status conference con la jueza Nerisvel C. Durán Guzmán, mientras que el nuevo juicio fue pautado para el 15 de julio a las 10:00 a.m. en el Tribunal de Bayamón.

La vista de esta tarde, se celebró mediante videoconferencia desde el Tribunal de Bayamón, luego que el Tribunal de Apelaciones, acogió la reclamación de Casellas Toro para que se anulara el juicio anterior en su contra y se le concediera un nuevo juicio.

La decisión del Apelativo, a su vez, se da luego de una reciente decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en la determinó que las condenas en casos de delitos graves tenían que darse con veredictos unánimes del jurado.

De esa manera, el Tribunal Supremo federal consideró que las sentencias con veredictos mayoritarios, que solo se daban en algunas jurisdicciones (los estados de Oregón y Luisiana, así como el territorio de Puerto Rico) violaban la Constitución, y abrió la puerta a que se celebren nuevos juicios en todos aquellos casos en que el veredicto no fue unánime, y la decisión no era todavía final y firme, es decir que estaba todavía en alguna parte del proceso de apelación.

En el juicio de Casellas Toro, el veredicto de culpabilidad fue de 11-1, y estaba en apelación, lo que permitió que reclamara la celebración de un nuevo juicio.

La decisión del Tribunal Apelativo dejó “sin efecto los veredictos dictados contra el señor Pablo J. Casellas Toro por los cargos de asesinato en primer grado, destrucción de pruebas y por la infracción del artículo 5.15 de la Ley de Armas”, y devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para la celebración de un nuevo juicio.

Así las cosas, una vez pagara la fianza, Casellas Toro quedaría en libertad a la espera del nuevo juicio, bajo las condiciones y restricciones que le impuso el tribunal.

Al comenzar la vista, las fiscales Janet Parra Mercado y Phoebe Isales le solicitaron a la jueza Rosario Santana que se le impusiera a Casellas la fianza impuesta en el 2012, que fue de $4 millones. Argumentaron que la decisión de que se celebre un nuevo juicio no debía alterar lo que se hizo antes del juico, incluyendo la fianza original.

Pero el abogado Harry Padilla insistió en que ya el Tribunal Supremo ha establecido que la fianza debe ser razonable y que su objetivo es garantiza la comparecencia del acusado, algo que su representado cumplió sin fallar durante los meses que duró el proceso.

“Desde que se estableció la fianza original en septiembre de 2012, mi representado cumplió a cabalidad con asistir a todas las vistas. Desde septiembre de 2012 a enero de 2014, el tiempo que estuvo en vigor esa fianza, mi representado cumplió a cabalidad con todas las órdenes del tribunal”, sostuvo Padilla, insistiendo en que mantener la fianza original “sería irrazonable”.

Pero las ficales insistieron en que independientemente de lo que argumentara la defensa, lo correcto era mantener la fianza original, que fue establecida luego que un juez analizara todos los elementos necesarios para fijarla.

“Un juez analizó ya todo lo que se necesitaba analiza”, insistió Isales. “Él tenía todas las condiciones económicas para pagar esa fianza. Y precisamente si cumplió a cabalidad fue por el monto de esa fianza que garantizó esas comparecencias”.

La fiscal Parra agregó que la decisión de nuevo juicio lo que hacía es que “retrotrae el proceso a las etapas anteriores al jucio” y por tanto no era necesario una nueva fianza, ya que “la fianza y todo lo establecido antes del juicio se mantienen válidos”.

Padilla ripostó que, de tener razón las fiscales, el Apelativo no habría establecido la celebración de una vista de fianza. También rechazó que fuera una cantidad justa, porque la fianza original se estableció cuando el que tenía los recursos económicos era el padre de Casellas, el fenecido juez Salvador Casellas.

Tras escuchar las partes, la jueza fijó la fianza en $2 millones. Dijo que tomaba en cuenta los argumentos de la defensa, lo dicho por el Tribunal Supremo al respecto de que la fianza debe ser razonable, así como el informe del tribunal que daba fe que Casellas había cumplido con todos los requisitos y horarios que se le había impuesto.

Las fiscales solicitaron, sin éxito, una reconsideración de la fianza establecida, redoblando sobre los argumentos que habían expresado antes.

Isales reclamó que, si bien el juez Casellas había fallecido, Pablo Casellas heredaba los bienes y por tanto seguía contando con los recursos económicos para la fianza original. “Tiene los recursos. Y la fianza fue razonable en ese momento, al punto que en se pagó esa misma tarde”.

“Que se haya pagado no quiere decir que fuera razonable”, contestó Padilla, agregando el comentario de que había heredado bienes era una especulación y que “mi representado lleva seis años y pico preso, y no ha tenido ingreso alguno”.

No empece a los argumentos, la jueza se reiteró en su decisión de fijar la fianza en $2 millones, fijó la fecha para el inicio de juicio, y se dirigió a Casellas, que escuchaba atentamente lo que ocurría desde un cuarto, para explicarle que si pagaba la fianza pasaría a un sistema de arresto domiciliario, y advertirle que tenía que comparecer a juicio el 15 de julio, y de no hacerlo, el proceso podría comenzar en su ausencia.