El juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, ordenó al gobierno de Puerto Rico, al Registro Demográfico y a su directora Wanda Llovet a responder en tres días a los alegatos del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de información de documentos públicos sobre las muertes en Puerto Rico.

De no cumplirse con el término de la orden, emitida ayer pero divulgada hoy a la prensa, se expedirá el mandamus solicitado.

En concreto, el CPI solicitó la base de datos de mortalidad en Puerto Rico para los años 2007 al 2020, copia digital de los certificados de defunción emitidos desde el 1ro de enero de 2020 hasta el presente, y que se le divulgue al CPI esta información cuando la entidad lo solicite en el futuro.

Según trascendió ayer cuando se divulgó el recurso judicial de mandamus, el CPI trabaja una historia sobre las muertes relacionadas a la pandemia del coronavirus para la que necesitan esa información.

“Parece mentira que en un momento como este, y con la urgencia que tiene la gente de tener algún grado de confianza y certeza sobre cómo se está manejando el tema de las muertes por el COVID-19, se le falle nuevamente al país. La solicitud de la base de datos completa y los certificados de defunción es idéntica a la que el CPI hizo tras el huracán María y por la cual, como se sabe, el Tribunal de Primera Instancia ordenó su entrega completa en el 2018. Ya en el 2009 el CPI también había demandado por este mismo documento, a la misma funcionaria, y había logrado obtenerlo. Instamos a la directora del Registro Demográfico a que entregue esta información sin omitir ningún campo, lo antes posible”, dijo ayer en declaraciones escritas Carla Minet, directora ejecutiva del Centro.