La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) presentó una moción ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para solicitar una vista en alzada por seis de los 24 cargos graves que presentaron originalmente contra la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales.

La moción incluye los dos cargos por perjurio (Artículo 269) y falsedad ideológica (Artículo 212), por los que se encontró causa para arresto contra la legisladora el pasado 23 de mayo. Los seis cargos son por supuestamente haber omitido información en los informes presentados la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), dejando fuera del escenario cualquier posible violación al Código de Rentas Internas.

“Solicitamos una vista de causa probable para arresto en alzada, a los efectos de obtener una determinación de causa probable para arresto por los delitos tal y como se imputaron originalmente en las denuncias presentadas”, lee el documento suscrito por los fiscales especiales independientes (FEI) Ramón Mendoza y Zulma Fúster.

En la petición los fiscales incluyeron los dos cargos por los que hubo causa, ya que durante el proceso de Regla 6 estas denuncias fueron enmendadas por el tribunal, acción con la que no están conforme. “Aunque hubo causa en esos dos delitos graves, que es mentir bajo juramento y falsificación, la juez honorable Regla 6 eliminó y enmendó los cargos eliminando unas alegaciones sobre ingresos”, detalló Mendoza en entrevista con Primera Hora.

De los seis cargos en alzada, dos son por perjurio, dos por falsedad ideológica y otros dos por utilizar un documento falsificado, estos últimos corresponden al Artículo 217 del Código Penal. Tres de los delitos corresponden al informe financiero radicado por la legisladora en el 2021 y los restantes al informe presentado en el 2022. La legisladora supuestamente falló al no incluir los puestos que ocupó en la corporación de bienes raíces Ocean Front Villas.

“Estamos absolutamente convencidos de que tenemos la razón. Lo que vaya a determinar el tribunal al final no lo sabemos, pero nuestra posición es que ha habido una violación a la ley y por eso estamos radicando las denuncias”, puntualizó Mendoza.

Tras este nuevo escenario legal, la vista preliminar contra la legisladora que estaba pautada para hoy quedó pospuesta. Aun así, a su salida del Tribunal de San Juan la representante se expresó tranquila y enfocada en su trabajo legislativo. Dijo, además, no estar sorprendida con el proceder de la Opfei.

“Lo esperábamos. Sabemos que la fiscalía tiene dos turnos al bate, en la Regla 6 y en la Regla 23 de vista preliminar”, señaló Nogales Molinelli, quien estuvo acompañada de su progenitora, Rita Molinelli Freytes, quien también figuró como acusada en este caso. Ninguno de los cargos contra ésta prosperaron.

“Salimos anoche a las 11:30 p.m. de la Cámara de Representantes y yo creo que lo más importante es que aprobamos el Proyecto de la Cámara 663 que establece un marco regulatorio más justo para las comunidades y las personas que están sufriendo con las instalaciones de torres de telecomunicaciones en sus comunidades. Así que siempre lo digo es que es estos procesos me quitan tiempo de yo hacer el trabajo en la Legislatura”, expuso Nogales Molinelli.

El licenciado José Andreu Fuentes, quien representa a Nogales Molinelli, argumentó que la solicitud de la Opfei es “contraria a derecho”. “Ellos entienden que al (la jueza) eliminar esas alegaciones de la denuncia les da facultad para ir en alzada solicitando que se les permita alegar eso en la denuncia. Yo creo que eso es contrario a derecho”, afirmó.

Durante el proceso, el licenciado Andreu Fuentes, ha sostenido que la legisladora no tuvo intención de omitir información y sostuvo que a ésta se le negó la oportunidad de enmendar el informe de la OEG el 15 de septiembre de 2021, tal y como lo solicitó.

Para esa fecha -el 15 de septiembre de 2021- a Nogales Molinelli ya se le había retirado el acceso a la plataforma digital de la OEG, esto luego que trascendiera públicamente que era investigada por el Departamento de Justicia y la Comisión de Ética de la Cámara.

Una vista sobre el estado de los procedimientos quedó pautada para el próximo 20 de julio.