Un contable, una profesora, un piloto y empleados de dos municipios figuran entre los cientos de personas acusadas como parte de un operativo contra el trasiego de armas descrito como el más abarcador en la historia de la Policía. 

La ofensiva, según las autoridades estatales, permitió desarticular una serie de pandillas delictivas, pero, al mismo tiempo, volvió a dejar al descubierto el alto tráfico de armas que llega a la Isla desde los Estados Unidos.

Entre la noche del domingo y la madrugada de hoy, lunes, los agentes del Negociado de Drogas y Control de Armas diligenciaron 220 órdenes para culminar una investigación que se inició 2014.

La pesquisa, en la que participaron las 13 regiones policiacas de Puerto Rico, conllevó la compra de 126 armas de fuego por agentes encubiertos, con una inversión de $250,000, informó el superintendente de la Policía, José Caldero.

Como parte de la ofensiva, denominada "Operativo 100x35", el Ministerio Público presentó 873 denuncias contra los imputados y se fijó una fianza global de $145 millones.

“Se trata del operativo de armas ilegales más grande en la historia de la Policía de Puerto Rico en la incautación de armas de fuego", destacó Caldero en conferencia de prensa conjunta con el gobernador Alejandro García Padilla. 

"Esta es una operación que duró un año y $250,000 en la compra de evidencia y gastos de introducción", explicó Caldero flanqueado por altos oficiales de la Policía. 

Al proclamar que desarticularon 44 organizaciones criminales dedicadas a la venta de armas y drogas, Caldero precisó que ocuparon un total de 34 rifles, 88 pistolas, cuatro revólveres, 115 cargadores y 1,565 municiones de diferentes calibres. También ocuparon 68 vehículos.

Algunas de las armas serán referidas al Instituto de Ciencias Forenses para continuar con exámenes para determinar si han sido utilizadas en la comisión de un delito.

Caldero dijo que entre las gangas intervenidas las de mayor tráfico de armas operaban en el área de Aibonito, así como en puntos del área este y oeste.

Vendió armas con infante en brazos

En el caso de Aibonito, el jefe del Negociado de Drogas, José Juan García, indicó que ocuparon 30 armas de fuego y que los arrestos de todos los miembros de la pandilla incluyeron a tres familiares de un oficial de la Policía. Aseguró, no obstante, que ese agente no está implicado en el caso, ni se ocuparon armas pertenecientes a la Uniformada.

El comandante García explicó que todas las acusaciones de este operativo se sustentan con grabaciones en vídeo de las transacciones que realizaron agentes encubiertos. Uno de esos vídeos estremeció a los investigadores cuando vieron a uno de los acusados, identificado como Richard Cartagena Suárez, vendiendo un arma con su hija de tres años en los brazos. Cartagena Suárez, además, había sido acusado de dispararle a un agente de la Policía en el 2013, por lo que tuvo que ser excarcelado para enfrentar estos cargos.

"Mientras manipulaba el arma con la niña al hombro, tiene problemas con el arma, le entrega la niña al agente encubierto, termina de desmontar el arma, le entrega el arma, se la vende, le da el dinero y le da su hija para atrás y se retira del lugar", relató García.

También mencionó que entre los arrestados hay dos empleados del Municipio de Carolina y uno del Municipio de Trujillo Alto. Además, resaltó que arrestaron a un piloto de una compañía comercial y un contador público autorizado.

Asimismo, García se mostró asombrado de que otro acusado, un empleado de seguridad, vendió un rifle AK-47 en el estacionamiento de una compañía privada ubicada en el complejo de oficinas Metro Office Park, en Guaynabo.

Por otro lado, según García, en Arecibo arrestaron a una maestra de una escuela privada, quien se alega pertenecía a un grupo criminal. El Comandante dijo que en el mismo municipio también arrestaron a todos los miembros de una ganga conocida como "los Company".

"Manejaban estas ventas a través de Internet y usando fotografías por los teléfonos. Si usted quería un arma, ellos le enviaban las fotos y seleccionabas la que querías. Entonces, negociaban para llevar a cabo la transacción del caso, que (después) se iba a radicar en el tribunal", dijo García.

Aunque no todas estas gangas guardaban relación, compartían algunos contactos que suplían armas desde los Estados Unidos. Así funcionaban en Aibonito y Yabucoa, quienes tenían contactos en las oficinas del correo del Servicio Postal de Estados Unidos, quienes se encargaban de sacar aparte la correspondencia que llegaba con las armas desde Florida para luego entregarlas a los vendedores criminales, según la Policía.

"Hay una investigación que se está llevando a cabo con las agencias federales", sostuvo Caldero.

Las autoridades estatales señalaron que todas las armas ilegales vienen del extranjero porque en la Isla no se fabrican.

Comentaron que hace mucho tiempo no se ocupa nada en los furgones que llegan a los muelles, así que señalaron que el tráfico principal de armas es a través de los servicios de correo.

Buenas enmiendas de ley

El Gobernador, mientras, sostuvo que, aunque las enmiendas a la Ley de Armas de Puerto Rico han ayudado en la lucha contra este tráfico, espera que las medidas de más rigurosidad en la venta de armas, impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ayuden a detener el envío desde las jurisdicciones continentales.

"Muchas de las armas en Estados Unidos se compran en exposiciones, que les llaman 'Gun Shows', y a esa persona que la compra no necesariamente le piden información ni se averigua su trasfondo", dijo García Padilla.

"De ahí salen, van al correo y las envían. Así que la propuesta que está haciendo al Congreso estaría ayudando a evitar esto (el tráfico) en su origen", agregó. "En la Ley (de Armas), como la hemos aprobado, el presidente tiene un ejemplo de que sí funciona (un mayor control), pero, claro, el problema lo tienen que arreglar allá", señaló.

De acuerdo con el jefe de fiscales de Puerto Rico, José Capó, las enmiendas aprobadas disponen que cualquier convicción por violación a la Ley de Armas conlleva un mínimo de dos años sin derecho a probatoria.

Capó, además, afirmó que entre las armas ocupadas en el operativo figuran 20 que disparan de manera automática, por lo que en esas denuncias las personas se exponen a penas que comienzan en 12 años, o fijas de 24 años y hasta un máximo de 36 años de prisión.

Además, resaltó que el uso de nueva tecnología para grabar las transacciones ha resultado de un 98% a 99% de promedio en la convicción de los acusados.

Para García Padilla, la reducción en muertes violentas registradas en los pasados años está vinculada a la gestión de los policías y a las enmiendas aprobadas en el 2013 que facilitaron las acusaciones.

Recordó que la ley anterior requería que los policías "tuvieran que probar que el arma se iba a usar para un fin ilícito para que el delito fuera grave". 

"Ahora por el mero hecho de vender o traficar con un arma ilegal son mínimo dos años", afirmó. "Sacando estas armas, sacamos objetos que ponían en peligro la vida de compatriotas… Sabe Dios cuántas de esas armas, hubiesen segado la vida de alguien en el futuro", comentó.

Por su parte, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, elogió el operativo realizado por la Policía."Este operativo de hoy es muestra del compromiso de esta administración con combatir el crimen en todos sus niveles", indicó Bhatia en declaraciones escritas.

"Combatir las armas ilegales es una de mis prioridades. Este es un esfuerzo que va en línea con la iniciativa impulsada por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama para atender el problema de la violencia por armas de fuego mediante una fiscalización efectiva que saque del mercado las armas ilegales, convirtiéndose también, en una prioridad en la agenda federal”, agregó.