La presidenta de la Alianza Correccional Unida, Jessica Martínez, está convocando a su matrícula para unirse a una manifestación frente al Capitolio el 3 de noviembre, para exigir un aumento salarial, un retiro digno y que mejores sus condiciones laborales.

La líder gremial aclaró que no está convocando a un paro porque les cobija la Ley 45 de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico en su artículo 7.1, que les prohíbe realizar huelgas o cualquier acción de brazos caídos, ya que podrían ser hasta destituidos del cargo conforme a las disposiciones reglamentarias que sobre acciones disciplinarias haya promulgado el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Por más de un año los oficiales correccionales del Departamento de Corrección y Rehabilitación llevan realizando manifestaciones, primero para exigir que se cumpla la promesa de campaña hecha por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para igualar su salario al del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), y luego porque la Junta de Supervisión Fiscal no aprobó la partida de $15 millones en el presupuesto del 2021-2022 a esos fines.

“Luego de eso llegaron los políticos diciendo que cuando llegaran los fondos del Medicare y se liberaran unos fondos estatales iban a hacer realidad esa promesa de un aumento de salario para los oficiales correccionales, pero hemos visto que no ha habido ningún movimiento y (la manifestación) es para mantener la lucha y para dar a entender tanto al gobernador como a la Cámara y el Senado, que ya basta. A los oficiales correccionales no se les va a volver a tomar el pelo y que esa promesa la tienen que cumplir”, sostuvo Martínez.

Agregó que los oficiales correccionales continuarán llevando a cabo protestas pasivas que no afecten la seguridad de nadie, porque en las instituciones penales también hay empleados civiles o por contrato, hasta que se convierta en realidad la promesa que le hicieron.

Un oficial que lleva de 15 a 20 años cobra un salario base de $1,600 y con todas las deducciones quincenal puede recibir de $400 a $500. Lo mismo pasa con uno nuevo, porque no se les reconocen los años de servicio.

Una vez se retiren con 30 años de servicios y una edad mínima de 55 años, recibirían un 30% de su último salario, según se dispone en la Ley 81 para Proveer un Retiro Digno para los Miembros del Sistema de Rango de la Policía, los Miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos, los Miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia, y otros.

“Si ese oficial está en $1,600 o $1,900, que es lo más que cobra un oficial correccional, son muy pocos los que llegan a $2,300, prácticamente su retiro va a ser de $700 a $800 mensuales... el gobierno debe ya crear una estrategia para retener al oficial correccional”, exclamó Martínez.

La carga de trabajo es demasiado pesada ya que ante la falta de personal, en numerosas ocasiones, no tienen relevo ni para consumir alimentos y tienen turnos que se pueden extender de 16 a 17 horas diarias, y si no llega el personal del próximo turno y tienen que custodiar en hospitales a los confinados, podrían estar hasta 24 horas continuas.

Detalló que si se reclutan 250 oficiales correccionales, solo un 30 por ciento permanece laborando en la agencia y el restante se va para Estados Unidos porque les ofrecen mejores beneficios y condiciones de trabajo.

“Somos prácticamente un adiestrador para que ese recurso se valla a Estados Unidos a trabajar en instituciones penales en cualquier estado porque cobran mucho más… en Estados Unidos comienza con un salario de entre $2,500 a $2,900 y en menos de cinco años ya está en tres mil y pico de dólares, y allí se reconoce lo que son años de servicio, hay una escala. Aquí en Puerto Rico vemos que no”, detalló.