Las autoridades federales acusaron a ocho personas en Puerto Rico por presuntamente cometer fraude con dinero de la Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, en inglés) y de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, en inglés), informó hoy la Fiscalía federal.

Los imputados fueron identificados como Millisen M. Martínez Medina, Stephanie Carrasquillo Marquez, Christian Colón Rivera alias “El Gordo”, Zyllynnette Ojeda Falcón, Abner Colón Díaz, Yesenia Marquez Rivera, José Calderón Lantigua y Emilio E. Mendoza Aquino.

A estos se les acusó de participar en esquemas para defraudar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos a través de solicitudes para recibir el PUA con información falsa, que incluyó números de Seguro Social falsos y datos laborales falsos.

El dinero reclamado con información falsa ascendió a $280,868.

Se alegó que Martínez Medina preparaba solicitudes fraudulentas, mientras que Carrasquill Marquez obtuvo $23,304, Colón Rivera obtuvo $26,634, Ojeda Falcón obtuvo $11,586, Colón Díaz obtuvo $23,172 y Marquez Rivera obtuvo $23,172 al cobrar cheques del PUA usando números de Seguro Social falsos. Estos enfrentan cargos criminales por los delitos de robo de propiedad del gobierno y fraude postal.

Con relación a Calderón Lantigua, se señaló que este presuntamente solicitó el PUA en los estados de Massachusetts, Arizona y Michigan, y obtuvo transferencias electrónicas en sus cuentas bancarias a nombre de otras personas por un total de $43,970. Se le imputó fraude electrónico y lavado de dinero.

Por último, contra Mendoza Aquino también pesan cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Este se alega que solicitó el PUA en Massachusetts, Arizona e Illinois con el mismo método de Calderón Lantigua. Cobró un total de $30,092 del PUA. Además, se le imputó un cargo de fraude electrónico por obtener de manera fraudulenta un préstamo del SBA por $98,100.

Si son declarados culpables, enfrentan 20 años de prisión por fraude postal y conspiración para cometer fraude postal, 10 años de prisión por robo de dinero del gobierno, cinco años de prisión por uso indebido del número de Seguro Social, 20 años por blanqueo de capitales, una multa de hasta $250,000 y tres años de libertad supervisada.

“Estos arrestos reflejan nuestra determinación continua de investigar y enjuiciar a aquellos que intentan explotar una emergencia nacional para robar recursos financiados por los contribuyentes utilizando la pandemia global como una oportunidad para robar a ciudadanos trabajadores”, expresó Muldrow en declaraciones escritas.

Los casos fueron investigados por varias agencias federales, incluyendo el Buró Federal de Investigaciones, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y la Oficina del Inspector General de la Administracion del Seguro Social, con asistencia del Negociado de Policía de Puerto Rico, el Departamento de Trabajo estatal y el Departamento de Hacienda.

Los fiscales federales Vanessa D. Bonano Rodríguez y Víctor Acevedo quedaron a cargo del procesamiento de los casos.

Para reportar ante las autoridades algún esquema de fraude o alguna actividad sospechosa relacionada al COVID-19, puede comunicarse al 1-866-720-5721 o someter una denuncia aquí: https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.