El contrainterrogatorio a Anaudi Hernández Pérez, exrecaudador del Partido Popular Democrátrico (PPD), quien gestó un esquema desde el 2012 para acomodar   personas de su confianza en puestos clave del Gobierno, para ayudarlo a él y a sus socios a tener contratos jugosos, sigue hoy en el tribunal federal en San Juan.

En esta etapa continuará la línea de preguntas de la defensa.

El primer turno será  para los abogados  Joaquín Monserrate Matienzo y José Aguayo, quienes representan a Sally López, exjefa de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL),  coacusada de participar en el esquema de  corrupción.

El viernes pasado,  Monserrate Matienzo comenzó a contrainterrogar al testigo estrella y  admitió que la fiscalía federal no admitió una prueba de polígrafo hecha en el 2014,  que mostraba discrepancias con lo dicho  a los agentes del FBI.

Al mismo tiempo, Hernández Pérez tiene pendiente un caso por no rendir planillas contributivas;  ha violado la Ley Electoral, pero no le han presentado cargos a nivel estatal por esas acciones.

Estos asuntos deberían pesar en las condiciones bajo las cuales está declarando, según la táctica de los abogados.

Anaudi dijo  que de no cooperar con la fiscalía federal se expone a una sentencia de sobre 200 años en prisión, por la  suma de las penas de 14 cargos por los que se declaró culpable.

Se espera que, además de la credibilidad y las motivaciones que podrían encubrir la veracidad de todo lo que ha espepitado en su testimonio, el contrainterrogatorio continúe  agregando sombras a la forma en la que amasó una fortuna y que le permitió acceso a las figuras importantes en el PPD, a quienes acogió en su mansión en Aguadilla.

Anaudi ha reconocido que en el área de Aguadilla los rumores lo señalaban como narcotraficante, lo que ha negado de forma vehemente. 

La fiscalía le hizo hablar del tema adelantándose a que el origen de su fortuna sigue bajo cuestionamiento.

Otro aspecto que posiblemente traiga la defensa es la forma en que anotaba sus gastos bajo los nombres de funcionarios de Gobierno, recalcando que les pagó cantidades exhorbitantes por cenas y regalos como parte de sus gestiones para obtener contratos.

Sin embargo, reconoció que cuando pagó una cena de cientos de dólares en el restaurante Morton’s en la que estaba Sally, también estaban otras personas en esos festines, por lo que el alegado beneficio que habría recibido la coacusada sería menor de que alega el gobierno federal.

Además de López, los otros acusados son Ivonne Falcón, exvicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, representada por Godwin Aldarondo; su hermana Marieli Falcón, representada por  Adam Quesada y Glenn Rivera Pizarro, exsubadministrador de la Cámara de Representantes, cuyo abogado es Juan Masini Soler.