Nuevas esperanzas para esclarecer crimen contra embarazada hace casi 19 años
Familiares esperan que con la exhumación del cadáver se logre conseguir la evidencia para esclarecer el horrendo crimen.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 5 años.
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Nuevas esperanzas han resurgido tras la exhumación del cadáver de Daisy Berríos Torres, de 31 años, quien en su noveno mes de embarazo fue asesinada a golpes y su cadáver lanzado por un risco hacia un vertedero clandestino en el sector Murciélago del barrio Almirante Sur, en Vega Baja, el 26 de junio del 2000.
Al cumplirse próximamente 19 años del crimen, mientras se preparaba a dar a luz al día siguiente, su familia entiende que la División de Crímenes Mayores ha comenzado a corregir los errores de los pasados investigadores.
Carmen L. Berríos, hermana de la fallecida quien no se ha detenido en su lucha por conseguir que se le haga justicia, manifestó en entrevista con Primera Hora que el proceso de exhumación de fue doloroso, aunque a la misma vez esperanzador.
“Estamos bien esperanzados. Exhumaron a mi hermana cosa que no lo habían hecho antes, es doloroso que nos vengan a sacar ese féretro, pero a la misma vez es necesario. Estamos muy agradecidos de ellos”, comentó Berríos.
Esta ha insistido a través de los años en que los diversos investigadores que han manejado el caso nunca hicieron su trabajo a cabalidad.
“La diferencia es del cielo a la tierra, la investigación que están realizando está corrigiendo errores que fueron cometidos por los agentes anteriores que fueron muchos. Nunca hicieron lo que tenían que hacer”, afirmó.
La asistente dental, que tenía una hija que para la fecha de los fatídicos hechos tenía ocho años, salió sola durante la tarde de su último día con vida para verse con el padre de su hijo por nacer en una tienda de departamentos para comprarle varios artículos y no se supo más de ella.
Durante la larga espera por el esclarecimiento del crimen, su madre, doña Rafaela Torres, falleció por problemas cardiacos sin ver que se hiciera justicia.
“Mami murió y no pudo ver la justicia”, se lamentó la hermana de la víctima.
Posteriormente, el padre del bebé que esperaba Daisy, el exagente de la Policía, Orlando Serpa García, asignado a la Unidad de Grúas del área policíaca de Arecibo y quien era casado, fue acusado y exonerado en el 2004, por cargos de falsificación y apropiación de fondos públicos ante la teoría de que el día de los hechos como coartada anotó horas no laboradas en el libro de entrada y salida cuando en realidad fue al cuartel a las 10:00 p.m. para pedirle a un compañero de trabajo que lo cubriera y certificara que estuvo en su turno desde las 4:00 p.m.
De acuerdo a la pesquisa, Serpa García, cuando llegó a la unidad a las 10:00 p.m. le notificó al otro agente del turno que lo habían llamado para que acudiera al barrio Pámpanos en Vega Alta para remolcar un automóvil quemado.
Él fue el que llamó al padre de Daisy y le dijo que por casualidad estaba pasando por un área y vio el auto de ella. Cuando llegaron al cuartel, aun sin saber lo que había pasado, observaron que estaba aruñado en el cuello y se defendió argumentando que se los hizo con las plantas cuando estaba sacando el carro.
Luego, llegaron al cuartel unas mujeres que les preguntaron si eran familia de la desaparecida, aun cuando no se sabía siquiera si Daisy estaba desaparecida y luego dijeron que buscaban al gruero apodado Landy para saludarlo.
Tres meses después del crimen, su hermana se enteró que una semana antes del asesinato presuntamente esas mujeres a bordo del mismo vehículo habían preguntado por ella en el vecindario.
Otro testigo que declaró ante las autoridades al inicio de la pesquisa fue el que observó a una mujer y dos hombres en una guagua con compuerta trasera por el área del vertedero clandestino donde encontraron el cadáver de Berríos Torres, posteriormente identificó a la misma en una rueda de confrontación.
Según los archivos de esa época, el incidente que “destruyó el caso” ocurrió cuando el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) certificó que se recuperaron tejidos humanos que no eran de la víctima en sus uñas, alegaron que las muestras se habían consumido con las pruebas anteriores y no tenían para hacer los análisis de ADN mitocondriales ni el dinero, para esa fecha costaban $5 mil.
La víctima tenía golpes de defensa en las manos, golpes en el rostro, la fractura de la nariz y golpes posterior a la muerte compatibles con las abrasiones al ser lanzada por la pendiente.
Las autoridades federales entrevistaron a las personas de interés, a quienes sometieron a pruebas de polígrafo y a los testigos.
Serpa García, asesorado por un abogado no respondió las preguntas de los agentes federales cuando intentaron interrogarlo.