Una nueva oleada de ausencias de policías se avecina para el fin de semana feriado de Acción de Gracias que afectaría también las concurridas ventas del madrugador, luego de que el gobernador Pedro R. Pierluisi Urrutia oficializara anoche sus intenciones para extender a 62 años la edad para retirarse, ante la negativa de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de implementar la Ley 81 que promueve un retiro digno y la imposibilidad de una pronta solución al conflicto.

Hoy se le dio un ultimátum al gobierno, hasta el 20 de noviembre, para que tome una acción concreta o de lo contrario ese fin de semana, que es otro de los más movidos del año porque incluye los tan esperados especiales de las ventas prenavideñas del viernes después del Día de Acción de Gracias, también se verían afectados al igual que el sector económico que las promueve, por la falta de seguridad.

“Si ellos no nos dan algo concreto pues lamentablemente nadie puede detener a la policía porque ya este es el cuerpo completo que ha tomado una decisión... Yo no estoy en contra del sistema, yo no estoy en contra mucho menos de la policía, yo estoy en defensa de la policía de Puerto Rico, queremos ver solamente un retiro digno más nada”, sostuvo Gabriel Hernández Ramos durante una transmisión por Facebook Live.

A pesar de que Hernández Ramos no se identifica como líder de ningún movimiento, ha sido la imagen y voz principal de un piquete frente a la JSF el 19 de octubre y ha sido emisario de varios mensajes al gobierno de parte de los policías sin vínculos con ningún gremio, para informar los acontecimientos del fin de semana de Halloween, cuando hubo un fin de semana con ausencias sin precedentes.

Al aclarar que no se trata de amenazas, puntualizó que sus reclamos no se detendrán con más promesas de reuniones, la asignación de equipo, que entienden es responsabilidad del gobierno suplirlos, ni ferias de beneficios o pagos retrasados que trabajaron durante el inicio de la pandemia.

“La Policía de Puerto Rico no es importante para el gobierno de Puerto Rico, pero sí resuelven el conflicto diciendo que vamos a dejarlos hasta los 62 años trabajando, quieren tener una policía envejecida a los 62 años, ya yo no tengo el mismo reflejo, ya yo no tengo las mismas ansias, ya no tengo la misma agilidad, ya no tengo ni la misma visión para funcionar como un policía debe funcionar”, manifestó Hernández Ramos, al mencionar casos de policías que murieron en la indigencia o laborando a tiempo parcial víctimas de delincuentes.

El plazo fijado obedece a que están esperando que este miércoles la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), el Departamento de Seguridad Pública y el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) les presenten a la Comisión de Gobierno del Senado las cifras reales sobre el impacto fiscal de la Ley 81-2020 y por los resultados de las vistas para la confirmación del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno presididas por la jueza Laura Taylor Swain.

“Nosotros le vamos a dar hasta el 20 de noviembre, si el 20 de noviembre o antes ustedes no tienen algo concreto para la Policía, cuando hablo de algo concreto estoy hablando de que haya una fecha destinada para ejecutarla, así sea escalonadamente o la ejecución de la misma (Ley 81), si ustedes no tienen esto para nosotros antes del 20 de noviembre ustedes serán los responsables de lo que va a suceder el fin de semana del pavo”, sentenció.

A su vez, criticó al gobierno por no defender adecuadamente durante casi un año, que ha transcurrido desde su aprobación en el 2020, para lograr que la JSF la ejecute y mejore sus beneficios.

Recordó que durante el fin de semana de Halloween se ausentó a sus labores un 98% de los agentes y oficiales, y el 93% de los cuarteles estuvo inoperante, a pesar de que estas no fueron las cifras ofrecidas por el NPPR, quienes aseguraron ante el país que su plan fue efectivo. “Ya esto se les fue de las manos al gobierno”.

Aclaró nuevamente que no está incitando a nadie a cometer actos ilegales.

“Somos personas prudentes de ley y orden, nosotros queremos escuchar una noticia concreta, no promesas, no es que van a hablar con la Junta, ya la Policía no quiere escuchar eso... esto está en las manos de nosotros porque nadie se ha levantado para defendernos”, culminó su mensaje en el que hizo un llamado a la unidad y a que otros gremios que les cobija la ley, como el Negociado del Cuerpo de Bomberos y la Administración de Corrección y Rehabilitación y los paramédicos, se unan en un frente común.

La Ley 81-2020 procura otorgarles a los policías, bomberos y oficiales de custodia una pensión vitalicia a aquellos miembros de estos cuerpos de seguridad que tengan 30 años o más de servicio. Los miembros que cuenten con al menos 30 años de servicio, y que hayan cumplido 55 años podrán retirarse con hasta un 50% por ciento de su salario devengado a esa fecha.

Como incentivo adicional, mientras se culmina el proceso de reclutamiento, se establece que aquellos miembros que permanezcan en servicio hasta los 58 años, tendrán derecho a recibir hasta un 55% del salario devengado al momento de su retiro. Además, se les garantiza una aportación de $100 mensuales para seguro médico, beneficio que mediante la Ley 3-2013 se les quitó.