El exalclade de Guayanbo, Héctor O’Neill García, no ha podido ser emplazado por alguaciles federales para que comparezcan al juicio civil que se sigue por el supuesto patrón de encubrimiento del caso de hostigamiento sexual que una exabogada del municipio radicó contra el ayuntamiento, según se destaca en una moción radicada anoche por los abogados de la víctima, José Quetglas y Pedro Vázquez.

Se desprende del récord judicial, que desde el 9 de octubre hasta el 23 de octubre se intentó infructuosamente de conseguir al exalcalde en la dirección conocida por el Tribunal federal de Distrito y los abogados para que compareciera al juicio civil en el que Inés María Jelú Iravedra enfrenta al municipio. Sin embargo, ayer se determinó que el proceso de emplazamiento “no se ejecutó”. 

Ante este cuadro, los abogados de Jelú Iravedra solicitan al juez federal que atiende el caso, Raúl Arias Marxuach, que se permita presentar una deposición que O’Neill García realizó el 14 de agosto de 2017 como prueba en el juicio.  

“El exalcalde, como se puede ver en una revisión superficial de la transcripción de la deposición, fue acompañado por su propio abogado personal, Joaquín Monserrate, y ante la presencia de los abogados del municipio”, añade. 

La moción será discutida hoy como parte del juicio civil que se realiza ante un jurado compuesto de seis hombres y tres mujeres, todos jóvenes.

Esta controversia por la supuesta imposibilidad de encontrar a O’Neill García se da justo cuando el exalcalde debe comparecer hoy al Tribunal de Primera Instancia de Bayamón a una vista de los estados de los procedimientos. La misma se realiza como parte de los dos juicios que deberá enfrentar por delitos graves, que incluyen violencia de género, agresión sexual, acoso sexual y violaciones la Ley de Ética Gubernamental.

Pero el caso en que Jelú Iravedra es víctima, no se realiza un enjuiciamiento criminal, sino un juicio por una demanda civil. 

Cabe destacar que el pasado 14 de octubre la mujer retiró voluntariamente la demanda que pesaba contra el supuesto victimario y quien es hijo de O’Neill García, Héctor “El Cano” O’Neill Rosa, sin obtener ninguna compensación. No obstante, prosiguió con la demanda contra el municipio, en la que pide $300,000 por leyes federal y $3 millones por leyes estatales. 

El actual alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, intentó llegar a una transacción monetaria con la víctima, pero la Legislatura Municipal no le dio paso a una resolución que le hubiese concedido a la abogada $600,000 por los daños sufridos. Ante este marco, es que comenzó el juicio civil contra el municipio.