El proceso investigativo del asesinato del niño Jeiden Elier Santiago Figueroa, de 8 años, por el cual está acusado su progenitor, Jonathan Santiago Cortés, de 27 años, se encuentra abierto, ya que se está evaluando nueva evidencia que podría conducir a un cambio en la teoría sobre el detonante del crimen y a la radicación de cargos criminales a otras personas por delitos relacionados.

La madrastra del niño, quien prestó una declaración jurada a la fiscalía, la cual fue parte de la prueba presentada contra Santiago Cortés en la que alegó que era víctima de un patrón de violencia doméstica, es una de los objetivos de los investigadores, según lo corroboró el teniente Harry Sullivan, director del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Caguas.

“No descartamos nada, estamos en proceso investigativo; aunque ya se acusó a este joven, continúa abierta la investigación”, respondió a preguntas de Primera Hora.

Tras confirmarse el asesinato del menor, como parte del protocolo, el Departamento de la Familia le removió a la mujer a su hija de seis meses de nacida. Al presente, no se ha recibido ningún referido sobre algún tipo de maltrato luego de que trascendiera información sobre una supuesta caída que sufrió de una cama, la cual no fue atendida por un médico. “Pero no descartamos nada”.

El 9 de agosto, el niño fue llevado por su padre y madrastra al hospital Menonita de Aguas Buenas sin signos vitales, donde inicialmente la pareja narró que se había caído en la bañera. Sin embargo, las marcas de los golpes y quemaduras que cubrían casi todo su cuerpo pusieron en evidencia el patrón de maltrato al que había sido sometido, desmintiendo de inmediato sus versiones. La autopsia reveló que murió a causa de un severo trauma corporal.

“Nosotros tenemos unos hallazgos de la investigación que son sólidos, que son por los que se le radicaron los cargos a este joven. Lógicamente, nosotros estamos aún en busca de alguna evidencia que nos pueda sostener aún más allá de duda razonable la teoría de la investigación (de que fue castigado porque no sabía dónde estaba la computadora que utilizaría para el inicio de clases) sin descartar radicación a otras personas, si es que también incurrieron en algún maltrato contra este menor”, observó Sullivan.

Una parte de la información que analizan está contenida en mensajes de textos, grabaciones y fotos, muchos de los cuales han circulado a través de las redes sociales, que estaban en el teléfono celular que podrían ser parte de las conversaciones del padre del menor con su pareja. Ese aspecto aún se corrobora.

La unidad móvil fue entregada al CIC esta semana por el investigador forense y analista de crímenes violentos, Milton Rodríguez Rivera, quien lo recibió de un presunto usuario de sustancias controladas que frecuenta los alrededores de la comunidad Vistas de Jagüeyes en Aguas Buenas, donde vivía el menor.

“En estos días se ocupó un teléfono que es el que alegadamente pertenecía a Jonathan, eso es correcto. En el momento en que se intervino con él no tenía esa propiedad en su poder y lógicamente cuando nosotros hicimos la gestión investigativa en el apartamento (allanamiento) tampoco se logró ocupar en ese apartamento”, respondió Sullivan.

Agregó que, se encuentran en espera de que se les entreguen mediante unas órdenes judiciales la información del contenido de varios teléfonos celulares para su análisis.

También se han entrevistado a vecinos y a personas allegadas a ese menor, para corroborar otros testimonios. Sullivan no pudo precisar si los abogados vinculados con la investigación de la querella por actos lascivos contra el niño de parte de un familiar materno y el proceso de custodia, prestaron sus testimonios.

El padre tenía su custodia provisional mientras se investigaban alegaciones de que el pequeño había sido víctima de una agresión sexual de parte de un familiar materno, que surgieron mientras compartieron relaciones paternofiliales.

El mismo día que se esperaba se le devolviera a Saraí Figueroa Centeno, la mamá de Jeiden, quien había esperado unos dos meses para recuperar su custodia debido a las dilaciones del proceso en los tribunales y a la entrega de un informe del Departamento de la Familia, recibió la desgarradora e inexplicable noticia de su muerte.

Sullivan lamentó que la investigación inicial por los supuestos actos lascivos, que data del 8 de junio, no se hubiese llevado a cabo de manera diligente porque la agente a la que le asignaron el caso comenzaba vacaciones. No fue hasta que el niño murió que se le asignó la pesquisa a otro investigador.

“Nosotros recibimos una querella la agente investigadora inició la investigación... y ella estuvo de vacaciones la investigación se le reasignó a otro agente. Se lograron hacer gestiones investigativas, pero al esta compañera estar ausente en ese período, cuando sale a relucir el maltrato (y muerte del niño) que advinimos en conocimiento de que la agente estaba de vacaciones se le reasignó a otro agente”, confesó el teniente.

Las dos pesquisas se llevan a cabo ahora simultáneamente.

“Todos los hallazgos de ambas investigaciones se consultarán con la fiscal a cargo, Dailu Rivera Díaz, que es la que está a cargo de ambas investigaciones”, sostuvo Sullivan.

La investigación está a cargo de la agente Lisandra Aponte Rodríguez, adscrita a la División de Homicidios de Caguas.

Santiago Cortés, quien se encuentra en aislamiento en un penal por razones de seguridad, enfrenta cargos de asesinato en su modalidad de maltrato (Artículo 93B) y violación al artículo 59 (maltrato) de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

La jueza María Del Rosario Rojas Delgado, determinó causa para su arresto y le señaló una fianza de $600,000, la cual no prestó.

La vista preliminar fue citada para el 24 de agosto.