Abrazados y afirmando que “se hizo justicia”, Adriana Quiles Méndez y Josué Román Figueroa salieron anoche  del Tribunal de San Juan luego de que el juez José L. Parés declarara no causa en los delitos graves que se le imputaron por incidentes el pasado domingo en una manifestación frente al Capitolio.

Poco después, se anunció que la fiscalía irá en alzada.

Ambos estudiantes participaban de la marcha realizada en repudio a los recortes a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y a favor de la auditoría.

Sin embargo, Román Figueroa tendrá que comparecer nuevamente al tribunal el próximo lunes, 15 de mayo para enfrentar juicio por cargos relacionados al artículo 201 del Código Penal, que se trata de fijación o pintura de cualquier cartel, escrito o figura sobre propiedad pública, explicaron sus abogados Rosa Ward y Jorge Gordon Menéndez.

A la salida, el exalumno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) agarró una bandera enorme y al ondearla aseguró que “los culpables de la deuda” pagarán.

A Quiles Méndez y a Román Figueroa se les habían radicado cargos  por el artículo 199 del Código Penal, que corresponden a “actuar en concierto y común acuerdo para cometer el delito de daño agravado”.

Quiles, además, enfrentaba un cargo por el artículo 245 “por empleo de violencia o intimidación” contra dos agentes, al alegarse que golpeó con un puño a uno de los policías y rociar con gas pimienta al policía Reinaldo Aponte Maldonado, al igual que a Stephanie Alvarado Díaz.

Los jóvenes llegaron ayer a la Sala de Investigaciones Criminales del Tribunal de San Juan puntuales, a las 4:00 p.m., acompañados del licenciado Gordon Menéndez. Luego se unieron los abogados Ward y Orlando Cameron.

También estuvieron acompañados de sus familiares y en el exterior  se manifestaba un grupo de universitarios que coreaba “Josué, Adriana, estamos aquí porque te arrestaron por luchar por tu País” a través de un megáfono y con pancartas en manos.

“Nosotros estamos 100% apoyando a nuestro hijo. Mi esposo está con él adentro, sus hermanos están aquí, somos una familia unida y lo apoyamos hasta el fin, porque esto que él está haciendo, yo me siento orgullosa que él lo pueda hacer. Esto es por Puerto Rico”, dijo en entrevista con Primera Hora Antonia Isabel Figueroa, madre de Josué.

Aunque la vista estaba citada a las 4:00 p.m., los policías involucrados llegaron luego de las 5:00 p.m. y no fue hasta las 7:30 p.m. que finalmente arrancó.

Justicia irá en alzada

“Acatamos la decisión del juez, pero no estamos de acuerdo, entendemos que en la misma se hizo una interpretación errónea del derecho. La prueba presentada en este caso era robusta y convincente contra ambos imputados, quienes evidentemente ante los ojos del país causaron grave daño contra la propiedad pública y agredieron a agentes del orden público. El Departamento de Justicia seguirá cumpliendo con su deber ministerial de llevar al Tribunal a todo aquel que violente la ley y no se comporte conforme a los parámetros de una sociedad de ley y orden. Por tal razón, la fiscalía irá en alzada”, indicó la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, en comunicación escrita.

Justifican uso de encubiertos

Mientras, tanto el gobernador Ricardo Rosselló Nevares como Vázquez Garced se expresaron en la misma sintonía respecto a los incidentes.

“Aquel ciudadano que quiera expresar su posición […] bienvenido sea. Lo que no es aceptable, bajo ninguna circunstancia, es cuando ocurre vandalismo y cuando ocurre violencia. Nosotros vamos a aplicar la ley”, dijo Rosselló más temprano en el día.

“Puerto Rico es una democracia y le vamos a dar el espacio para que se exprese”, añadió.

La secretaria de Justicia aseguró por escrito que “respeta el derecho a protestar, pero no tolerará el vandalismo y las agresiones contra uniformados”.

Al momento del arresto de Quiles Méndez, los agentes no estaban uniformados y el vehículo en el que fue transportada, un Toyota Corolla gris, no estaba rotulado.

Rosselló defendió que un “agente, esté uniformado o no, si ve que hay una violación de la ley […] puede intervenir”.

El cuestionamiento de varios grupos e individuos, como el presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Torres Rivera, es por qué usaron agentes vestidos como civil, si había presente un sinnúmero de policías uniformados.

La superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley, aseguró que seguirá utilizando agentes encubiertos para infiltrarlos en las manifestaciones.

“Vamos a estar utilizando todos los recursos de la Policía de Puerto Rico para hacer nuestra misión de salvaguardar vidas y propiedades”, aseguró.

Arrecia la oposición y Carolina quiere levantar la huelga

Mientras, nueve de los 11 recintos de la UPR se encuentran en huelga indefinida a causa de los recortes de $512 millones que el gobierno de Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal exigieron a la institución, los rectores de todo el sistema se expresaron “enérgicamente” contra del Plan Fiscal y, por consiguiente, a la reducción del presupuesto.

El rector interino del recinto de Humacao, José Manuel Encarnación, reconoció que esta posición puede “ser motivo de término de nuestras respectivas posiciones”.

La Junta de Gobierno de la UPR pasará juicio el jueves del plan fiscal preparado por la presidenta Nivia Fernández y su equipo.

Mientras, anoche con 292 votos en contra, 12 a favor y 20 abstenidos, la UPR en Carolina pretendía  levantar el voto de huelga que había comenzado el pasado 12 de abril.

La asamblea extraordinaria se llevó a cabo en la cancha de los jaguares y necesitaba un quórum de 333 estudiantes. El número final de las votaciones fue de 324. Se supo que el proceso sería impugnado.