El llanto desconsolado de Ana Cacho inundó la sala 403 del Tribunal de Bayamón cuando escuchó al juez Carlos Salgado Schwarz no encontrar causa para juicio contra Luis Gustavo Rivera Seijo, imputado por la muerte de su hijo Lorenzo González Cacho, ocurrida el 9 de marzo de 2010.

En medio de ese desconsuelo y del ruido que hicieron los periodistas que abandonaban el salón de sesiones a toda prisa, la fiscal Aracelis Pérez Correa solicitó al togado una fecha para la vista preliminar en alzada, que quedó pautada para el 10 de mayo.

Entonces, poco a poco, los alguaciles desalojaron al público del lugar, mientras Cacho sollozaba “yo traté, yo traté”. A su lado, su mamá, Yvette González, y su padrastro, Charles Elías, trataban de consolarla. 

El hombre conocido como “El Manco” también abandonó la sala inadvertidamente.

Minutos antes, el juez Salgado Schwarz explicó que no admitió la confesión tomada al hombre, de 37 años, porque la evidencia no demostró que ofreció esa admisión el 6 de agosto de 2010 con conciencia plena de lo que hacía.

Ante una sala repleta de público, señaló que la orden emitida por la jueza Elizabeth Linares en el 2010 no hacía inadmisible la confesión, pero que alertaba al Estado “sobre la condición mental de Rivera Seijo”.

Por la condición de Rivera Seijo, quien padece de esquizofrenia, las abogadas que lo representaban en el Tribunal de San Juan por la muerte del deambulante Oscar Pacheco solicitaron y obtuvieron esa orden para que fueran informadas de las entrevistas realizadas al hombre.

El agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) John Morales no informó a las abogadas de su intención de entrevistar a Rivera Seijo el día que le tomó la confesión. 

Durante su alocución, el juez planteó que la pesquisa enfrentó problemas con la recopilación de evidencia desde el mismo 9 de marzo porque el caso se investigó inicialmente como un accidente y no como una escena criminal, a pesar de los indicios que había en la residencia ubicada en la calle Bruma de la Urbanización Dorado del Mar. 

“Este caso está plagado de ausencia total de prueba física del imputado en la residencia”, afirmó el juez, al tiempo que aseguró que no había prueba para corroborar la confesión de Rivera Seijo.

Acto seguido, agregó que la única evidencia que ataba al imputado a la escena eran las copias de las denuncias que aparecieron en una bolsa plástica debajo de la hamaca del patio. Aclaró que no se trataba de papeles de excarcelación.

Afirmó que era “un obstáculo bien grande” que no hubiera evidencia de que estos documentos estaban en la bolsa el 9 de marzo. Ese día los investigadores forenses tomaron fotografías y vídeo de la bolsa, pero no abrieron la funda. Abrieron la bolsa plástica al día siguiente y en su interior encontraron los documentos, un cepillo dental y una pasta de diente.

Esa era la única evidencia que lo vinculaba a la casa, porque en la residencia no aparecieron huellas dactilares ni ADN de Rivera Seijo. Ningún testigo lo ubicó en el lugar.

El juez también señaló que no podía imputarle intención de alterar la escena a Cacho y a su familia porque las autoridades le entregaron la residencia el 9 de marzo.

“Esto tiene que ser con prueba admisible en un juicio, no inferencias”, afirmó el juez sobre un caso que el Ministerio Público trató de probar mediante la confesión y prueba circunstancial.

Antes de divulgar su decisión, el Ministerio Público representado por los fiscales Pérez Correa, Mario Rivera Géigel y Maricarmen Rodríguez Barea, y la defensa representada por los abogados Mario Moczó González, Jesús Hernández Rivera y Lester Arroyo Crespo, ofrecieron argumentaciones finales.

La fiscal Rodríguez Barea aseguró que el Estado demostró que existía la probabilidad de que Rivera Seijo hubiera cometido el crimen imputado como lo exigía la etapa de vista preliminar, mientras que el licenciado Moczó González impugnó la admisibilidad de la confesión y resaltó la ausencia de prueba para vincular a su representado al crimen.

Concluida la vista, Cacho abandonó la sala llorosa escoltada por su familia, pero los periodistas que se encontraban en el lugar se arrojaron sobre ella. A mitad de camino, la mujer cayó al suelo requiriendo la intervención de los alguaciles para abandonar el juzgado.

El licenciado Moczó González se mostró complacido con la determinación y reiteró que su representado es “inocente”.

“Sentimos que existe justicia”, apuntó.

“Este caso se está trabajando mediante métodos alternos que no son legales”, agregó.

La fiscal Pérez Correa aseveró por su parte que respetaba la decisión del juez, pero que entendía que era “errónea” porque se había presentado suficiente prueba para esta etapa.

Reiteró que Rivera Seijo confesó el crimen en este caso en varias ocasiones al igual que admitió haber matado a la persona sin hogar del caso de San Juan. En este, un juez declaró a Rivera Seijo no culpable por razón de insanidad mental y recomendó que permaneciera en el Hospital Psiquiátrico bajo la tutela del Estado.

“No podemos ocultar que en el inicio hubo cosas que se pudieron haber hecho muchísimo mejor en la escena y hay cosas que no se hicieron, pero hay cosas que se tienen y aquí hay que verificar la prueba que se tiene”, indicó Pérez Correa.