La jueza Yazdel Ramos Colón halló no causa para el arresto de la relevada secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, por las tres denuncias presentadas por la Oficina del Fiscal Especial Independiente.

Las imputaciones eran por dos violaciones a la Ley de ética gubernamental y una al Código Penal se relacionan con su supuesta intervención en la investigación de un caso de robo en la casa de su hija menor.

La jueza detalló toda la prueba examinada por el tribunal para tomar la determinación y anunció en sala su determinación de no hallar causa en ninguno de los tres delitos que se le imputaban.

“Aquí no había prueba alguna de que yo había delito alguno”, dijo Vázquez llorosa al salir de la sala del tribunal.

“Agradezco a mis amigos y a mi familia que me han dado apoyo durante esta semana”, añadió Vázquez quien declinó opinar sobre la investigación que enfrenta su esposo en la Administración de Tribunales. “Allí no hay nada y es parte de todos los ataques a mi familia”, añadió.

Por su parte, los fiscales especiales independientes Iris Meléndez, Ramón Mendoza y Guillermo Garau, informaron que evaluarían la prueba del caso para determinar si van en alzada y adelantaron que existen otros procesos en varias agencias relacionados con la investigación.

En su argumentación, el fiscal Mendoza dijo que la secretaria de Justicia, forzó a que la reunión sobre el caso del robo a la casa de su hija se diera en su oficina y que incluso mencionó que en la reunión “no va a haber acuerdo (de culpabilidad)” para los acusados de escalamiento.

“El fiscal del caso decía, que él tenía instrucciones…”, dijo Mendoza al referirse a las declaraciones juradas de los fiscales que vieron el caso.

“La prueba es abrumadora y precisa”, dijo el fiscal especial al someter el caso a la jueza.

Por parte de la defensa, Héctor Rivera Cruz alegó que se obviaron requisitos de la ley que crea la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Específicamente, sostuvo que la secretaria nunca fue notificada de que estaba siendo investigada, que no se juramentó la querella en su contra y que no se siguió el debido proceso de ley.

Por otra parte, el otro abogado de la defensa José A. Andréu Fuentes dijo que para la Ley de ética gubernamental beneficio recibido por el funcionario público debe ser económico y no de carácter abstracto como el que se le imputa a Vázquez.  Además, puso en entredicho el que se sometieran acusaciones contra Wanda Vázquez sin una declaración jurada de la madre de uno de los convictos por el robo a la casa de su hija y que solo se hiciera con una carta de la entonces subsecretaria de la gobernación, Itza García.

“Es solo una carta que ella (Itza García) prepara”, dijo al destacar que García estaba siendo investigada por Vázquez por el caso del chat de WhatsApp.

Más temprano

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez compareció hoy a la sala 907 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, a una audiencia en la que se le determinaría causa o no para arresto por cargos graves que le imputaron los fiscales especiales independientes por intervenir presuntamente en la investigación de un caso de robo en la casa de su hija y su yerno, ocurrido el 7 de diciembre de 2017.

A su llegada al Centro Judicial de San Juan, los FEI revelaron que la secretaria de Justicia será acusada de una violación al artículo 252 del Código Penal, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos con pena de cárcel de 3 años, aunque cuando es por un funcionario público sería con agravantes.

Además, se le imputan dos violaciones al artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, que prohíbe a un servidor público utilizar los deberes y facultades de su cargo para cualquier beneficio, que se castiga con pena de hasta 8 años de cárcel.

Vázquez llegó acompañada al tribunal con los abogados José A. Andreu Fuentes, hijo del exjuez presidente del Tribunal Supremo José Andreu García, Eduardo de Jesús García, y Héctor Rivera Cruz, exsecretario de Justicia y fiscal especial del caso del Cerro Maravilla. También la acompañaba la relacionista pública, Migdalia Rivera.

"Tranquila", fue la única declaración de la secretaria al llegar al tribunal.

La jueza asignada al caso es Yazdel Ramos Colón, coordinadora de la sala de investigaciones del tribunal de San Juan.

Mendoza anunció que el caso sería sometido por el expediente.

La jueza anunció que examinará las declaraciones sometidas por el FEI pero, antes de decretar el receso, el abogado Andreu Fuentes dijo que deseaba saber qué declaraciones juradas y documentos se estarían sometiendo.

Hay declaraciones juradas del exsecretario de la gobernación William Villafañe, del asesor legal del gobernador Alfonso Orona, Olga Bernardo Rodríguez, esposa de Tyrone Torres, la madre del acusado Nayda Betancourt, la abogada de defensa Samary Benítez, de la fiscal general Olga Castellón, de los fiscales Luis Navas de León, Melissa Vázquez, Yanira Liceada y Néstor Acevedo, entre otros.

El tema de los documentos fue objeto de debate entre fiscales y abogados.

"Nuestra primera solicitud de la tarde, es que una vez usted los vea, nos entreguen copia de los documentos que se están sometiendo", dijo Andreu Fuentes. Garau dijo que tiene reparos a que, en esta etapa de los procedimientos se entreguen ciertos documentos del expediente.

Garau sí dijo que entregarían otros documentos, como copia de la querella original contra Vázquez, otra carta de la secretaria a la jefa de los fiscales Olga Castellón, notificación de Vázquez al FEI sobre la situación con la exsubsecretaria de la gobernación, Itza García, una carta de Castellón refiriendo al FEI las alegaciones al panel del Fiscal Especial Independiente, las resolución del panel que asignaron el caso a Mendoza, Garau y Meléndez, la solicitud de estos para ampliar la investigación original, la autorización del panel a esa extensión, e incluso un referido a las autoridades federales por parte de Vázquez, entre otros.

También se le entregará copia de la transcripción del programa radial donde Vázquez admite que participó en una reunión del caso sobre los acusados de asaltar a su hijo, documentos sobre los trámites de esta denuncia ante la Oficina de Ética Gubernamental, y hasta copia de las leyes de Ética y el Fiscal Especial Independiente (FEI).

Andreu insistió en que ellos tienen derecho no solo a esos documentos, sino a todos los documentos sometidos en esta etapa de causa para arresto. "¿Por qué hay que esconder documentos?", cuestionó el abogado.

Mendoza objeto este tipo de lenguaje. "Aquí nada se está haciendo a escondidas... estamos aquí para presentar la verdad", dijo el FEI.

La jueza dijo que eso sería una decisión que tiene que hacer "el tribunal", o sea, ella. Y recordó que el ordenamiento permite que un caso se someta en esta etapa de los procedimientos mediante declaraciones juradas.

Luego, Andreu Fuentes solicitó a la jueza que ordene la citación como testigo de defensa del fiscal Francisco González. Se trata de uno de los fiscales que vio el caso de Betancourt.

La jueza ordenó un receso en lo que examina las declaraciones juradas.

La histórica vista, pues es la primera vez que se acusaría a un titular de Justicia en funciones, es transmitida en directo por el portal primerahora.com porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico autorizó mediante resolución la transmisión por medios electrónicos de la vista.

El permiso del Supremo a la transmisión del proceso contra Vázquez se hizo en respuesta a una solicitud especial de GFR Media, empresa matriz de Primera Hora y El Nuevo Día. 

“Se da con lugar la solicitud. Se autoriza la cobertura de la vista de determinación de causa para arresto para la cual se citó a la licenciada Vázquez Garced”, reza la orden emitida en votación dividida del alto foro judicial.

Los jueces asociados Edgardo Rivera y Mildred Pabón Charneco se opusieron y la jueza Anabelle Rodríguez no intervino en la solicitud.

Trasfondo

En abril pasado, en medio de la investigación del Departamento de Justicia (DJ) a las comunicaciones del juez Rafael Ramos Sáenz, pasado presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) con miembros de la campaña de Ricardo Rosselló mediante un chat de la aplicación de teléfono WhatsApp, en la que el entonces magistrado discutía decisiones electorales, una mujer de nombre Nayda Betancourt llegó a La Fortaleza y dijo que quería denunciar a la secretaria de Justicia.

Betancourt explicó en Fortaleza que su hijo Tyrone Betancourt fue condenado a 15 años de cárcel por escalamiento a la residencia donde vivía la hija de Wanda Vázquez y el juez Jorge Díaz Reverón. La mujer entendía que el fuerte castigo a su hijo se debía a órdenes de la secretaria.

La Fortaleza notificó al DJ de la denuncia contra la secretaria Vázquez, aparentemente desde la oficina de la subsecretaria de la gobernación, Itza García. Vázquez entendió que esto era un intento de García de intimidarla en la investigación del DJ al WhatsApp y, en mayo, notifica al FEI en un sobre sellado de que García la estaba tratando de intimidar mediante esa denuncia. También se pide que se investigue por comisión de delitos al juez Ramos Sáenz y que se evalúe la actuación por posible ilegalidad de diversos funcionarios, como García. 

Cuando el FEI evalúa todo el caso, deciden radicar cargos contra Ramos Sáenz, no acusar a García y otros funcionarios. Pero además, al evaluar las alegaciones de la secretaria, entendieron que procedía iniciar una investigación colateral contra Vázquez en relación a lo que alegaba la madre de Torres Betancourt. Esto lleva a la radicación de cargos de hoy.

Vázquez ha negado cualquier ilegalidad. En una entrevista radial, cuya transcripción fue anunciada hoy como parte de la evidencia del FEI contra la secretaria, la relevada funcionaria niega cualquier participación en el caso contra Torres Betancourt. Contó que al enterarse de la acusación contra unas personas por el robo de su hija, ni siquiera la acompañó al tribunal, y la información que supo del sujeto, como que era un delincuente reincidente, la obtuvo mediante búsquedas que hizo en Internet. Pero, dijo, contó también que un día se sentó en una reunión de la fiscal general Castellón con los fiscales asignados del caso, aunque aseguró que no dio instrucciones.