El juez Elmer Rodríguez, del Tribunal de Bayamón, determinó no causa para arresto contra el agente Gabriel Hernández Jiménez, quien protagonizó ayer, miércoles, una toma de rehenes en la sucursal de la Cooperativa Federal Credit Union, de la carretera PR-199 en Guaynabo.

Durante la tarde de hoy, jueves, se le radicaron cargos por violación a tres artículos de la Ley de Armas, por amenaza en su modalidad menos grave, un artículo por poner en riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego en un lugar público y restricción a la libertad agravada.

El imputado fue representado por el abogado Abraham José Freyre Medina, quien planteó ante el juez que la fiscal Michelle Colón no llevó a cabo el proceso de identificación del imputado en sala como procede al no preguntarle al agente interventor si el imputado estaba presente en sala.

El licenciado Elvin Sierra, de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS), y Carlos Rodríguez acompañaron a Freyre Medina en la defensa.

“Cuando la fiscal le indicó al juez sometido el caso, el licenciado le dijo que no habían identificado al arrestado y determinó no causa que era lo que procedía en derecho”, detalló Jaime Morales, director ejecutivo de COPS.

De inmediato, se anunció que la fiscalía acudirá en alzada para la radicación nuevamente de los cargos en su contra.

“Los agentes de la Policía hicieron su trabajo, nuestros abogados hicieron su trabajo como en derecho se requiere, sabemos que van en alzada y nosotros estamos preparados para el proceso”, sentenció Morales.

Hernández Jiménez accedió a su ingreso voluntario en una institución psiquiátrica, confirmó Morales, quien añadió que “honestamente necesita ayuda”.

“El agente no podía tener conciencia de lo que estaba ocurriendo porque estaba bien sedado”, añadió. 

En este caso no era necesario que el detenido fuera sometido a una rueda de confrontación porque fue identificado plenamente mientras tomó de rehén a los empleados, durante la negociación para su entrega y por haber sido monitoreado a través de las cámaras de seguridad de la institución por las autoridades.

Durante la mañana de hoy, Hernández Jiménez, de 35 años, fue transportado a una sala de emergencias al presentar nuevamente síntomas de alta presión arterial y se puso agresivo con los policías a quienes supuestamente pateó, pero hoy no se le radicaron cargos por el delito de agresión simple a pesar de que la fiscalía lo intentó luego de la determinación de no causa.

De acuerdo con la información preliminar, el agente con diez años en el Negociado de la Policía llegó uniformado en horas de la mañana a la cooperativa donde realizó un retiro de unos $500, pero prolongó su estadía en la institución lo que levantó sospechas entre el personal de seguridad.

Cerca de la 1:22 p.m. dos empleados se le acercaron para preguntarle si lo podían ayudar en algo y se molestó encañonando con su arma de reglamento a un empleado de mantenimiento, cuando uno de los empleados de seguridad se percató de lo sucedido y ve al rehén sobre el piso, notificó a la Policía Municipal de Guaynabo y los demás refuerzos.

Antes de que los negociadores de la Policía llegaran a la escena el agente disparó al piso, pero nadie resultó herido.

Antes de que accediera a deponer su actitud y entregarse a las autoridades, la Unidad Especializada de S.W.A.T logró desalojar a unas 50 personas entre empleados y clientes los cuales resultaron ilesos de los pisos superiores y sellaron los pasillos.

Hasta el momento lo único que se ha revelado que el agente quería llevar un mensaje, sin embargo, no ha clarificado cuál. El robo fue descartado como el detonante de los sucesos.

El policía, adscrito al Negociado de Patrullas de Carreteras, se encontraba bajo Licencia por Enfermedad desde el 25 de diciembre y ayer miércoles, se incorporaba a sus labores, por lo que se comunicó con su supervisor quien le indicó que se debía regresar a la autopista Roberto Sánchez Vilella (Ruta 66) donde estuvo reforzando en ese cuartel al que nunca llamó para que le informaran su horario.

La agencia no recopila estadísticas sobre la cantidad de agentes que están reportados al Fondo del Seguro del Estado (FSE) por problemas de salud mental ya que en los certificados médicos debido a que está prohibido por la Ley de Transferencia y Responsabilidad de Seguro Médico (HIPAA, en inglés) escribir el diagnóstico ya que la información es confidencial.

Tampoco tienen un estudio formal de salud mental de sus empleados que permita de manera general conocer si existe un incremento en el desgaste físico y mental de los agentes y oficiales luego del paso del huracán María, el éxodo del pasado año y medio y los recortes en sus beneficios.